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| Piramide del capitalismo |
Manuel Acuña Asenjo
4. LAS GRANDES CLASES PROPIETARIAS DE CHILE
ESTRUCTURA DEL BLOQUE EN EL PODER
Profundizar un poco más en la estructura del Bloque en el Poder que
existía dentro de la sociedad chilena a principios del 2007 como,
asimismo, desvelar el carácter de la alianza denominada ‘Concertación’, a
la misma fecha, no es materia que posea únicamente valor teórico:
permite conocer la naturaleza del estado capitalista y entender las
razones del comportamiento de sus agentes. Es lo que haremos en las
páginas que se siguen, a riesgo de cansar un tanto al lector.
Hemos señalado que a todo Bloque en el Poder lo integran clases y fracciones de clase dominantes.
Lo
que nos conduce a definir las clases sociales como vastos contingentes
humanos unidos por intereses comunes que los hacen contraponerse
antagónicamente unos a otros, dentro de un determinado modo de
producción que es a la vez, modo de dominación. Aunque las clases
sociales existen tan solo en la confrontación de intereses, desde el
punto de vista teórico pueden determinarse de numerosas y variadas
maneras. La forma de cómo se realiza tal determinación conduce a
establecer diversos tipos de clases, pudiendo así distinguirse, entre
otras:
1. Desde el punto de vista de su dominancia, clases dominantes y clases dominadas;
2. Desde el punto de vista de su determinación estructural dentro del
modo de producción capitalista, clases compradoras y vendedoras de
fuerza o capacidad de trabajo;
3. Desde el punto de vista de su territorialidad, clases nacionales e internacionales;
4. Desde el punto de la posesión de capital, clases capitalistas y proletarias;
5. Desde el punto de vista de su predominio dentro del Bloque en el Poder, clases hegemónicas y subordinadas;
6. Desde el punto de vista de su compromiso con la perpetuación del
estado, clases reinantes, colaboradoras (ayuda) y mantenedoras; y,
finalmente,
7. Desde el punto de vista de su fraccionamiento con relación al volumen
de capital acumulado, clases grandes, medianas y pequeñas.
Dentro del estado capitalista ―ya lo hemos dicho― las clases sociales se
manifiestan divididas en el carácter de fracciones. Muchas de estas
fracciones pueden determinarse estructuralmente, como sucede con
aquellos grupos que se forman en la rotación del capital (industrial,
bancaria y comercial). Pero esto no significa, en modo alguno, que se
presenten de esa manera en la escena política de la nación.
El concepto de ‘clase’ es crucial para entender el funcionamiento del
Bloque en el Poder. Esta estructura teórica no posee expresión
institucional alguna; sin embargo, a diferencia de la escena política,
que sí se la tiene y se presenta como un ‘campo’ o ‘espacio’ dentro del
cual operan los ‘actores’, el Bloque en el Poder es una figura en la
cual se condensa la acción conjunta de grupos humanos unidos por la
necesidad de imponer sus intereses por sobre los demás. No se manifiesta
como institución ni está compelido a obedecer normas positivas o a
adoptar determinada forma legal.
Un bloque no es una alianza; ésta tiene estructura y normas manifiestas
que la regulan. Funciona, además, en la escena política de la nación y
está constituida por partidos que declaran su voluntad decidida de
actuar unidos para enfrentar de esa manera determinadas situaciones.
En 2007, el Bloque en el Poder que existía al interior de la sociedad
chilena estaba compuesto de las siguientes clases y fracciones de clase
dominante, a saber:
- La gran clase terrateniente o latifundista; y,
- La gran clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, en sus siguientes fracciones:
- La gran burguesía industrial;
- La gran burguesía bancaria; y
- La gran burguesía comercial.
A todas ellas nos referiremos, aunque en forma sucinta.
1.La gran burguesía terrateniente.
Puede resultar extraño, en esta parte, referirnos a la presencia de una
poderosa clase terrateniente en Chile, a la manera que pudo existirla en
el curso de los siglos ya pasados. Sin embargo, tras ese fenómeno
subyacía un reordenamiento de la propiedad territorial iniciado en plena
dictadura militar, y concluido bajo el gobierno de la Concertación. Los
datos que poseemos alcanzan al año 2005. Algunos antecedentes son
bastante elocuentes. Bástenos saber, por vía de ejemplo, que ya
existían, en 1997, 330 mil explotaciones privadas, de las cuales, apenas
el 8,1% pertenecían a grandes y medianos propietarios; sin embargo,
controlaban éstos el 76,9% de la superficie agrícola cultivable de todo
el país. Y aún así miraban con recelo al estado, dueño del 35% del
territorio nacional con un total de 25 millones de hectáreas que
incluían tanto las propiedades fiscales propiamente tales como las áreas
protegidas.
En un mundo ‘globalizado’, dentro del cual estaba inserta la nación
chilena, no debía sorprender que entre sus grandes terratenientes
figurasen inversionistas extranjeros y criollos, naturalmente,
distribuidos en grandes, medianos y pequeños. Por la importancia que
representaron, y para una mejor comprensión, los hemos agrupados según
regiones, distinguiendo las siguientes: norte, centro, sur y austral.
1.1.Gran burguesía terrateniente del norte.
En el norte del país no existía una fracción internacional que pudiese
considerarse importante. La burguesía terrateniente nacional estaba
representada por Víctor Rissetto, propietario de 250.800 hectáreas en
Atacama; la familia Prohens, dueña de 673 hectáreas en Copiapó; Aldo
Lombardi, con 150 hectáreas en la Primera Región; Américo Trufa, dueño
de 50 hectáreas también en la Primera Región; Mario Gardilcic, con 100
hectáreas en idéntico lugar; la familia Prokurika, poseedora de 93.000
hectáreas en la Tercera Región; Orlando Chacra, propietario de 27.500
hectáreas en Ovalle, localidad de la Cuarta Región; Ricardo Ariztía,
dueño de 22.000 hectáreas también en a Cuarta Región; Ricardo Hageman,
propietario de la ex Hacienda ‘Castilla’, de 220.000 hectáreas en
Atacama. La Cuarta Región era bastante apetecida y existían numerosos
empresas y particulares que poseían otros negocios de carácter agrícola,
destacando algunos nombre tales como ‘El Tanque’, ‘Del Monte’,
‘Unifrut’, entre otros.
1.2.Gran burguesía terrateniente del centro.
Una idea aproximada del significado de la posesión de determinado número
de hectáreas en la zona central nos la da la extensión de la superficie
urbanizada de la ciudad de Santiago que, en ese entonces, era de 60 mil
hectáreas, aproximadamente. Al igual de lo que sucedía en la zona
norte, tampoco en ésta existía una burguesía terrateniente internacional
significativa. Los más exitosos latifundistas nacionales eran Ricardo
Ariztía, dueño de 2.000 hectáreas; Gonzalo Vial, con 25.000 hectáreas y
el control de la empresa ‘Agrosuper’; Pedro Tomás Allende, dueño de
1.860 hectáreas, quien a la fecha controlaba el 80% de la industria
SOPRAVAL; Ismael Ossa, con 13.000 hectáreas y la hacienda ‘La Rosa de
Sofruco’, y José Soler, propietario de algunas empresas frutícolas entre
otras, COPEFRUT.
1.3. Gran burguesía terrateniente del sur.
1.3.1.Gran burguesía terrateniente internacional del sur.
En esta fracción de la burguesía terrateniente podíamos encontrar a dos
grandes propietarios, el primero de los cuales era Douglas Tomkins, de
nacionalidad estadounidense, que poseía 300.000 hectáreas en una zona
conocida como Hacienda ‘Pumalín’; el otro también era norteamericano y
se llamaba Jeremías Henderson, propietario del 20% de la isla de Chiloé.
En 1995 había vendido 120.000 millas en Quellón a un aristócrata
francés. Poseía los campos ‘Quinio’, ‘Quilantar’, ‘Asasao’ y ‘Yaldar’
que pensaba subdividir en lotes y vender a particulares con fines
turísticos. Hasta el año 2000, en vano había intentado Sebastián Piñera
comprarle su parte.
1.3.2.Gran burguesía terrateniente nacional del sur.
Los grandes terratenientes nacionales en esa parte del país eran Agustín
Edwards, con su Lechera ‘Santa Isabel’; Marcos Cariola, propietario de
la Feria de Osorno; Liliana Solari, dueña del holding ‘Bethia’ y del
fundo ‘Don Alberto’; la Hacienda ‘Rupanco’, que tenía una superficie de
48 mil hectáreas con 30 mil cabezas de ganado, de propiedad de las
familias Abumohor, Saieh, Kauak, Díaz y Gutiérrez; Juan Perelló,
propietario de 8.500 hectáreas distribuidas entre las Regiones Tercera,
Octava y Novena, con una productora de vinos en las cercanías de Los
Ángeles; Miguel Vial y Ramón Achurra, dupla que controlaba las
sociedades Exportadora de Frutas ‘Rucaray’, Sociedad Agrícola ‘Wapri’,
Agrícola ‘Requinhua’ e Inversiones ‘Pumaque’; la familia García Sabugal,
dueña de ‘CORPARAUCANÍA’, del fundo ‘Argentina’, de la fábrica
‘MAGASA’, etc. y, finalmente, la familia Zunino, propietaria de la
Hacienda ‘San Lorenzo’.
1.4.Gran burguesía terrateniente de la zona austral (Patagonia).
1.4.1.Gran burguesía terrateniente internacional de la zona austral.
Hemos considerado, en esta parte, en calidad de gran burguesía
terrateniente internacional de la zona austral a dos familias de origen
belga, una de las cuales llevaba, ya, bastantes años avecindada en
Chile. Estas familias eran, en primer lugar, la De Clerk, que poseía
140.000 hectáreas, y la De Smet, propietaria del Valle ‘Chacabuco’ y
Sociedad ‘Valchac’ dueña de extensiones que abarcaban un total de 70.000
hectáreas.
1.4.2.Gran burguesía terrateniente nacional de la zona austral.
Entre los grandes propietarios de la zona austral figuraba, en primer
lugar, una persona cuyo nombre se ha repetido y ha de continuar
haciéndolo en el curso de este análisis: Anacleto Angelini Fabbri, dueño
de la Forestal ‘Mininco’ y de la Estancia ‘Baño Nuevo’, con 40.000 y
45.000 hectáreas, respectivamente; Jorge Matetic, dueño de la Estancia
‘Cerro Guido’, de 100.000 hectáreas, de la Pesquera ‘Coloso’, del
Complejo ‘Torres de Paine’ y de la Hacienda ‘Las Canteras’ (que
perteneciera, en su tiempo, al general Bernardo O’Higgins); José Marín,
propietario de varias estancias que sumaban, en total, más de 70.000
hectáreas y controlaba el Frigorífico ‘Agromar’, y la familia Galilea,
dueña de la Estancia ‘Punta del Monte’, con 13.500 hectáreas.
Estos propietarios no se encontraban huérfanos de ayuda política. Por el
contrario: algunos de ellos estaban directamente emparentados con los
actores que se desplazaban en la escena política, en tanto otros
mantenían con ellos vínculos de amistad. La familia Galilea, por
ejemplo, tenía como familiares suyos al parlamentario de Renovación
Nacional Pablo Galilea y a quien fuera Intendente de Santiago el
socialista Sergio Galilea; Ramón Achurra, socio de Miguel Vial, era
primo de los hermanos Adolfo y Andrés Zaldívar; la familia Prokurika
estaba emparentada con el senador de Renovación Nacional Baldo
Prokurika, y Roberto Hageman a pesar de mantener fuertes vínculos de
amistad con Sebastián Piñera, se inclinaba, más bien, hacia la
Democracia Cristiana. Aprovechaba, para ello, la vinculación que tenía
con el ministro de Transportes de Verónica Michelle Bachelet Jeria, René
Cortázar, con quien había sido compañero de colegio.
Un antecedente, por cierto interesante, lo constituía el hecho que Juan
Perelló entregaba su madera a la Forestal ‘Mininco’, de propiedad tanto
de Anacleto Angelini como de la CMPC. La CMPC y Forestal ‘Celulosa
Arauco y Constitución S.A.’ sumaban un patrimonio superior a los 1,5
millones de hectáreas. Como para pensarlo un poco.
2.La gran burguesía industrial.
La clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, llamada
también burguesía porque se asentó desde sus comienzos en los burgos o
ciudades, sufre un fraccionamiento en el curso de la rotación del
capital, pues cada uno de sus efectivos se especializa en determinada
área del proceso productivo. Algunos se dedican a la simple elaboración
de productos, otros a la realización de la mercancía y, finalmente, unos
terceros que hacen su oficio o profesión del comercio del dinero. Los
primeros constituyen la clase de los industriales o burguesía
industrial; los segundos son los comerciantes o burguesía comercial pues
toman a su cargo la venta de bienes o servicios, en tanto los terceros
adoptan el nombre de banqueros o burguesía bancaria. Cada una de esas
fracciones, en un mundo por entero ‘globalizado’, se expresa nacional e
internacionalmente en las correspondientes formaciones sociales del
planeta.
En los acápites que se siguen a continuación, haremos un breve resumen
de los segmentos indicados habida consideración a que existe abundante
literatura al respecto, en especial el libro de María Olivia Monckeberg
‘El saqueo de los grupos económicos al estado chileno’, y la excelente
obra de Ernesto Carmona, intitulada ‘Los dueños de Chile’, que nos
permitimos aquí recomendar en forma entusiasta. Al remitir al lector a
esos trabajos, evitamos así transcribir una enumeración que hasta podría
causarle tedio.
La gran burguesía industrial internacional se encontraba, a fines de
2006, representada por un conglomerado empresarial dueño de numerosas
industrias. Si bien era cierto que un reducido número (la Compañía
Chilena de Fósforos, entre otras) ejecutaba en forma íntegra el ciclo de
elaboración del producto, la generalidad de todas ellas no realizaba
sino la misma actividad practicada por la industria nacional, que era
tan solo la extracción, elaboración de materias primas y producción
parcial de bienes. El desarrollo de la industria, en Chile, no pasaba de
ser un chiste de mal gusto o un mito repetido hasta la saciedad.
La gran burguesía industrial nacional, por su parte, como su nombre lo
indica, tenía a su cargo la ejecución de las actividades productivas,
entre las que destacaban las extractivas, vitivinícolas, agrícolas
(lechería, frutas y cereales, hortalizas, carne), pesqueras, químicas,
de vestuario, mobiliarias, habitacionales o de la construcción,
farmacéuticas e informáticas, limitadas a la producción parcial. Dentro
de esta fracción, era posible distinguir dos grandes segmentos divididos
por los intereses que representaban o buscaban representar. El primero
de ellos era aquel que funcionaba ligado por completo al capital
internacional, con nexos en Estados Unidos y países de la Unión Europea;
otro, no menos poderoso, más preocupado del desarrollo del mercado
interno, parecía presentarse en el carácter de burguesía industrial
nacional en estado ‘puro’. En este último segmento era posible
distinguir, aún, el nombre de algunos personajes que se habían
enriquecido bajo la dictadura y ampliaban sus negocios durante el
régimen de la Concertación, como era el caso del ex yerno de Augusto
Pinochet, Julio Ponce Lerou, dueño de la empresa ‘Sociedad Química y
Minera de Chile S.A.’ SOQUIMICH, nacionalizada durante la Unidad
Popular.
3.La gran burguesía bancaria.
La gran burguesía bancaria ―por definición, aquella que hace del
comercio del dinero su profesión u oficio―, si dejamos de lado el
discutible concepto creado por Rudolph Hilferding de ‘burguesía
financiera’, se extendía en Chile a varias actividades económicas, a
saber, bancaria propiamente tal, instituciones financieras (Bolsa de
Comercio, corretaje de acciones y títulos mobiliarios, prestamistas
particulares), casas de cambio, cajas de compensación, administradoras
de fondos previsionales o AFP e institutos de salud previsional o
ISAPRES. En todas ellas se manifestaba, también, la presencia del
capital extranjero.
Dentro de la gran burguesía bancaria internacional destacaban los dos
grandes colosos españoles que eran los bancos Bilbao Vizcaya (BBVA) y
Santander (sucesor del Banco Osorno), el escocés ‘Scotia Bank’ (sucesor
del Sudamericano), los norteamericanos Boston y Citibank, y el
recientemente creado ITAÚ, organizado para la captación de clientes VIP
(Very importants persons); en el rubro de las AFP, destacaba la
holandesa ING Santa María.
El segmento nacional de esta fracción de la clase de los compradores de
fuerza o capacidad de trabajo se manifestaba, al igual un grupo
poderoso, que funcionaba ligado al capital internacional como lo era el
Banco de Chile/Edwards (propiedad de Andrónico Luksic), así como
aquellos que se manifestaban como burguesía bancaria nacional en estado
‘puro’ como lo eran el Banco de Crédito e Inversiones BCI (de Jorge
Yarur), el Banco del Desarrollo (de propiedad del Arzobispado de
Santiago) el Banco Condell, y el Bancoestado (ex banco del Estado de
Chile). Pertenecían a esta fracción los tres bancos organizados durante
los sucesivos gobiernos de la Concertación por la Gran Burguesía
Comercial, a saber, el Banco Ripley, el Banco Falabella y el Banco
París, además del Banco Cono Sur, creado por las asociaciones
financieras. Demás está mencionar aquí la propiedad que ejercían los
capitalistas nacionales sobre algunas de las AFP, ISAPRES, Compañías de
Seguros, financieras, casas de cambio.
4. La gran burguesía comercial.
Subdividida en idéntica forma a cómo se presentaban las otras fracciones
de la clase de compradores de fuerza o capacidad de trabajo, también la
gran burguesía comercial estaba conformada por consorcios extranjeros y
criollos.
En el primero de ellos, destacaban las grandes empresas de transporte de
personas y de cosas (Swiss Air, Lufthansa, Iberia, Air France, TNT, UPS
Express, DHL), las empresas de subcontratación (como la norteamericana
Manpower), los grandes almacenes de alimentos y muebles para el hogar
(entre otros, Líder, Carrefour, Home Center), el monopolio de las
comunicaciones auditivas constituido por la española ‘Telefónica’, las
empresas de buses asociadas al Transantiago (por ejemplo, EPYSA
―vinculada a la empresa brasileña de fabricación de buses ‘Marco Polo’―,
CONNEX ―que pasó a controlar el Transantiago―, e Inversiones Alsacia
―de capitales colombianos, uno de cuyos directores era el ex Ministro
del Trabajo y vicepresidente del Partido Socialista Ricardo Solari―),
las constructoras de carreteras y de puentes, las empresas cobradoras de
peajes, etc.
En el segmento nacional destacaban, por su parte, determinadas empresas
formadas con capitales nacionales que se propagaban por América Latina,
como lo eran Almacenes París, Ripley, Falabella, Jumbo. Por otra parte,
estaban los almacenes alimentarios criollos como UNIMARC, Santa Isabel,
Monserrat, etc. El transporte aéreo de personas lo controlaba Sebastián
Piñera, a través de la empresa LAN; el transporte terrestre urbano e
interurbano estaba en manos de grandes empresas de buses tales como Tur
Bus, Buses Pullman, el consorcio de las empresas nacionales vinculadas
al Transantiago (Buses Gran Santiago y Buses Metropolitana, de Manuel
Navarrete, ex mirista, conectado al Partido Socialista), y otras. La
gran burguesía comercial se extendía a las numerosas distribuidoras de
productos electrónicos, alimenticios y línea blanca, tanto extranjeras
como nacionales.
No vaya a suponerse que estas cuatro grandes expresiones de la clase
compradora de fuerza o capacidad de trabajo (terratenientes,
industriales, banqueros y comerciantes) estaban disputando
constantemente entre ellas por una mejor posición. Nada hay más cierto
que ese viejo refrán español según el cual ‘entre bueyes no hay
cornadas’. Así como, en forma mecánica, creaba el sistema capitalista un
bloque en el poder para consolidar el dominio de un sector social por
otro, también las clases y fracciones de clase dominante buscaban formas
de entendimiento mutuo con idéntico fin a través de organizar
instituciones gremiales tales como la Confederación de la Producción y
del Comercio, la Cámara Chilena e la Construcción, la Sociedad de
Fomento Fabril, la Corporación de la Madera. Los grandes empresarios
también habían dado vida a una organización que, bajo el nombre de
‘Fundación Juan Pablo II’, reunía a personajes tan conocidos como
Anacleto Angelini, Eleodoro Matte, Jorge Matetic, Andrónico Luksic,
Gonzalo Vial y José Luis del Río.
Pero esto no sucedía en el sector de los vendedores de fuerza o capacidad de trabajo.
COMPOSICIÓN DE CLASE DEL GOBIERNO DE LA CONCERTACIÓN
No puede sostenerse válidamente que la alianza denominada ‘Concertación
de Partidos por la Democracia’ representase ‘naturalmente’ los intereses
de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo; menos,
aún, que lo hiciese respecto de los vendedores de esa misma mercancía.
Sucedía que, a esas alturas, dicha coalición no sólo había logrado
demostrar al sector dominante su inequívoca disposición de ponerse al
servicio suyo, sino la inmensa capacidad que tenía para superar con
creces, en el cumplimiento de ese cometido, a su propia representación
‘natural’. Aunque lo hiciese ‘espuriamente’.
En efecto. Salvo casos especialmente aislados (de individuos
relacionados por vínculos familiares con las clases y fracciones de
clase dominantes, como lo eran los hermanos Adolfo y Andrés Zaldívar, el
ex intendente de Santiago Sergio Galilea, el vicepresidente del partido
Socialista Ricardo Solari, y otros), la inmensa militancia
concertacionista se componía de sectores provenientes de la pequeña
burguesía y del proletariado: hijos de empleados públicos (embajadores,
ministros, parlamentarios, jefes de servicios) o particulares
(ejecutivos o jefes bancarios, comerciantes medios, jefes de casas
comerciales), hijos de obreros (construcción, ferrocarriles, minería,
textiles, servicios) o hijos de profesionales o miembros de familias
otrora poderosas, en esa época ‘venidas a menos’. En los casos de
partidos tales como la Democracia Cristiana y Socialista, a esos
estamentos se unía un número considerable de proletariado urbano. Sin
embargo, la dirigencia de esas organizaciones estaba en manos de
estamentos medios, sensiblemente proclives al desempeño en cargos de
gobierno como forma fácil de conseguir las satisfacciones que no habían
podido obtener por otros medios.
La Concertación no tenía finalidades diferentes a las que cualquier otra
coalición semejante podía aspirar, a saber, realizar ampliamente los
propios intereses de grupo, expresados en dos circunstancias
trascendentales:
1.Perpetuación de la alianza; y
2.Impulso a la línea de cada partido.
1.La perpetuación de la alianza se resumía en dos proposiciones
centrales cuales eran a) asegurar permanentemente el triunfo de la
coalición y de sus partidos en cada evento eleccionario, y b) asegurar
la aplicación de políticas que no pusieran en peligro la unidad de la
alianza. El triunfo de la coalición en las elecciones que habían de
sucederse en el futuro implicaba el exhaustivo empleo de los recursos
del estado con esos fines, dentro de los márgenes del derecho; la
aplicación de políticas que no pusieran en peligro la unidad de la
alianza implicaba el compromiso de su dirigencia de evitar por todos los
medios posibles cualquier intento de realizar reformas radicales al
sistema.
La perpetuación de la alianza se interpretó de una manera bastante
práctica: en la medida que cada partido individualmente considerado
prolongase su existencia en el tiempo, también lo haría la alianza. Y un
partido se perpetuaba si mantenía o superaba el número de
representantes en el Parlamento o las Municipalidades. Las tareas
comenzaron a orientarse en torno a esa finalidad cual era ganar las
elecciones. Lo cual implicaba establecer formas de financiamiento para
alcanzar tal cometido.
2.El derecho que tenía cada partido a impulsar su propia línea política
era indiscutible; estaba, no obstante, limitada por la imposibilidad de
intentar medidas que pusiesen en peligro la unidad de la alianza. Un
parlamentario de la Concertación, en una inequívoca referencia a este
principio, llegaría a definir la política en idéntico sentido, señalando
que era ‘el arte de hacer sólo lo posible’; cerraba, con ello, toda
posibilidad de intentar reformas de cierta magnitud. Los partidos, sin
embargo, habían descubierto que, a través del uso de los cargos de
gobierno, era posible imponer, si no toda, al menos parte de su línea
política. Y eso constituía, al menos, una esperanza. La distribución de
cargos se transformó en una de las tareas prioritarias y,
consecuentemente, en fuente de disputas.
Era lógico que la aplicación de semejantes principios condujese a la
realización de ‘prácticas’ reñidas con el interés de las grandes
mayorías nacionales. El concepto de ‘discurso político’ se contrapuso,
definitivamente, al de ‘práctica política’. Porque si había de
asegurarse la reproducción partidaria o, lo que era igual, la
perpetuación en la dirección del país tanto del partido como de la
alianza, también se necesitaba hacerlo con toda su dirigencia y su
representación parlamentaria. La manera de echar mano a los recursos
fiscales fue simple: la dictadura pinochetista había entregado las
armas. Lo único que se requería era aplicar cuatro leyes: aquella que
permitía el uso de fondos reservados, la que establecía indemnizaciones
para quienes fueran separados de sus cargos, la que permitía la creación
de proyectos para el empleo mínimo y la que creaba la ‘Beca Presidente
de la República’. La Concertación tomó, entonces, a su cargo, la
aplicación de estos cuatro cuerpos legales. Y para hacerlo, su
dirigencia debió imponerse haciéndose, por ello, ‘autoritaria’. Las
tareas que iban a realizarse requerían la formación de un cuerpo
especial de sujetos; eso significaba seleccionar y unir a personas de
absoluta confianza de la dirigencia. ¿Dónde reclutarlas? La solución
estaba a la mano: el padre, el hijo, la mujer, el marido, el tío, el
sobrino, el amigo de la dirigencia; el ‘nepotismo’ invadió los
servicios, montado sobre la desatinada creencia según la cual el acervo
teórico del causahabiente también era posible adquirirlo en virtud de la
transmisión genética. Los Schnacke reprodujeron a otros Schnacke, los
Allende a otros Allende, los Frei a otros Frei, los Aylwin a otros
Aylwin, los Tomic a otros Tomic, los Bachelet a otros Bachelet, los
Gumucio a otros Gumucio, los Navarrete a otros Navarrete, los Tohá a
otros Tohá, los Joignant a otros Joignant. Y hasta los Estévez, los
Maira, los Bitar, los Portales, los Tironi, desconocidos antes,
ingresaron a la escena política para disputar cargos estatales que
buscaban dejar a su descendencia en calidad de legado. ¿Proteger el
interés de las clases dominadas? Nada de eso: sólo pensando en sí mismo
se pensaba en los demás. Y para ello, las organizaciones políticas y sus
dirigentes, aprovechando los vínculos que mantenían con el estado,
crearían empresas cuya finalidad sería participar en los negocios de
aquel. Una inmensa correa trasportadora de influencias y personajes
comenzaría a operar impunemente para resolver los problemas de desempleo
de los ministros, subsecretarios, parlamentarios o altos jefes de
servicios, en caso de despido. El camino hacia y desde el sector privado
se haría cada vez más expedito para esos sujetos. Jaime Estévez bien
podía pensar en pasar de Presidente del Bancoestado a dirigir el Banco
de Chile, comprado por Andrónico Luksic con créditos concedidos por
aquel; era una forma de cobrar por los servicios prestados desde el
gobierno. Pablo Piñera, demócrata cristiano concertacionista, hermano de
Sebastián, ex subsecretario de Obras Públicas, ex director ejecutivo de
TVN, director de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado EFE, bien
podía asociarse con Andrés Navarro, también demócrata cristiano, dueño
de SONDA, empresa que iría a fabricar el software del Transantiago;
Enrique Méndez, ex marido de la que fuera Ministra de Defensa de
Michelle Bachelet, Viviana Blanlot, lo haría tomando para sí la gerencia
general del Administrador Financiero del Transantiago (AFT); Blas
Tomic, de la empresa de Buses Alsacia, pasaría a desempeñarse en calidad
de presidente del Metro; Eduardo Bitrán pasaría de la gerencia de
SALCO-Brand a ocupar el cargo de ministro de Transportes de Michelle
Bachelet; el socialista Germán Correa, luego de su borrascoso paso por
el Ministerio de Transportes, asumiría la presidencia de la Fábrica de
Carrocerías para Buses ‘Cuatro Ases’, para salir de allí en medio de
escándalos financieros; Edmundo Pérez Yoma, hijo de quien fuera ministro
del Interior de Eduardo Frei Montalva, Edmundo Pérez Zujovic, ultimado
en el pasado por un comando de la Vanguardia Organizada del Pueblo
(VOP), luego de desempeñarse en calidad de ministro de Defensa de la
Concertación y, posteriormente, embajador, se haría dueño de la empresa
de buses EPYSA. De esa manera, a poco andar, la Concertación, que se
había creado para organizar un nuevo Chile, diferente del que había
entregado la dictadura, era vencida por la venganza del pasado y
comenzaba a realizar la ‘practica política’ de aquella, aunque
―necesario es decirlo― en democracia. La pequeña burguesía que
conformaba la dirigencia concertacionista, ya a cargo del gobierno de la
nación, como por arte de magia se transformó en ‘clase reinante’ para
asumir el ineludible rol que le correspondía de desorganizadora política
de las clases dominadas y organizadora política de las clases
dominantes.
En cumplimiento de esa labor, la Concertación aisló y neutralizó a las
organizaciones sociales que podían hacerle presente intereses
contradictorios a los suyos, dando pleno apoyo a aquellas que le eran
dóciles, leales o estaban preocupadas de su supervivencia, como la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y ciertas ‘organizaciones no
gubernamentales’ (ONG), la mayoría de las cuales, paradojalmente,
necesitaban del subsidio estatal (gubernamental) para subsistir. Estas
asociaciones, junto a otras que vendían sus informes al gobierno o
confeccionaban estudios para las reparticiones fiscales, se
convirtieron, rápidamente, en ‘clase apoyo’ del Bloque en el Poder. Pero
faltaba algo más.
El temor al despido, la necesidad de proteger el empleo, hizo que muchas
personas comenzasen a justificar los actos de sus superiores. Poco a
poco, esa ‘práctica’ se convirtió en costumbre. Ya no había interés
alguno en resolver los problemas de las clases dominadas, sino los
propios. La complicidad entre jefes y subordinados se hizo presente con
la fuerza de un huracán. Esta justificación se hizo más intensa en tanto
más arreciaban los ataques de la Alianza por Chile, representantes
naturales de la clase compradora de fuerza o capacidad de trabajo. El
terreno se encontraba apto para que, al amparo de la corrupción y el
desatino, se organizara una ‘clase mantenedora’ del estado, preocupada
solamente de cuidar tanto sus ‘pegas’ como la seguridad de quienes le
daban trabajo.
Así, el camino estaba expedito para que un gobierno como el de Verónica
Michelle Bachelet Jeria enfrentase a los trabajadores forestales como ya
lo había hecho con los adolescentes durante las protestas estudiantiles
del otoño de 2006, con los deudores habitacionales, con los
trabajadores subcontratados del cobre o con los pescadores artesanales
de Bío Bío. Lo que iría a suceder en Curanilahue no debía, pues,
sorprender a nadie.
5.
LOS HECHOS PREVIOS
LA VIDA SIMPLE DE UN TRABAJADOR FORESTAL
Que un sistema social se reproduzca significa, simplemente, que su
estructura toda, íntegra, se prolonga de manera invariable en el tiempo.
Reproduce, en consecuencia, su organización en clases sociales de modo
que también lo haga cada una de éstas y sus fracciones, en el caso de
haberlas. En una sociedad como la capitalista, los compradores de fuerza
o capacidad de trabajo han de producir compradores de idéntica
mercancía en tanto los vendedores de la misma lo han de hacer con sus
homónimos; así, inexorablemente, los patrones producirán patrones en
tanto los obreros lo harán con los obreros. De esa manera, la sociedad
alcanzará el equilibrio que le permite perpetuarse: un pequeño grupo de
ganadores va a estar generando permanentemente ganadores mientras el
vasto sector de los perdedores lo hará con los suyos. Tal constante no
deja de resultar profundamente amarga.
No debe sorprender, pues, que Rodrigo Alexis Cisternas Fernández, hijo
de un obrero forestal, apenas terminado su Cuarto Medio, reprodujese la
especie de su progenitor, buscando trabajo en la empresa ‘Jarvis’, que
arrendaba operarios a la empresa ‘Bosques Arauco S.A.’. Rodrigo comenzó a
desempeñarse como obrero en uno de los aserraderos a la vez que en
labores de cosecha, actividades extremadamente duras dentro del rubro de
la explotación maderera. Un año antes, cuando recién cumplía los 17
años, estando en la parcela de su madre, había conocido a una guapa niña
de 14 años llamada Evelyn Sanhueza, y no sospechaba que ese encuentro
se prolongaría por los exactos nueve años que le restaban de vida. En
esa mezquina dimensión de espacio y tiempo alcanzaría tanto a reproducir
su especie de productor efectivo (o potencial) de plusvalor como a
dejar una lección de solidaridad a las generaciones futuras, cuestiones
ambas más que suficientes para justificar su existencia.
El romance, que comenzó ese mismo día, culminó, a los pocos años, en
matrimonio. Porque, como todo ser humano, Rodrigo creía tener derecho a
formar familia, de acuerdo a las costumbres y leyes chilenas. Por lo
demás, tanto Evelyn como él eran jóvenes; el futuro parecía sonreírles
y, además, en todas partes se hablaba del modelo chileno y de su éxito
innegable: las exportaciones crecían y hasta los índices de desempleo
acusaban una leve tendencia hacia la baja. Las expectativas se
presentaban más que promisorias: en dos años terminaría el gobierno de
Eduardo Frei Ruiz-Tagle y existía la casi certeza que Chile ya tendría
un presidente ‘socialista’. En realidad, los sectores desposeídos
alimentaban sus esperanzas en la persona de Ricardo Froilán Lagos
Escobar pues la palabra ‘socialismo’ siempre ha sido como una varita
mágica en manos de un ‘hado’ o hada madrina, a cuya sola mención toda
injusticia social había de desaparecer. Ricardo Lagos, patrono de los
imposibles, reliquia de los desamparados, arrancado de una de las peores
pesadillas de Pinochet, apuntando con su índice al tirano en la
pantalla de televisión, realizaría todo lo que Allende no pudo llevar a
cabo. Rodrigo, llevado por esa excitación que, a veces, hasta arranca
lágrimas al elector incauto, también sentía crecer sus expectativas de
hombre humilde.
Sin embargo, tales expectativas eran infundadas: Ricardo Lagos iría sólo
a profundizar la tendencia que ya acusaba el conglomerado
concertacionista hacia el fortalecimiento del poderoso en desmedro del
débil, presente en la sociedad chilena desde el advenimiento de Patricio
Aylwin. Porque, si bien es cierto que los índices oficiales confirmaban
una leve tendencia a la baja en los índices del desempleo, también los
salarios ―y, en general, el poder adquisitivo de toda la población―,
experimentaban un fenómeno similar. En tanto más se empobrecía la masa
ciudadana, Chile se hacía más competitivo, de acuerdo a los
requerimientos de las clases y fracciones de clase dominantes. El éxito
del modelo no era el éxito de la población marginal, sino de los ricos.
Pero el ciudadano común, el demócrata no exigente, el sujeto que
acostumbra a vivir de ilusiones o hace del ‘wishfull thinking’ su forma
de vida, le bastaba tan sólo saber que un ‘socialista’ se haría cargo
del gobierno de la nación y que, por el mismo motivo, todos sus
problemas se resolverían mágicamente de una u otra manera. Tarde o
temprano.
Los seres humanos viven, a menudo, perseguidos por casualidades
asombrosas, generalmente inexplicables. Rodrigo casó un tres de mayo con
Evelyn, para engendrar en ella sólo un hijo y conformar con ambos una
familia de tres miembros. Un tres de mayo, años más tarde, conduciendo
una retroexcavadora en el curso de una protesta sindical, sería
crucificado por tres exactas balas, tres exactos proyectiles arrancados
de las armas de los efectivos policiales, enviados allí para sofocar la
rebelión laboral.
Casarse significa tan solo aquello: contraer matrimonio. Casarse no
implica formar un hogar, pues éste presupone la existencia de la
madriguera, la cueva, el hábitat o lugar físico que cobija a la familia.
El acceso a una casa no es fácil para el ciudadano medio; menos, aún, a
la vivienda propia. Así sucedía, también, en Chile, nación por entero
dependiente del sistema capitalista mundial. Las antiguas Cajas de
Previsión, que en otra época construyeran para sus afiliados los grandes
bloques habitacionales (‘poblaciones’ y ‘villas’) o les ayudaran a
financiar la compra de alguna casa o departamento en construcción o ya
construida (o), habían sido disueltas por el régimen militar y
traspasados sus bienes a entidades privadas que los empleaban en
operaciones especulativas. La vieja Corporación de la Vivienda (CORVI)
había sido transformada en receptáculo y tramitadora de solicitudes de
subsidio habitacional, forma a través de la cual el estado, a través de
la entrega de una suma no superior a las 150 o 200 unidades de fomento
al ‘sin casa’, se eximía de la obligación de velar por el bienestar de
sus súbditos. Para poder proporcionar techo a su mujer y al hijo que
estaba por venir, Rodrigo debió conversar con Vilma, la hermana con
quien se había criado, y pedirle autorización para vivir en su casa.
Así, el joven cambió su ‘status’: de la calidad de ‘sin casa’ que tenía,
evolucionó a la de ‘allegado’ que era un grado superior a aquella; pero
ese ascenso no alteró la situación de su familia que continuó siendo
difícil. Y como la naturaleza no espera que la situación económica de
los seres humanos mejore para proceder, Evelyn dio a luz aquel varón que
Rodrigo, un tanto machista, esperaba.
A la manera que sucedía en el poema de José Zorrilla, también en el sector de Curanilahue
“pasó un día y otro día,
un mes y otro mes pasó,
y un año pasado había […]”
Junto a las grandes carreteras del sector que unían pueblos y ciudades,
las empresas forestales crecían, se hacían poderosas. Rodrigo tenía la
certeza que la solución para la precaria situación económica que vivía
tanto él como su familia sería desempeñarse como chofer de camiones
dentro de la misma empresa. Sin embargo, en noviembre de 2006, quedó
cesante. A pesar de estar sin dinero, intentó durante esos meses, por
todos los medios, obtener la cédula para conducir vehículos pesados. La
suerte le fue adversa: el trabajo estable le resultaba tremendamente
escurridizo. Paradojalmente, los índices estadísticos seguían arrojando
cifras que daban cuenta de una sostenida tendencia a la baja del
desempleo. Pero había mucho de verdad en tal aserto, porque numerosas
personas habían comenzado ya a aceptar las condiciones contenidas en esa
figura jurídica llamada ‘subcontratación’ que permitía respetar las
leyes sin aplicarlas; y, a pesar de ello, no dejaba de ser curiosa la
repetida y plañidera exigencia de los patrones en torno a aumentar la
‘flexibilidad laboral’, eufemismo en virtud del cual se ocultaba el
derecho que se concedía a los patrones para intensificar la explotación
de los trabajadores, concediendo a aquellos la facultad de bajar las
remuneraciones, diferir su pago, efectuar despidos sin sujeción a norma
alguna, contratar esquiroles en caso de huelga, contratar personal por
tiempo determinado, etc. La situación se tornó extremadamente difícil
para la familia. El niño había crecido, exigía alimentos y vestuario.
Rodrigo se desesperaba. En declaraciones que, luego del asesinato de su
marido, entregara a los medios de comunicación, Evelyn relataría, al
respecto:
“Él decía que le daba pena que su hijo anduviera con ropa regalada. Yo
le decía que mientras no le faltara nada, eso no importaba. Pero él
quería surgir y que el niño tuviera buena educación. A veces pedía plata
para una colación y no había para comprarle nada. Rodrigo lloraba y
decía que no sabía qué hacer […]”
En ese período, Evelyn decidió tomar las riendas de la familia
empleándose en una de las casas del sector en calidad de ‘asesora del
hogar’, oficio que aún permanecía vigente en la sociedad chilena como
resabio de antiguos modos de producción heredados del conquistador
europeo. La ‘asesoría del hogar’ no era sino la antigua ‘servidumbre
doméstica’, instituida en los siglos anteriores, en virtud de la cual
una o varias personas, generalmente de sexo femenino, realizaban para
otro las tareas que le demandaba la diaria mantención del hogar.
Para atender al niño, Rodrigo y Evelyn debieron turnarse. A poco de
producido el asesinato del joven obrero, relataría Evelyn, acongojada:
“Él eran sus ojos. Cuando yo trabajaba (como asesora del hogar), él lo cuidaba y lo iba a buscar al colegio. Se amaban”.
El joven obrero jamás olvidaba sus objetivos. Por eso, cuando, el 15 de
marzo de 2007 fue incorporado, nuevamente, al servicio de la empresa
‘Bosque Arauco S.A.’ en el carácter de cargador de camiones, comenzó a
preparar intensamente la organización de lo que sería su hogar:
arrendaría una pieza en algunas de las casas o pensiones de Curanilahue,
se trasladaría allí con su mujer e hijo y dejaría de ser una carga para
su hermana Vilma. Las gestiones que hizo en tal sentido muy pronto
rindieron frutos: había encontrado una habitación en el sector de ‘La
Quila’ cuyo arriendo le costaría solamente veinte mil pesos mensuales.
Rodrigo se decidió. Contrató la pieza y fijó como fecha para el cambio
el domingo 29 de abril. Para el martes 1 de mayo, día consagrado en el
almanaque para rendir homenaje a los mártires de Chicago, sería un
hombre independiente.
DELIBERACIONES SINDICALES
En la misma época que Rodrigo preparaba el traslado de su grupo familiar
a la pieza arrendada en el sector de ‘La Quila’, localidad de
Curanilahue, los dirigentes de los sindicatos madereros se
autoconvocaban constantemente y, en repetidas ocasiones, convocaban a
sus bases a fin de informarles acerca de las gestiones realizadas,
analizar con ellas las diferentes proposiciones y adoptar acuerdos sobre
el particular.
Era de todos conocido el hecho que el presidente de la Federación de
Sindicatos Forestales José González, en cumplimiento de lo dispuesto por
la asamblea, había comunicado a ‘Bosques Arauco S.A.’ la negativa de
los trabajadores a aceptar el aumento de remuneraciones propuesto por la
empresa ―que iba de un 4 a un 38% según el monto del sueldo
respectivo―, provocando la furia de aquella y la consiguiente ruptura de
todo tipo de conversaciones. En realidad, con tal resolución la empresa
‘Bosque Arauco S.A.’ retrotraía el estado del conflicto a sus
comienzos, se marginaba de las negociaciones y traspasaba, en
consecuencia, la responsabilidad de hacerlo a las empresas
‘contratistas’.
Pero si bien la medida era indicativa de la abierta hostilidad que la
compañía manifestaba hacia el movimiento sindical, aquello no era óbice
alguno para las deliberaciones de los trabajadores en torno al qué
hacer. Por eso, en la reunión siguiente, la discusión de todos ellos se
orientó, como era de esperarse, a analizar los pasos a seguir. Las
proposiciones más racionales que, en definitiva, predominaron fueron
aquellas que encomendaban a la dirigencia volver a tomar contacto con la
Iglesia Católica, con parlamentarios oficialistas proclives al
movimiento y con el propio Gobierno a fin de solicitar a todos ellos su
mediación en el conflicto.
Hasta ese momento existía pleno conocimiento acerca del rol
que, por intermedio del Arzobispado de Concepción, había jugado la
Iglesia Católica en favor de las demandas de los trabajadores. No
obstante, en caso de no lograrse un avenimiento entre las partes, la
preocupación más grande de la autoridad eclesiástica local, representada
por Monseñor Ricardo Ezzati, era evitar que se tornara aún más crítica
la situación. Esta posición no debía extrañar; también al interior de la
Iglesia, como institución que era, se discutía la grave situación de
los sectores postergados. En esa época existía convencimiento casi
generalizado en torno a estimar que el grado de explotación de los
vendedores de fuerza o capacidad de trabajo había alcanzado niveles
inaceptables. Así, en una ceremonia convocada por el Centro de Padres y
Apoderados del Colegio ‘Patrocinio de San José’, de Santiago, realizada
en el curso del mes de abril de ese año, denunciaba su rector, un
sacerdote salesiano, que tan solo el 1% de todos los chilenos podía
alegar tener un trabajo digno. Y, tres meses más tarde, el presidente de
la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, exigiría del
Gobierno y de los empresarios lo que llamaría un ‘sueldo éticamente
aceptable’ para todos los trabajadores del país. En realidad, este
problema de las bajas remuneraciones era de sobra conocido. Por eso
escribía Carlos Hunneus, en un artículo publicado el 10 de mayo de 2007,
en el diario ‘La Tercera’, intitulado ‘¿Sueldos de hambre?’, lo
siguiente:
“Los bajísimos sueldos de los trabajadores son una triste realidad en
nuestro país, insostenible frente al crecimiento económico y las grandes
utilidades de las empresas. Si algo ha faltado en el debate económico y
político en Chile, ha sido polemizar sobre los sueldos de hambre que
pagan gran parte de las empresas privadas y el propio Estado”.
De esa manera, reunidos en asamblea plena y en conocimiento de la buena
voluntad manifestada por Monseñor Ezzati por involucrarse en tales
problemas, los trabajadores insistieron en la necesidad de solicitar la
mediación de la Iglesia en el conflicto. Y a pesar que la generalidad de
todos ellos sabían de la profunda aversión que, en numerosos sectores
del Gobierno, se sentía por el desarrollo del conflicto, también
acordaron solicitar la mediación del mismo por intermedio de la
intendenta María Soledad Tohá Veloso.
No se crea, sin embargo, que ‘toda’ la Concertación estaba comprometida
en la ejecución de medidas contrarias al interés de las clases
dominadas. Como institución que era, también en su interior se
desarrollaba una intensa lucha de clases en la cual los defensores de
los marginados llevaban la peor parte. En el conflicto de los
trabajadores forestales sólo tres de sus parlamentarios se habían hecho
presentes para solidarizar con el movimiento sindical. Estos eran los
senadores Mariano Ruíz-Esquide Jara (de la Democracia Cristiana) y
Alejandro Navarro Brain (del Partido Socialista) junto al diputado
Manuel Monsalve Benavides (también del Partido Socialista). Tal hecho no
exculpaba ciertamente a la Concertación, como cuerpo político, de su
responsabilidad frente a lo que sucedía e iba a suceder. Que tres
personas de un conglomerado tan vasto hubieren manifestado su
contrariedad frente al proceder de una empresa y de los organismos de
gobierno significaba tan sólo eso: la actuación de sólo tres integrantes
de un enorme cuerpo social, pues como bien lo expresa un conocido
refrán, ‘una golondrina no hace al verano’. Pero, ¿bastaba que esos tres
parlamentarios apoyasen a los trabajadores forestales para exculparlos a
ellos de su cooperación con los sectores dominantes o, en otras
palabras, para exonerarlos de su complicidad con la línea política de la
Concertación que era, precisamente, la que hundía a los trabajadores
forestales? No, por cierto. Los parlamentarios chilenos, en esos meses,
percibían ingresos que superaban los 14 millones de pesos. Remunerados
con dineros aportados por toda la comunidad, eran los mejor pagados de
toda América Latina. ¡Qué fácil resultaba, entonces, para ellos, que
vivían con rentas superiores, incluso, a las de ‘los de arriba’,
solidarizar con ‘los de abajo’! ¡Qué fácil les resultaba defender a los
que ganaban poco cuando ellos mismos se asignaban rentas escandalosas!
¡Qué fácil les resultaba su lucha por los desamparados cuando gozaban de
tan escandalosos privilegios!
Una vez más, la Iglesia accedió a intermediar ante la empresa,
convencida de la justicia de las peticiones de los trabajadores; también
lo hizo el Gobierno. Sin embargo, ambas intermediaciones no se
extendieron más allá de urgir a las partes por la reanudación del
diálogo. Era la ocasión que esperaba la empresa para alterar su
proposición inicial y mostrar otra alternativa que, oculta tras una
atractiva fórmula, reducía el monto total de la anterior ofreciendo
aumentos salariales que iban de 20 mil a 40 mil pesos según el tipo de
sueldo de que se tratara. Naturalmente, la asamblea de trabajadores
rechazó, indignada, la nueva propuesta. En ese momento se daban por
agotadas todas las instancias de un posible diálogo. La solución de la
fuerza era la única que se presentaba como alternativa. A ella se abocó
la asamblea de trabajadores.
La idea más socorrida era la de un paro de actividades con carácter de
indefinido. Pero la adopción de tal medida no impedía a la empresa tomar
las suyas y asegurar la continuidad del proceso productivo, incluso,
con la contratación de esquiroles. A fin de evitar que tal posibilidad
llegase a concretarse, los trabajadores decidieron adoptar una medida
más atrevida aún cual era la interrupción del flujo vehicular hacia y
desde la empresa. El paro de marzo le había reportado al consorcio
pérdida de entre 2,5 a 3 millones de dólares diarios; tales guarismos
podían volver a repetirse, pero si aquello poco interesaba a la empresa
menos iba a preocupar a los trabajadores la totalidad de cuyas demandas
eran del todo inferiores a las pérdidas anotadas por ‘Bosques Arauco
S.A.’ en un solo día.
En efecto. Una vez firmado el protocolo de acuerdo que daba solución al
conflicto, el costo total del bono otorgado a los obreros apenas
alcanzaba a medio día de pérdida, como lo consignara Francisco Herreros
en su artículo:
“El incremento salarial de 65 mil pesos al mes a los ocho mil
trabajadores en conflicto significa 520 millones de pesos, es decir, un
millón de dólares, o si se prefiere, la mitad de la ganancia en un solo
día.
En suma, un autorretrato del modelo”.
Tales cifras, conocidas por los dirigentes, no constituían para ellos
el fundamento moral de sus peticiones que se apoyaba, más bien, en la
apropiación reiterada, por parte de los patrones, de la parte de las
utilidades que les correspondía a ellos en su calidad de verdaderos
generadores de la riqueza. Pascual Sagredo lo expresaría, más tarde, con
las siguientes palabras:
“Si están perdiendo 2,5 millones de dólares diarios es porque los
quisieron perder. Esa cifra no tiene ninguna comparación con el querer
dar a sus trabajadores lo que le han robado por años. Nunca han pagado
horas extra, hacen trabajar a la gente como en la prehistoria y nosotros
sólo pedimos que nos paguen los que corresponde y además el 40% de
reajuste […]”
En realidad, la forma de trabajo a que eran sometidos los operarios
forestales por parte de los ejecutivos de la empresa excedía los límites
de la resistencia humana. En el caso de Rodrigo Cisternas, denunciaba
Jorge Rojas lo siguiente:
“La jornada era dura. Salía de su casa a las cuatro de la tarde y
regresaba a las siete u ocho de la mañana del día siguiente; dormía un
par de horas y se levantaba para arreglar a su hijo antes que saliera
hacia el colegio. Volvía a dormirse y retornaba al trabajo. El mes que
alcanzó a trabajar ganó 60 mil pesos”.
Rodrigo hacía turnos. Cuando no salía en la tarde lo hacía en la mañana. Según Evelyn,
“Estaba cansado. Hacía turnos largos y no le pagaban horas extras. Salía a las 6 de la mañana y llegaba en la noche”.
En una agitada reunión celebrada el viernes 27 de abril, con la
asistencia de todos sus dirigentes sindicales (Pascual Sagredo, Jorge
González, Alex Silva, Juan Miranda, Erik Aguilera, Sergio Gatica, entre
otros) y representantes de la CUT local, acordaron los trabajadores
iniciar un paro indefinido de actividades, a partir del domingo 29 a las
13 horas exactas. Aunque algunos propusieron la interrupción del flujo
vehicular hacia y desde la empresa, instalando barricadas en la Ruta 160
que une las provincias de Concepción y Arauco, en el lugar donde estaba
situado el ingreso a la planta de Horcones, la idea fue desechada. Era
necesario volver a conversar con los ejecutivos. Pero el conflicto se
agravaba. Y la ‘toma’ de la carretera ya estaba presente en la cabeza de
algunos trabajadores.
Entre el domingo 29 y el lunes 30 las plantas de la empresa aparecieron
mudas. Grupos de trabajadores se paseaban por la carretera conversando
animadamente. El 1 de mayo, día internacional de los trabajadores, la
huelga de los obreros madereros se había transformado en un hecho. Y
mientras aquello sucedía en la Ruta 160, en las ciudades de Santiago y
Concepción, la alta dirigencia política y empresarial demócrata
cristiana realizaba frenéticas discusiones cuyo tenor era casi siempre
el mismo: el orden debía restablecerse en la zona y ponerse fin al
movimiento sindical. Belisario Velasco, ministro del Interior, demócrata
cristiano, conversaba con su subsecretario, Felipe Harboe, militante
del PPD, recordándole que debía, a la brevedad, restablecer el principio
de autoridad y que para ello había de emplear todos los medios
disponibles a su alcance, entre otros, comunicarse con el gobernador de
Arauco, también PPD, Álvaro Rivas Rivera. Como lo hemos señalado
anteriormente, el señor subsecretario del Interior ―como en su tiempo lo
hiciera Pinochet y, en esos meses, quien fuera su ministro de Economía
Fernando Léniz― estaba convencido que los obreros madereros eran un
juguete en las manos del Partido Comunista, opinión que era de dominio
público en la asamblea. Jorge González lo denunciaría con las siguientes
palabras:
“Sabemos que el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, tiene una pésima opinión del movimiento forestal […]”
Así, pues, Velasco habló con Harboe y Harboe lo hizo con Rivas, para que
en esos agitados días también se realizara en ellos la bíblica comisión
de un Herodes mandando a Pilatos, Pilatos haciéndolo con su gente para
que el resto del Gobierno resultase del todo inocente.
El día 1 de mayo, los trabajadores forestales se dieron cita en la
carretera, frente a la entrada de la planta de Horcones. En Concepción,
correspondía al Arzobispo de esa diócesis pronunciar una homilía en el
acto que, año a año, se realizaba en la Catedral penquista como forma de
rendir homenaje al trabajador. Las palabras de Monseñor Ezzati no
pudieron ser más oportunas pues, al referirse en dicha homilía a la
equidad que debe existir entre trabajadores y empresarios, hizo una
clara alusión a la acumulación capitalista. El lucro indebido, indicó el
Arzobispo, desnaturaliza la dimensión humana del trabajo pues toda
riqueza debe ser compartida por quienes permiten su generación.
A esas alturas, Rodrigo estaba por entero dedicado a las labores
sindicales. Participaba en todas las reuniones y acudía para reforzar a
los grupos encargados de vigilar las barricadas.
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Publicado
el : |2007-09-29| 
