Manuel Acuña Asenjo. - Estocolmo, diciembre de 2004
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Un embajador es el representante político en el
extranjero del gobierno de turno de cada país. Su nombramiento es
responsabilidad directa del jefe de estado, a quien representa
personalmente. Es, al igual que éste, el rostro público de la nación.
Esta circunstancia puede explicar el extremo cuidado de todo gobernante
cada vez que haya de designar alguno de sus representantes en el
exterior.
El gobierno de la Concertación no se ha
caracterizado por su extrema acuciosidad en la realización de esa
labor; antes bien, muestra una manifiesta deficiencia. Puede suponerse
-con fundamento, por cierto- que ello se deba a las espurias fuentes de
orígen de donde proviene gran parte de su representación (parlamentaria,
administrativa y diplomática). No debe olvidarse una enseñanza
fundamental: los sujetos que actúan en la región jurídico/política del
modo de producción capitalista proceden de cuatro inevitables áreas de
selección: a) de las cuotas de participación que corresponda a cada una
de las diferentes facciones integrantes de la coalición gobernante, b)
de las prácticas nepotistas de los dirigentes con mayor poder, c) de sus
relaciones sociales y d) de las presiones de los grupos de poder que se
forman al amparo de las alianzas políticas. Las sedes de las
representaciones diplomáticas, más que prolongaciones de las relaciones
interestatales, se transforman en centros de poder de las distintas
clases o fracciones de clase que operan en el gobierno; cada uno de los
designados forma su propio equipo de trabajo. Las disputas por el mejor
derecho a apoderarse de las embajadas se hacen frecuentes y no siempre
la persona que se nombra para el cargo representa la opción más
acertada. Es lo que sucede con el gobierno de la Concertación. El propio
partido que fundara el presidente Ricardo Lagos, el Partido Por la
Democracia (PPD) se ha caracterizado por ser uno de los más voraces
predadores de sedes diplomáticas. Una de ellas, la de Suecia, puede hoy
ser considerada como propiedad de dicha coalición, luego de haber sido
sede del Partido Radical (PR). Que hoy esté a la cabeza de ella el señor
Alvaro García Hurtado no es una simple casualidad. Como se ha sostenido
en algunas publicaciones, su calidad de militante del PPD y de amigo
personal del sr. Presidente, le habilitan sobradamente para administrar
la embajada de Chile en Suecia. A pesar de su sorprendente paseo por los
sillones directivos de INVERLINK y de su participación activa en la
dirección de una de las empresas filiales de ese holding. Tales
‘manchas’ se borran con un ‘veraneo’ por el extranjero y permiten
retornar inmaculado al interior. Con mayor razón, si se emplea una de
las embajadas que pertenece a la colectividad donde se milita.
El pasado año, y luego de resolverse una de las tantas e ineludibles
disputas por la propiedad de las embajadas, designó el sr. Presidente de
la República en calidad de titular de la sede diplomática en México a
un sujeto bastante curioso. Hombre predilecto del timonel de la
Democracia Cristiana (DC) sr. Adolfo Zaldívar, este licenciado en
derecho de la Universidad Católica de Valparaíso (UCV), nacido un 7 de
julio de 1936, y empresario (es director de Agroindustria Nacional S.A.)
asumió el cargo a principios de 2003, en reemplazo de su ex camarada de
partido, ex militante de la Izquierda Cristiana (IC) y actualmente
militante del Partido Socialista de Chile (PS) Luis Maira. La embajada
de Chile en México fue ganada, de esa manera, para la DC.
Carlos Fernando Molina Vallejo es una de esas personas que puede
calificarse como uno de esos bíblicos ‘doctores de la ley’. Lo había
demostrado ya durante su desempeño como rector de la Universidad
Católica de Chile y en otros cargos de menor consideración. Apego a la
norma, a lo establecido, no importa de dónde ella provenga, es su forma
de vida. Pero a los sujetos con mentalidad farisaica, no sólo les siguen
como la sombra al cuerpo los atributos de estado civil y nacionalidad
que prescribe la Constitución sino, además, las formas culturales de la
sociedad en que viven. Pocas veces piensan o practican la regla de oro
de la diplomacia que exige del hombre prudente “al país que fueres, haz
lo que vieres” sino pretenden hacer prevalecer sus costumbres procesales
por sobre la legalidad de la nación en que se asientan. Esto puede, en
gran medida, explicar que, a poco de llegar a México el sr. Molina
Vallejo, comenzaran los problemas.
Así fue. Casi inmediatamente después de hacerse cargo de la embajada,
llamó la atención del sr. Molina Vallejo que cerrase aquella sus puertas
a las 13 horas y el personal se retirase a sus casas. Se le dijo que
esa jornada de trabajo, que iba de las 8,30 de la mañana y finalizaba
efectivamente a las 13, había comenzado a aplicarse durante el período
del anterior embajador. Pero un jefe no puede aceptar semejante
explicación, ni se rige por las reglas dictadas de quien le ha precedido
sino impone las propias; menos un jefe que es embajador y un embajador
que es demócrata cristiano. Y bajo ninguna circunstancia, ceñirse a las
normas impuestas por quien fue demócrata cristiano, militante de la
Izquierda Cristiana y luego socialista, cuyo partido, finalmente,
perdiera la propiedad de la embajada. Todo nuevo titular asume para
disponer lo que se ha de hacer y no para hacer lo que otro ha dispuesto.
Fue la forma de actuar que adoptó el sr. Molina. Con las consecuencias
fáciles de prever, como diría un bando de la Junta Militar que su
partido apoyara en los primeros años de la dictadura.
De esa manera, comenzó el sr. embajador a estudiar las posibilidades
legales de modificar esa situación. Su primera misión consistió en
averiguar qué decían al respecto los contratos de trabajo. Y lo que
había en ellos le era ampliamente favorable a sus propósitos. Molina
Vallejo determinó, entonces, conversar con el personal y hacer pública
su decisión de modificar el horario de trabajo. Los funcionarios no
aceptaron la propuesta. Consideraron que dicha medida consistía en una
simple prolongación de la vigencia de la jornada de trabajo. No dejaban
de tener razón: aumentar el horario de trabajo implica para el
funcionario absorber una mayor carga de trabajo, es decir, realizar un
plus trabajo; el plus trabajo da orígen a un mayor resultado para el
patrón que es el plus producto y todo plus producto se traduce en una
mayor utilidad también para el patrón, o sea, plus valor En las luchas
sindicales, la producción de un mayor plus valor debe compensarse
pecuniariamente, es decir, con una subida de los sueldos o salarios. Tal
fue la respuesta que entregaron los funcionarios de la embajada al sr.
Molina Vallejo: queremos aumento de remuneraciones. En apoyo de sus
demandas sostuvieron que, tanto en 1997 como en 2000, el anterior jefe
de la misión diplomática, Luis Maira, había entregado un comunicado en
virtud del cual se establecía la jornada de trabajo en los siguientes
términos:
“…el horario de trabajo para todo el personal de la Embajada de Chile,
excepto el Departamento de Economía y la Agregaduría Militar será, de
lunes a viernes, en jornada única, entre 8,30 y 13 horas”.
Agregaban los trabajadores que, al momento de firmar los respectivos
contratos de trabajo, la propia embajada les había informado de algo
crucial: el horario de trabajo establecido en los documentos que
firmaban se consignaba para el solo efecto de cumplir con las leyes
chilenas que establecían ese sistema. Puesto que dichas cláusulas
parecían consistir en una mera formalidad, ellos habían firmado de buena
fe.
Entretanto, otras difíciles situaciones se presentaban al sr. embajador.
Un nuevo rico se caracteriza por su exuberancia, sus aires de grandeza,
su necesidad imperiosa de demostrar que es ‘alguien’. El sr. embajador
necesitaba sirvientes en su residencia. De todo tipo, cocineras,
aseadoras, jardineros, choferes. A fin de obtener lo que necesitaba,
Molina Vallejo contrató una agencia de servicios. Pero las cosas no
marcharon como él suponía que lo harían. Los servicios no se prestaban
en la forma que quería y, ante esa circunstancia, el sr. embajador
suspendió los pagos a la empresa esperando obligarla a reaccionar con
tal medida. Fue un error. En marzo de 2004 se hizo público el escándalo.
La representación diplomática fue denunciada en el programa de la TV
mexicana ‘A quien corresponda’ donde se acusó directamente al ‘embajador
chileno’ de no pagar parte de los sueldos que correspondían al personal
que trabajaba en su residencia particular. La noticia se dió a conocer
en Chile y el informativo del Canal 13 de TV ‘Teletrece’ lo publicó en
su página de Internet, en tanto el gobierno se apresuraba a recabar
información a la embajada por sus canales internos.
Pero hubo más. Molina Vallejo no estaba contento con el estado de su
nueva residencia. No reunía las cualidades exigidas por él. Debían
hacérseles ciertas reparaciones y reformas. Conversó al respecto con los
propietarios del inmueble y les propuso la idea de realizar aquellas,
pero no con cargo a los usuarios sino a los dueños de la finca. La
proposición no fue aceptada y Molina Vallejo decidió hacer los arreglos
por su cuenta y descontarlos del arriendo que pagaba. Cuando llegó el
momento de hacer las deducciones, los propietarios no sólo montaron en
cólera por lo que consideraron un atropello, sino iniciaron las
gestiones judiciales del caso. Según el periódico chileno ‘La Tercera de
la Hora’, en su edición digital de 28 de noviembre, “en esta misma
línea, la propietaria de la antigua residencia de Molina también amenaza
con demandarlo por supuestos destrozos en el inmueble”.
En la residencia del sr. embajador no todo andaba bien. El día 3 de
octubre presentó la sra. Mercedes Martínez, trabajadora doméstica de
dicha residencia, una denuncia ante la Agencia 30 del Ministerio Público
mexicano, correspondiente a la Fiscalía del sector Miguel Hidalgo. La
sra. Mercedes afirmó haber sostenido un altercado con María Cosntanza
Matthei Salvo, cónyuge del embajador, al final del cual ésta la golpeó
violentamente. La causa quedó abierta el 7 de octubre del presente año
bajo el rótulo “Averiguación Previa MH3/T1/648/04-10”.
Mientras, las relaciones entre la legación diplomática y el personal de
oficina de la misma legación empeoraron. Molina insistía en apoderarse
del plusvalor de los trabajadores. Ante la negativa de éstos, se dispuso
la vigilancia de las más antiguas, a saber, Ana María Flores Ceceña,
secretaria, con 11 años de antigüedad, y una persona que prefirió
mantener su anonimato, con 13 años de antigûedad. La vigilancia
consistió en controlar el uso del tiempo de ambas durante las horas de
oficina, es decir, si llegaban o no con puntualidad, si se retiraban o
no a la hora indicada, si recibían o no visitas ajenas a las normales de
la embajada, si se ausentaban o no injustificadamente de la oficina, si
hablaban mucho por teléfono, en fin. En el fondo, con esas medidas se
daba inicio a la preparación de las condiciones que permitirían el
despido de ambas funcionarias, evitándose así la embajada el pago de las
indemnizaciones que conceden las leyes mexicanas a los trabajadores,
tratándose de despidos injustificados. Al final, el cerco a las
funcionarias arrojó sus frutos: se descubrió que hablaban mucho por
teléfono y que el mayor costo de esas llamadas ponía en peligro la
estabilidad económica de un país llamado Chile, arrastrando a su estado a
la bancarrota. En el comunicado de la embajada donde se informó del
despido de ambas funcionarias se indicó como razón de la medida la
“falta de probidad y honradez” de ambas, que se dedicaban a “robar al
erario chileno, incurriendo en gastos excesivos por teléfono”.
Inmediatamente de despedidas las funcionarias, se apresuró el Consejero
de la embajada, Jaime Bascuñán, a citarlas a su despacho para
advertirles que se abstuvieran de concurrir a las instancias legales
mexicanas pues ‘aunque ganarán la demanda, los bienes de la embajada
chilena son inembargables debido a que nos protege la Convención de
Viena”. Y el día 10 de octubre de 2004, libre ya del lastre que
significaba la prolongación de los servicios de aquellas dos
funcionarias, el gobierno de la Concertación, por intermedio de su
embajador Molina Vallejo, procedió a extender la jornada de trabajo de
los funcionarios de la embajada de Chile en México hasta las 18 horas,
apropiándose del plus valor que producían, sin otorgarles compensación
pecuniaria alguna.
El conflicto con el Cónsul General.
Los actos de Molina Vallejo no contaron en absoluto con la aprobación
del Cónsul General de Chile en México, Raúl Elgueta González; por el
contrario, recibieron su más rotunda rechazo. Como era de esperarse, tal
actitud molestó profundamente al embajador. Por razones derivadas de un
mecanismo de la teoría de la organización que se conoce, vulgarmente,
bajo el nombre de ‘lealtad’ y que es necesario utilizarlo siempre en la
diplomacia, el Cónsul estaba impedido de hacer públicos los desatinos de
su superior; tampoco podía estar, constantemente, haciéndolos presente a
su instancia superior en Chile, es decir, a la Subsecretaría de
Relaciones Exteriores. Pero eso no impedía a Raúl Elgueta exponer
directamente al embajador sus puntos de vista, lo cual empeoró las
relaciones entre ambos. Había un hecho adicional. Educado en la escuela
sindicalista de Clotario Blest, con quien trabajara durante muchos años,
junto a otras personas entre los cuales se cuenta el autor de estas
páginas, Raúl Elgueta jamás iba a olvidar ciertos principios sociales
que marcarían el curso de su vida: estar junto a los desposeídos, a los
que sufrieron el rigor de la dictadura y a quienes seguían
experimentando la indiferencia de la democracia. El Cónsul trataba con
los exiliados chilenos, a diferencia del embajador que se relacionaba
con sus camaradas de partido, ciertos estamentos de la clase alta
mexicana y otros del empresariado criollo.
Los sucesos se desencadenaron con ocasión de la visita que el buque
escuela ‘Esmeralda’ iría a realizar a México durante los primeros meses
de 2004. Es un hecho conocido que las visitas de esa unidad naval a los
diferentes puertos del mundo, provoca un rechazo generalizado en todas
las colonias de chilenos en el exterior. Nadie olvida que el barco aquel
fue utilizado en el carácter de prisión, centro de torturas y ejecución
durante los primeros días de la dictadura, hecho reconocido por la
Armada, según lo consignara el Texto-TV de la BBC, en su edición de 2 de
diciembre de 2004. Por eso, en cada oportunidad que dicha unidad arriba
a un puerto donde residen chilenos, las manifestaciones son
generalizadas. No iría a ocurrir algo diferente en México con tan poco
graciosa visita.
‘Ni olvido ni perdón’ había sido el grito del CODEHS en los años en que
Raúl Elgueta trabajara en esa entidad. El Cónsul supo así del lugar
donde había de estar en esa ocasión. Apoyó, por consiguiente, los actos
de los exiliados chilenos en contra de la unidad naval. Molina Vallejo
no sólo estuvo en contra de tales manifestaciones sino las hizo públicas
y criticó duramente la opinión de Raúl Elgueta.
Los hechos protagonizados por el embajador eran de público conocimiento.
La colonia chilena estaba enterada de tales hechos. Existía, por ende,
un sentimiento de aversión hacia la persona del embajador. Su posición
abiertamente reaccionaria frente a la visita del buque escuela
‘Esmeralda’ fue la gota que rebalsó el vaso. Personeros vinculados a las
organizaciones más radicalizadas de chilenos comenzaron a hacer
circular una lista para exigir la salida del embajador, que sería
enviada al gobierno. Molesto como estaba, Molina Vallejo no encontró
nada mejor que culpabilizar al Cónsul de la confección de dicha lista. Y
sin mayor demora lo acusó de promocionar esa acción. La acusación fue
enviada a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores a fin que se
iniciara un sumario administrativo en contra de Raúl Elgueta. Los cargos
por los que se acusó al Cónsul fueron descritos, más tarde, por éste
como ‘injustos, pintorescos y políticos en su esencia’.
El día 18 de octubre de 2004, en una de sus páginas principales (la
2-A), bajo el sugerente título “La inmunidad diplomática, escudo para la
prepotencia” escrito con grandes letras, informaba el periódico “El
Monitor”, uno de los más influyentes diarios mexicanos, que “el
embajador chileno Fernando Molina enfrenta demandas laborales y penales
por abuso contra trabajadores a su servicio”. Junto a una fotografía
suya, donde aparece muy sonriente, se insertó su curriculum vitae,
seguido de un retrato donde aparecen saludándose, para la posteridad,
los Presidentes de México y Chile, Vicente Fox y Ricardo Lagos,
respectivamente. Más abajo, denunciaba el matutino la comisión, por
parte del embajador, de una “serie de abusos contra trabajadores a su
servicio, que motivaron ya una demanda laboral y un proceso penal ante
el Ministerio Público”… Agregaba el diario que, además, Molina Vallejo
tenía un “diferendo con una empresa que ofrece servicios domésticos por
no pagar los honorarios correspondientes al trabajo desempeñado por
empleados en la residencia del embajador”. En lo demás, el artículo se
refería al caso de las dos funcionarias despedidas, a la agresión de la
cónyuge del embajador a la trabajadora doméstica y al problema de la
denuncia en la TV mexicana.
Once días más tarde, y haciendo uso de su feriado, viajó el Cónsul
General a Chile (29 de octubre) donde se entrevistó con los personeros
de gobierno.
La resolución de despedir al embajador Molina Vallejo fue adoptada a
mediados de noviembre. El 18 del mismo mes, tenía ya el nuevo Canciller
Ignacio Walker (DC) una carpeta con numerosos reclamos en contra del
embajador. Muchos particulares se habían quejado, además, de ‘mala
atención’ por parte de esa sede diplomática. El día 23, el mismo
Canciller llamó al embajador para pedirle, sin más trámite, su renuncia y
el 30 de noviembre, informaba ‘La Tercera de la Hora’ que el embajador
viajaba de regreso a Chile.
No es una simple “operación política”.
No ha sido una simple “operación política el despido del embajador”,
como lo afirmara el ex diputado DC Tomás Jocelyn-Holt al matutino ‘La
Tercera de la Hora’ el 28 de noviembre, ni que Molina Vallejo haya sido
“víctima de crítica de dudosa calidad y sin mayor contenido” sino una
medida extrema que bien se pudo evitar con una más cuidadosa selección
del personal diplomático. El caso de Molina Vallejo no es lo único que
ha sucedido en el mundo de las relaciones exteriores chilenas, campo de
batalla para la burocracia estatal que se desarrolla al amparo de la
Concertación. No vamos a dar nombres al respecto. Bástenos tan solo con
recordar algunos hechos. No muchos. Como la actuación del autor del
libro “Nosferatu y otros exiliados”, embajador chileno en Israel, a los
pocos años de la Concertación; del autor de ‘La boda del poeta’,
embajador de Chile en Alemania que deseaba una sede más amplia y más
solemne; de las altas rentas y franquicias otorgadas a los agregados; de
la manifiesta frivolidad e incompetencia de éstos. ¿Necesitamos
recordar los problemas creados con la vedette/actríz, vinculada al hijo
adoptivo de un ex ministro de la Concertación, y de otros personajes
similares? En el nombramiento de estos pícaros y truhanes intervienen
agentes del gobierno, políticos y parlamentarios. La lista es larga y no
vale la pena insistir.
Es importante destacar, con todo, algo fundamental: estos problemas se
generan como consecuencia de una política que, por sobre los intereses
de las clases dominadas, privilegia el establecimiento y desarrollo de
una nueva fracción de la burguesía, orientada a ocupar los más altos
cargos de la administración política del país y de la empresa privada.
El objetivo de tal empresa no es sino establecer un sistema ágil y
oportuno que no sólo permita el rápido y constante traspaso al ámbito
privado de elementos desarrollados al amparo del sector estatal y
viceversa sino, además, construya los nexos que hagan posible la máxima
realización de negocios rentables y lucrativos con el Estado. Una
copia, en gran medida, del modelo norteamericano en donde las finanzas
de la nación constituyen la prolongación de las finanzas del sector
privado, es decir, de los grandes consorcios transnacionales que operan
en ese país. No hay que olvidar un hecho: en el caso INVERLINK.no sólo
participaba de ese trasvasije espurio el ex Ministro de Economía y
actual embajador de Chile en Suecia Alvaro García Hurtado sino, además,
el superintendente de las Administradoras de Fondos Previsionales AFP
Julio Bustamante. Un modelo al servicio del ‘pueblo’ y del bolsillo
propio.
Estocolmo, diciembre de 2004.
|
Publicado
el : |2004-12-03| 
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