MANUEL ACUÑA ASENJO.
Santiago, abril de 2010
“No podemos callar lo que hemos visto y oído”
(‘Los hechos de los apóstoles’, 4,20)
Las sociedades pocas veces reciben de sus gobiernos acabada información
acerca de los conflictos que se desatan dentro de las esferas del poder.
Es más: en ciertas materias, como lo son las relaciones internacionales
y los vínculos de las Fuerzas Armadas con el poder civil, la
información no sólo se caracteriza por su mezquindad sino se la califica
de ‘información extremadamente delicada’. Así, pues, cuando la
información no llega oportunamente al sujeto receptor, llega pero está
adulterada, es insuficiente o, simplemente, no llega, hace que se
supongan infinidades de hipótesis que, en muchos casos, al ser
formuladas en forma coherente, dan origen a lo que se conoce como
‘teoría de la conspiración’.
Así, pues, la llamada ‘teoría de la
conspiración’ (que de teoría tiene bien poco) no nace por la simple
voluntad de un visionario, sino por una multiplicidad de circunstancias,
la mayoría de las cuales obedece a una equívoca manera de administrar
la nación.
Un suceso de cuya veracidad se tenga
reparos puede, no obstante, ser analizado desde ángulos ajenos a la
‘teoría de la conspiración’. Ello sucede cuando se lo explica como una
excepción; más específicamente, como una ‘casualidad’. Permítasenos, en
relación a lo expresado, recurrir aquí a una consideración previa que
nos vimos obligados a entregar a propósito de la publicación de nuestro
libro ‘Escenarios múltiples para una sola ejecución’:
“Al mundo de las casualidades nadie puede ingresar sin observar cierta
cautela. Ya nos lo advertía aquel agente del Servicio Secreto británico
que era Ian Flemming, en su obra ‘Doctor No’. Dividida en tres partes,
la primera de las cuales lleva por título ‘Casualidad’, la segunda
‘Coincidencia’ y la tercera ‘Enemigo en acción’, nos recuerda aquel
trabajo una famosa regla de oro que debe guiar la conducta de los
agentes secretos a lo largo de sus respectivas existencias.
Si, durante un paseo que das por la ciudad, dice aquella, encuentras a
una persona a quien conoces, estás frente a una ‘casualidad’; si vuelves
a encontrarla en tu recorrido, eso es una ‘coincidencia’. Pero si
tropiezas nuevamente con ella en el camino, ya no hay casualidad ni
coincidencia en ese hecho sino se trata de un ‘enemigo en acción’”.
El día 27 de febrero pasado no hubo solamente un violento terremoto que
asoló a la zona más poblada del país y un tsunami que cobró centenares
de vidas, sino otros hechos que deben ser explicados. Y no como simples
‘casualidades’.
LOS HECHOS
No fue una casualidad que el viernes 5 de febrero del presente año, en
una breve ceremonia protocolar, el general Cristián Le Dantec Gallardo,
tercera antigüedad en el Ejército, fuese designado Jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas. El cargo había sido creado por una ley
promulgada el 22 de diciembre de 2009 y el flamante nuevo jefe debía
asumir sus funciones el 10 de febrero, en una designación que, en
palabras de la Coalición por el Cambio, alianza vencedora en los
comicios presidenciales, no fue tema
“[…] consensuado con la administración de Bachelet” .
Era aquella una forma elegante de señalar que dicha coalición no había
participado en la elaboración de la ley ni en su aplicación.
Cuando la tierra se estremeció, el 27 de ese mes, el Jefe del Estado
mayor Conjunto de la Defensa Nacional, Cristián Le Dantec, se encontraba
en su departamento ubicado en el piso 14 de un edificio de Las Condes.
Bajó, en ropas ligeras, con la prisa que requería la ocasión para
reunirse con otros moradores que se encontraban en el primer piso del
inmueble. En ese momento recibió una llamada que lo conminaba a
acercarse a la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del
Interior ONEMI. Volvió a su departamento por las escaleras de servicio,
para vestirse y acudir a la cita, llegando a esa repartición,
aproximadamente, a las 5,10 de la mañana, donde ya lo esperaban otras
autoridades; entre ellas, la propia presidenta. Cinco minutos más tarde,
y luego de su arribo, sucedería allí algo muy especial que daría lugar a
algo no tan casual. Previo es, sin embargo, señalar otros hechos.
A partir del momento mismo de la ocurrencia del sismo, el Pacific
Tsunami Warning Center PTWC, con sede en Hawaii ─dependiente del
National Oceanographic and Atmospheric Administration NOAA, a su vez,
institución bajo la tutela jerárquica del Departamento de Comercio
Federal de los Estados Unidos─, comenzó a detectar extraños movimientos
sísmicos en el sector del Pacífico sur. A las 3,45 pudo comprobar la
existencia de un terremoto de proporciones espectaculares (8,8 en la
escala de Richter) en el centro de Chile. Un minuto exacto después, 3,46
de la mañana, envió un fax al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de
la Armada SHOA en el que le decía, escuetamente:
“[…] no se sabe si el tsunami se ha generado […] Un terremoto de estas
dimensiones tiene el potencial de generar un destructivo tsunami que
puede golpear las costas cercanas al epicentro. La autoridad debería
tomar una acción apropiada en respuesta a esta posibilidad […]”
El comunicado, que fue recibido oportunamente por el SHOA, no pareció
una alerta suficiente para quienes se encontraban a cargo del Centro en
Hawaii, por lo que uno de sus sismólogos decidió llamar directamente a
Chile y advertir al SHOA sobre el inminente desastre. No pudo, sin
embargo, entablar contacto con los nacionales, pues ‘casualmente’ no
había en aquel servicio una sola persona que hablara inglés. Otro de los
científicos hawaianos, el sismólogo Víctor Sardiña, que sí hablaba
castellano, volvió a efectuar otra llamada para explicar a los
funcionarios de turno la inminencia del peligro solicitándoles
“[…] información visual sobre el oleaje”.
La persona con quien habló Sardiña (jamás se dio a conocer su nombre),
respondió entender que se trataba de un tsunami. Constituye una
incógnita conocer por qué, en conocimiento de esos antecedentes, nada
hizo para prevenir acerca del desastre. ¿Casualidad? Entretanto, la gran
primera ola del tsunami se descargaba sobre Talcahuano.
La Marina tenía información de lo que sucedía. Las naves que habían
salido del puerto le informaron sobre la inminencia del desastre. Por
eso, ordenó el desalojo de la Base Naval de Talcahuano, lugar en el que
permanecieron dos personas que, posteriormente, perecieron ahogadas .
Sin embargo, los efectivos de la Armada no alertaron a la población
acerca del peligro. Y eso no fue casual. Los minutos vividos por la
tripulación del submarino ‘Scorpene General Carrera’ (SS-22) ilustran
con propiedad lo que sucedió en esos momentos.
La nave estaba anclada en el puerto de Talcahuano a cargo del capitán de
fragata Hernán Parga, quien había decidido pasar la noche junto a su
familia, en la Base Naval de esa ciudad. El fuerte temblor lo despertó
de inmediato; la primera preocupación que tuvo fue dejar su familia a
resguardo. Estaba en esos quehaceres cuando recibió la llamada urgente
del oficial de guardia alertándolo acerca de lo que sucedía en los
diques.
“Se sintió como si el agua nos diera latigazos. El submarino saltaba del movimiento” .
De acuerdo al protocolo de la Armada, toda nave salir de inmediato hacia
el mar en caso de producirse algún terremoto. Había, por tanto, que
prepararse para la salida. Así lo hizo el capitán Parga. Casi treinta
minutos habían transcurrido desde que se produjera el sismo. No había
información sobre un posible maremoto, pero el agua estaba bajando
demasiado y el submarino tocaba fondo.
“En ese instante, escuchamos por nuestra vía de comunicación para
emergencias que los buques que ya habían salido del puerto avisaban que
venía el mar […]”
“Estábamos cuatro en cubierta cuando, a lo lejos el teniente Álvarez vio
la ola. Aseguramos todo y nos metimos en el submarino” .
Así, pues, poco antes de 30 minutos después de ocurrido el sismo, la
Armada sabía que una ola gigantesca se abatiría con fuerza sobre
Talcahuano . Pero quien sabe de tsunamis conoce que una ola no viene
sola, sino se repite en forma espaciada y cada vez con mayor violencia.
Podía suponerse que, por lo menos, otras dos vendrían a continuación. No
fue, por consiguiente, casualidad el desalojo de la Base Naval.
La ola gigante se descargó sobre Talcahuano a las 3,52; dos minutos más
tarde, a las 3,54, otra, de similares características, se abatió sobre
las localidades costeras de Constitución, Chanco, Peyuhue y Coñaripe.
Sorprendido aún por la violencia del terremoto, el teniente primero
Mario Andina, oficial de guardia del SHOA, envió a las 4,07, el primer
fax a la ONEMI en el que señalaba lo siguiente:
“Se ha producido un sismo con magnitud suficiente para generar un
tsunami, se desconoce si se ha producido. Si se diera la posibilidad de
ocurrencia, situación que sería informada oportunamente, las horas
estimadas de arribo serían las siguientes […] 3,45 Talcahuano” .
Pero ¿era aquella una información preventiva? ¿Qué institución era esa
que advertía, a las 4,07, la probabilidad que ¡diecisiete minutos antes,
a las 3,45! se hubiese producido un tsunami en Talcahuano? ¿Estaba
burlándose el SHOA de la ONEMI? ¡Si la segunda ola se dejaría caer sobre
esa ciudad costera solamente un minuto más tarde, a las 4,08 de la
mañana!...
El intercambio de información entre la ONEMI y el SHOA, pasadas las 4 de
la mañana, pone de manifiesto por qué aquella vaciló en aplicar su
propio protocolo pues el organismo técnico por excelencia, llamaba a la
calma minimizando los efectos del sismo.
“ONEMI: Se solicita tener información respecto a Juan Fernández”.
“SHOA: Con respecto a Juan Fernández, y tal como fue informado hace
algunos minutos atrás, la variación del nivel del mar no excedería
aproximadamente los 20 centímetros con respecto al nivel normal de
mareas. Cambio”.
Y a la consulta acerca de lo que sucedía en la región de Araucanía:
“SHOA: Encontré una información con respecto a Caleta Queule,
efectivamente ahí se produce una variación de aproximadamente un metro
sobre lo normal, siendo eso en zonas bajas. Es probable que se haya
desplazado la costa o el nivel del mar entre 80 y 120 metros mar
adentro, pero no genera ningún peligro ni ningún tsunami potencialmente
destructivo” .
A esas alturas ya no había casualidades ni coincidencias, sino abierta
desinformación; en tanto, las 4,08 la segunda ola hacía su ingreso a
Talcahuano. Y sobre el archipiélago de Juan Fernández y Llolleo, en
medio de tres réplicas de consideración, el tsunami se abatía sin
piedad. Convencido, por la información recibida del SHOA, que el
terremoto sólo había provocado un fuerte oleaje en el litoral, el
subsecretario de Interior Patricio Rosende procedió a enviar un
tranquilizador mensaje a la comunidad, a través del Canal Nacional que,
junto a otros, había comenzado a transmitir:
“[…] se descarta toda posibilidad de tsunamis en las costas chilenas”.
La tragedia, a esas alturas, estaba ya desencadenada. Ignorantes acerca
de lo que sucedía, los sismólogos del PTWC seguían insistiendo al SHOA
sobre la necesidad de adoptar medidas de prevención. En un segundo
comunicado oficial indicaban que la catástrofe era inminente por lo que
se hacía necesario advertir a las autoridades al respecto.
A las 4,44, desde Hawaii, Víctor Sardiña denunció que se había enviado
un segundo boletín al SHOA en cuyas partes principales se indicaba que:
“[…] las lecturas del nivel del mar indican que se generó un maremoto.
Pudo haber sido destructivo en las costas cercanas al epicentro del
terremoto y podrían ser también una amenaza para costas más distantes.
Las autoridades debieran tomar acciones apropiadas en respuesta a esta
posibilidad”.
Las autoridades, sin embargo, no reaccionaron: el nexo entre la
autoridad civil y la militar se había roto, en tanto las replicas
continuaban con otras tres nuevas, de igual intensidad.
A las 4,56, uno de los expertos del SHOA (cuyo nombre jamás se dio a
conocer) decidió cancelar vía radio la alerta del tsunami. ¿Casualidad,
también? Carmen Fernández, estimando que la verdad estaba de parte del
organismo técnico, siguió aquellas recomendaciones:
“‘No hay tsunami’, dijimos”,
expresó, cuando fue consultada por la prensa.
Sin embargo, eran aquellos los momentos en que la tercera ola se abatía
sobre Talcahuano; y era, también, el instante en que la presidenta
arribaba a la ONEMI.
Michelle Bachelet había hecho su ingreso a ese organismo a las 5,07 de
la madrugada. No era casual esa llegada, porque allí había de esperar el
helicóptero que solicitado al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea
Ricardo Ortega Perrier desde su domicilio. Ortega se había comprometido a
tenerlo listo a las 5 de la mañana. Sin embargo, aquello jamás ocurrió.
Por el contrario: cada exactos 20 minutos, el comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea comenzó a disculparse de ese atraso en una explicación
reiterativa y majadera: aún no estaba listo el helicóptero porque no
había pilotos o éstos eran inubicables; se dijo, incluso, que aquellos
no podían llegar al Aeropuerto pues los caminos de acceso al terminal
estaban cortados. Hubo, entonces, fuertes altercados entre el ministro
del Interior Edmundo Pérez Yoma y el oficial. El helicóptero estuvo
listo, finalmente, a las 9 de la mañana, y la presidenta pudo sobrevolar
parte de la zona afectada. La última explicación ─de antología, por
cierto─ fue que, al cortarse el suministro de la electricidad, había
sido imposible cargar con combustible al helicóptero, pues eso se hacía
de manera automática.
“La carga fue manual, esto es, sacar el combustible con una manguera,
cargarlo en bidones y así abastecer a los helicópteros […]” .
Ninguna autoridad colocada por sobre el poder militar mostró interés
alguno en referirse al hecho; menos aún, en cuanto a aplicar una
eventual sanción a los responsables. Y eso no fue simple casualidad.
Tampoco hubo explicación alguna acerca de por qué el helicóptero
presidencial no contaba con pilotos que hiciesen turnos junto al mismo
para el caso de emergencia, ni cuál era el motivo de mantenerlo sin
combustible e inutilizado, por consiguiente, para cualquier situación de
alerta. Es más: jamás la FACH reconoció, por intermedio de su
Comandante en Jefe, haber faltado a su deber. Por el contrario, en dos o
tres declaraciones hechas a los medios de comunicación, a propósito de
los saqueos en Concepción, el general Ricardo Ortega Perrier acusó
directamente al poder político, es decir, a la presidenta, el hecho de
no haber actuado con decisión. Sus palabras fueron:
“Nosotros teníamos los aviones disponibles con todo listo dos horas
después del terremoto […] El problema es que no nos llegó la orden, y
creo saber por qué […]”
“[…] como le digo, nosotros teníamos todos nuestros aviones disponibles
dos horas después del terremoto, con tripulaciones […] los helicópteros,
los aviones, teníamos todo listo. Nosotros somos los encargados de
repartir personas, alimentos, del transporte, pero tenemos que llevar
esas cosas, no las tenemos” .
Michelle Bachelet. Patricio Rosende y Carmen Fernández esperaban al jefe
del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Cristián Le
Dantec, en el edificio de calle Beauchef. Correspondía a él, en esa
calidad, tomar el control de las situaciones relacionadas con una
emergencia de esa naturaleza; por consiguiente, cuando a las 5,15 el
operador del SHOA quiso entregar un nuevo comunicado, el uniformado
tomó el teléfono para contestar. Pero,
“[…] al no entender qué quería decir, el general prefirió pasarle el teléfono a la presidenta para que hablara con ella” .
Esta circunstancia, entendida de manera bastante distorsionada, sirvió
para que Roberto Camacho Olivares, ex funcionario de la dictadura y ex
oficial de las Fuerzas Armadas, que se desempeñara en el carácter de
director del SHOA entre 1988 y 1991, justificara el actuar de esa
institución y aprovechara la oportunidad para culpabilizar a la
presidenta Bachelet de todos los errores cometidos. En una entrevista
que le hiciera el periódico ‘Las Últimas Noticias’, señaló, muy suelto
de cuerpo, que
“De acuerdo a los ejercicios que rutinariamente se hacen y que se
utilizan a nivel internacional, la alarma del tsunami fue correctamente
informada”.
Si la alerta del tsunami había sido ‘correctamente informada’ no sólo
recaía la culpa sobre toda la ONEMI, sino sobre ‘alguien’ que no
interpretó bien las claves de la Marina:
“Primero, por la llamada de la Presidenta por teléfono. Si hay un
procedimiento que está rigurosamente establecido y se saca a un actor
importante y es reemplazado por otro que no está en conocimiento del
procedimiento (la Presidenta), pasaría lo mismo que en el aterrizaje de
un avión comercial: aunque el piloto sea el mejor, ese avión va a chocar
contra la pista. La forma como se informa de estos fenómenos pudo no
haber sido entendido por la Presidenta. Y dos, ellos (la ONEMI) saben
que por conocimiento conceptual que cualquier sismo sobre 7,5 escala
Richter puede producir tsunami, y ante eso hay que actuar” .
La tendencia a acusar directamente a la presidenta ─y, por ende, a
través suyo, a todo el poder civil─ de todo lo sucedido no fue casual:
volvió a hacerse presente al día siguiente del terremoto, cuando el
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea expresó que todos los aviones de
ese cuerpo armado estaban disponibles y que sólo esperaban la orden que
nunca llegó. Más tarde, el 26 de marzo, el ex comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas Juan Emilio Cheyre expresaría que, bajo el mandato de la
Concertación,
“Al Ejército no se le consideraba una herramienta, por el poder
político, útil para una misión que le corresponde en la Constitución
[…]”
“Para que la rueda empiece a girar, en el caso de las Fuerzas Armadas,
sobre todo en estas tareas, usted le tiene que dar la orden. Entonces
aquí hubo una grave crisis y una falta inexcusable de oportunidad en dar
la orden para actuar. Me estoy refiriendo al poder político y
específicamente a la Presidenta, porque los asesores aquí no valen” .
LAS REFLEXIONES
Sin lugar a dudas, los hechos descritos constituyen una seguidilla de
situaciones anómalas, que exigen, a lo menos, un análisis.
En una sociedad jerárquicamente organizada el presidente no es un
ciudadano cualquiera. Está allí para tomar bajo su responsabilidad la
resolución de determinadas situaciones; sus actos se presumen
importantes. Entonces, no puede aceptarse que, cada veinte minutos, el
Comandante en Jefe de una de las ramas de las Fuerzas Armadas le esté
entregando excusas por no poder cumplir con la orden recibida y, así,
transcurran seis horas desde el momento en que la recibió. Aceptémoslo,
no obstante, como una casualidad. Pero, ¿puede aceptarse, también, como
casualidad, el hecho que no se encontrase a un piloto competente para
hacer funcionar el helicóptero ni se pudiese llenar con combustible el
estanque del mismo? ¿Son, ambas circunstancias, simplemente,
casualidades? ¿Es posible aceptar a un cuerpo armado de la nación la
excusa de no haber instaurado el sistema de turnos de pilotos para
responder a una emergencia de esa magnitud o, en otras palabras, no
haber previsto lo que debía prever? No existe nada más ridículo que las
excusas entregadas por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea tanto
respecto de no encontrar a los pilotos como aquella que usó para
explicar los problemas que significaba recargar manualmente el aparato.
¿No poseen las Fuerzas Armadas equipos especiales, que generen
electricidad en forma autónoma, especialmente fabricados para ser
ocupados en situaciones de catástrofes? ¿Es esto una nueva casualidad?
¿O una coincidencia?
Las afirmaciones del general Ortega, formuladas al día siguiente de esos
sucesos, y relativas a que dos horas luego del sismo tenía la FACH
aparatos aéreos listos para despegar, ¿fueron una casualidad, también?
¿O una coincidencia? ¿Fue éste, como lo expresa Santiago Escobar, un
‘rasgo político de insubordinación y falta de respeto frente a Michelle
Bachelet cuando todavía era Presidenta’ lo que hizo Ortega al señalar
esa acusación? Si no lo fue, aquello no dejó de ser en todo caso un acto
volitivo, es decir, un acto consciente y deliberado de su parte . El
general Ortega se había caracterizado por su falta de criterio a la hora
de emitir opiniones. Había sido él quien afirmara, con arrogancia, ante
las críticas de Perú acerca de la compra de los aviones F-16:
“[…] todos los que nos están mirando, todos los que están alrededor
nuestro, saben que tenemos la capacidad de pegar fuerte, o sea, es mejor
que nos dejen tranquilos” .
Ortega no sólo había formulado aquel exabrupto, sino cuando se debatía
la necesidad de adquirir un nuevo avión presidencial, debido a que el
que mantenía la FACH se encontraba en pésimas condiciones y amenazaba la
vida de la primera mandataria, se opuso a ello, justificando su
negativa con este torpe argumento:
“[…] quiero un avión para la FACH, no para la Presidencia. Para eso ya tenemos”.
Ricardo Ortega Perrier es el prototipo de las personas que, a juicio de
los gobiernos de la Concertación, había de considerárselas en demasía
tan sólo porque eran los descendientes de personas vinculadas a la
Unidad Popular: el héroe debe reproducirse en el hijo. La transmisión
genética es el fundamento del compromiso social. O el simple hecho de
ser pareja del causahabiente. Ricardo Ortega Perrier era hijo de Ricardo
Ortega Fredes, subsecretario de Aviación en el Gobierno de Allende.
No sucede así, sin embargo, en la vida real: el hijo no sucede al padre,
ni el sobrino al tío, ni la pareja (o el cónyuge) a la persona con
quien ha convivido, pues las ideas no se transmiten por los genes ni por
contacto directo. El propio Ricardo Ortega se encargó de confirmarlo el
mismo día en que fue designado en el cargo, el 5 de octubre de 2006,
cuando, refiriéndose a su padre, dijo:
“No tengo ningún problema con que él haya sido subsecretario del
Presidente Allende. Al contrario, soy un hombre muy orgulloso de lo que
él hizo. Pero él tiene su carrera y yo tengo la mía, son más de 30 años
que estoy en la Fuerza Aérea y creo que valgo por lo que yo he hecho" .
Se explica de esa manera que haya participado en las negociaciones con
el gobierno laborista británico para obtener la repatriación de Augusto
Pinochet, en 1998, pues se había desempeñado, anteriormente, en misiones
militares en ese país. Sus acciones no eran simple casualidad. Ni
tampoco coincidencia.
¿Y qué decir de Roberto Camacho Olivares? ¿Fue casual que acusara al
poder civil de inmiscuirse en las cuestiones técnicas de la Marina y
culpabilizarlo de ‘no entender’ los mensajes? ¿Una mera coincidencia? O…
¿un enemigo en acción?
Dejémonos de ingenuidades. Las Fuerzas Armadas están precisamente para
responder a todo tipo de imprevistos: son una fuerza de ocupación. Deben
tener la capacidad para sortear toda clase de obstáculos. De otra
manera, ¿cómo podrían enfrentar una guerra? Actuar como la Fuerza Aérea
chilena lo hizo ─con sus propios connacionales─ para enfrentar el
terremoto, implica no sólo insensibilidad social sino, además, un
notable abandono de deberes; implica, a la vez, transformarse y
transformar a las autoridades en el hazmerreír de la comunidad
internacional. Una Fuerza Aérea, incapaz de levantar un helicóptero en
un plazo más o menos breve, es una institución que no sirve, que no
planifica, que no está preparada para enfrentar situaciones extremas.
La Fuerza Aérea chilena no es el único instituto que ha mostrado
encontrarse en tan deplorable situación. También ha sucedido con la
Marina chilena, cuya actuación despierta grandes interrogantes. ¿Fue
casualidad lo que ocurrió con el instituto máximo de prevención de
catástrofes, el SHOA? ¿Fue una simple coincidencia el desalojo que la
propia Armada ordenó de la Base Naval de Talcahuano sin entregar esa
información a la ONEMI ni a la población civil? ¿Fue una simple
casualidad que los barcos hechos a la mar, en esa Base, hayan podido
comunicarse entre sí, con el almirantazgo, con un submarino (el
‘Carrera’), y que ninguno de los estamentos superiores alertara acerca
de la inminencia de un tsunami no sólo a toda la población civil sino al
propio SHOA que, hasta las 6 de la madrugada, seguía enviado
informaciones erróneas a un organismo, como la ONEMI, incapaz de adoptar
sus propias resoluciones? ¿Es posible aceptar todo ello como si fueran
producto de casualidades, coincidencias o simple mala suerte?
En el informe que la Armada de Chile entregara al presidente Sebastián
Piñera, y que hemos copiado de su página webb, se puede leer el
siguiente párrafo:
“El Oficial de Guardia del SHOA, Teniente 1° Sr. Mario Andina Medina,
(Ingeniero Naval en Hidrografía y Oceanografía), previo análisis de los
antecedentes provenientes del PTWC, resolvió emitir la Alerta de
Tsunami.
Esto se comunicó inicialmente a la ONEMI, por VHF, a las 03:51 horas,
ocasión en que el propio Oficial de Guardia estableció el enlace e
informó:
“OMEGA 0 DE SHOA: ALERTA DE TSUNAMI EN CURSO.”
La Armada sabía, entonces, desde las 3,51 que había peligro de tsunami.
Entonces, ¿todos los mensajes entre el SHOA y la ONEMI, más arriba
transcritos, en donde no se habla, precisamente, de un tsunami sino de
un fuerte oleaje, las informaciones del PTWC, sus intentos de
comunicarse con alguien que hablara inglés, las reiteraciones que no
había peligro de tsunami, la cancelación del peligro de tsunami vía
radio, son invenciones de la prensa? ¿O es una mera casualidad que todo
ello haya sucedido? ¿O una coincidencia? Las vidas de tantos chilenos
¿se pagan con la renuncia del Jefe del SHOA o de otro oficial? ¿No hay
más responsables de toda esta verdadera comedia de equivocaciones dentro
de un cuerpo armado, capaz de ocupar a toda la nación y enfrentarse con
enemigos?
Leíamos hace poco, las páginas de un comentarista que, al respecto,
expresaba, refiriéndose al informe de la Marina sobre el tsunami:
“Mientras la Armada investigaba lo que todos sabíamos a tres días del
desastre, el país cambió y sigue cambiando, mirando sin comprender el
rostro mismo de su propio error. En esos 21 días nadie más que los
responsables de la Armada han podido darse el lujo de esperar, de
tomarse la justicia con calma, de preguntarse por lo evidente.
Veintitrés días, casi un mes. Con esa velocidad de respuesta, Dios nos
libre de una guerra de verdad” .
Esto no es una exageración. Cualquiera persona sabe que una Base Naval
no es un balneario sino el lugar de resguardo de una escuadra, es decir,
donde se guarecen y apertrechan naves de guerra. Es un campo que se
protege de cualquier incursión marítima, terrestre o aérea. Allí se
revisan, mantienen y cuidan las naves que protegen a la nación. Es, por
consiguiente, un campo protegido con artilugios de guerra, un campo
marítimo preparado para que una nave extraña no pueda incursionar allí
sin peligro de ser destruida. La protección, en el mar, se consigue con
la instalación de baterías costeras, vigilancia satelital, patrullaje y,
fundamentalmente, con la colocación de minas, estableciéndose una ruta
secreta que deben recorrer las naves nacionales. Se trata, pues, de una
Base Naval. ¿Qué sucedió con las minas que deberían existir en aquel
lugar? ¿Fueron o no removidas por el tsunami? Y en caso de haber sido
removidas ¿dónde se encuentran?
¿Y qué decir del ejército? El flamante nuevo ministro de Defensa Jaime
Ravinet De la Fuente, refiriéndose al problema de la interrupción del
sistema de comunicaciones, había sostenido que el país no estaba
preparado, en ese sentido, para afrontar una guerra. Sin embargo, de
acuerdo a una investigación que hiciera el periodista Asacanio Cavallo:
“Ninguna de las fuerzas militares salieron de sus cuarteles en las
primeras cuatro horas […] Pero la inacción tampoco lo es todo. El nuevo
comandante en Jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba,
declaró que la Red Torrente, el enlace de comunicaciones de la
institución, funcionó perfectamente después del terremoto, una
refutación indirecta de la afirmación del ministro de Defensa, según la
cual el país no estaría preparado para una emergencia bélica”.
“Lo que no funcionó, agregó el general, fue el enlace entre esa red y
las autoridades civiles. Sin embargo, no se sabe de ningún oficial que
haya ofrecido esa red a las autoridades para obtener o entregar
información. Peor aún, las autoridades civiles de Concepción requirieron
una y otra vez que la Armada y el Ejército los proveyeran de
comunicación con Santiago, precisamente para acelerar la declaración de
estado de catástrofe, No hubo apoyo, a pesar de estar en esa ciudad la
principal Base Naval y el Comando de Operaciones Terrestres del
Ejército”
En efecto, en una entrevista que los panelistas de l programa
‘Tolerancia Cero’ hicieran a recién nombrada intendenta de Concepción
Jacqueline Van Rysselberghe, el periodista Fernando Paulsen preguntó
directamente a ésta si había o no requerido de la ayuda a las Fuerzas
Armadas para comunicarse con Santiago. La aludida contestó que sí se
había contactado con el Ejército y, eludiendo una respuesta directa que
pudiese comprometerla, se limitó a sonreír cuando el periodista le
repitió la pregunta .
Los hechos son más graves, aún. En un comentario a la respuesta que, en
una inserción de 30 de marzo recién pasado, en la sección Negocios, de
‘La Tercera (sin referirse, por supuesto a estas materias), diera al
artículo de Ascanio Cavallo el ministro de Defensa Jaime Ravinet,
refiriéndose a aquel, expresa el periódico ‘The Clinic’:
“El columnista incluso dice que las autoridades civiles de la VIII
región pidieron infructuosamente a los uniformados que los ayudasen a
contactarse con Santiago. Y este último punto es donde comienzan a
desgranar las críticas, porque hoy en Concepción hasta se dice que los
primeros uniformados que llegaron a la ciudad lo hicieron cantando el
Himno Nacional como se cantaba hasta marzo de 1990” .
Los hechos más arriba consignados nos hacen creer que nos encontramos no
ante casualidades ni coincidencias sino ante actos volitivos, lo que
hace grave lo sucedido. Un acto volitivo es un acto voluntario, un acto
del intelecto en el que se da conformidad a una acción. No son actos
impensados ni, mucho menos, reflejos; ameritan, por el contrario, una
investigación más profunda pues comprometen al alto mando de los
institutos armados.
Estos actos no han sido solamente en contra de la presidenta Bachelet,
como alguien erróneamente pudo suponer, sino contra todo el poder civil.
No se explica de otro modo que, a poco de producido el sismo, levantase
la voz el general Juan Emilio Cheyre tanto en el artículo de un
vespertino como en una entrevista que le hiciera CNN Chile para
culpabilizar al poder civil de los saqueos producidos en Concepción.
Cheyre es un individuo cuya participación en la dictadura constituye un
enigma. No está ajeno a los luctuosos sucesos de Antuco. Es más: sobre
él recae toda la responsabilidad de ese trágico hecho. No es, por
consiguiente, el más indicado para representar lo que debió o no
hacerse ante la catástrofe del 27 de febrero.
¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O, teoría de la conspiración? Agreguemos otro hecho más a los ya consignados.
Si lo anteriormente mencionado constituye un conjunto de actos volitivos
y, a la vez, una clara confesión de la incapacidad de algunos
institutos armados para mantenerse a la altura de las circunstancias, su
estamento superior debería ser removido. Sin embargo, la presidenta
Bachelet no lo hizo. ¿Por qué? Una actitud similar ha adoptado el
presidente Piñera. ¿Por qué?
Jaime Ravinet, ministro de Defensa de Sebastián Piñera, había anunciado que
“[…] aquí va a haber una investigación, y el Comandante en Jefe está muy
consciente de que aquí hay responsabilidades que deben ser
investigadas”.
Constituye un enigma el informe que el día 24 de marzo de 2010 entregara
la Armada al Gobierno de Sebastián Piñera al que el propio ministro de
Defensa Jaime Ravinet de la Fuente calificara de ‘insuficiente’. Y lo
constituye porque, al día siguiente de expresar su opinión al respecto, y
al anunciarse que el Comandante el Jefe de la Marina Edmundo González
Robles permanecería en su puesto, Ravinet expresó:
“El presidente ha estudiado el informe que se le entregó el día de ayer,
ha valorizado sus conclusiones, el reconocimiento de que aquí hubo
errores del Shoa y de Onemi que son serios y por esa razón ha aceptado
la solicitud de la Armada de cursar el pase a retiro del capitán de
navío Rojas, como así mismo ratifica la decisión del almirante de
sancionar al teniente en cuestión […]”
“Asimismo con el fin de transparentar el proceso de investigación y que
la opinión pública tenga acceso a ella, vamos a subir el informe a la
página web de la marina y obviamente antes de hacerlo le enviaremos a
la fiscal el informe completo de manera que pueda continuar con su
investigación encargada por el Ministerio Público"
“[…] nunca he escuchado que la permanencia del almirante estuviera en
cuestión, en todo caso el Presidente ha expresado su confianza en el
almirante Edmundo González” .
No existe razón para haber sancionado únicamente a su jefe, el capitán
de navío Mariano Rojas por los errores cometidos por el SHOA. Tampoco
hay razón para no dar los nombres de las personas que intervinieron en
los diálogos cuyos textos constan en el intercambio de fax entre ese
organismo y la ONEMI. Pero sorprende que el presidente Piñera no
rectificara los errores cometidos por la presidenta Bachelet, no llamara
a retiro tanto al Jefe de la Armada como al Jefe de la Fuerza Aérea ni
exigiese una investigación por los sucesos de Concepción y Talcahuano.
¿No han sido, acaso, suficientes las pruebas acerca de la incompetencia
de ciertos estamentos al interior de los institutos armados? Lo cierto
es que los responsables no serán sancionados: habrá, para ellos, olvido y
perdón, constante en favor de los dominadores que identifica a esta
nación a lo largo de sus doscientos años de historia.
¿CASUALIDAD? ¿COINCIDENCIA?
Un hecho parece cierto: el megaterremoto de febrero pasado ha puesto
sobre el tapete de la discusión la extrema vulnerabilidad de Chile
frente a cualquier agresión externa pues ha bastado que se desplomen dos
o más puentes para dividir al país y facilitar su ocupación por una
potencia extranjera. El flujo normal de comunicaciones entre las
ciudades fue interrumpido; la capital ha quedado aislada de las demás
regiones. Eso ya lo sabe cualquier potencia extranjera a estas alturas. Y
no va a bastar que un energúmeno diga, con aire suficiente:
“[…] tenemos la capacidad de pegar fuerte, o sea, es mejor que nos dejen tranquilos”
No cabe la menor duda que muchas de los actos realizados por los
institutos armados a propósito del gran terremoto de febrero pasado
pueden caer dentro de lo que se conoce como ‘incompetencia’ e
‘ineptitud’ militar; pero hay, también, actos voluntarios que, ejercidos
por ciertos y determinados estamentos castrenses, superan con creces
cualquier calificación de ‘error’ (o ‘incompetencia’) con lo que se
intente explicar los hechos. Lo cual nos conduce a una única conclusión.
Queremos afirmar, aquí, nuestra convicción en el sentido que la
contradicción creada en tiempos de la dictadura ─poder civil versus
poder militar─ no ha sido resuelta en estos 20 años de democracia débil e
inestable. Lo cual no implica, en modo alguno, decir que los sucesos
narrados anteriormente hayan constituido un conato de golpe militar. No.
Los golpes militares no se dan a petición de parte ni para satisfacer
la voluntad de una persona por importante que sea, sino cuando las
circunstancias así lo permiten. Más exactamente: cuando la acumulación
está amenazada. Pero sí puede suceder que, en la disputa por mezquinas
cuotas de poder, exista la voluntad de ciertos y determinados estamentos
de boicotear las acciones del poder civil en situaciones especiales e,
incluso, en situaciones extremas, algunas de ellas tan dramáticas como
lo ha sido la emergencia vivida por la población chilena a partir del 27
de febrero del año en curso. Cuando ello ocurre, los efectos de esta
conducta pueden ser si no los propios de una insubordinación, al menos
similares en sus efectos. Y eso sí puede adquirir caracteres de
gravedad. Porque realizar acciones en contra de un pueblo necesitado
para resolver mezquinas cuestiones de poder implica pasar por encima de
los juramentos empeñados por los uniformados en cuanto a servir a una
Patria, a la que se le vuelve la espalda en la primera oportunidad en
que se sienten amenazados los intereses personales.
La subordinación definitiva del poder militar al poder civil no se ha
consumado en estos años de democracia; y es difícil que ello ocurra
mientras se mantenga la franquicia del 10 % de los ingresos del cobre
que la dictadura pinochetista estableció a favor de las Fuerzas Armadas
para la compra de pertrechos bélicos, granjería que siempre la
Concertación quiso eliminar pues daba aliento al poder militar para
desafiar al poder civil. No pudo hacerlo; pero, justo es reconocerlo,
tampoco tuvo voluntad para intentarlo. En el programa de la Coalición
por el Cambio, también figuraba la eliminación de esa granjería; se
planteaba la posibilidad de reemplazar ese porcentaje por una suma que,
establecida en el Presupuesto General de la Nación, colocase a las
Fuerzas Armadas bajo el control de la sociedad y no como un poder
aparte, separado de todo y de todos. Las reacciones de la presidenta
Bachelet y del actual presidente Piñera en torno a no adoptar medidas en
torno a los ‘errores’ e ‘incompetencia’ de las Fuerzas Armadas permiten
suponer que esta situación no ha sido, es ni será posible resolverla
con la simpleza que se creía. Y tal vez requiera de un largo tiempo más
de conversaciones y negociaciones entre ambas partes. En tanto, es de
esperar que otra desgracia, como lo ha sido el megaterremoto de 27 de
febrero pasado, no vuelva a asolar a esta sufrida nación. Porque, de esa
manera, volveremos a encontrarnos con un escenario no muy diferente al
actual.
Santiago, abril de 2010
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Publicado
el : |2010-04-09| 
