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Manuel Acuña Asenjo - Estocolmo,Octubre de 2006
¿Un mundo feliz? De ninguna manera. Simplemente, un mundo
diferente. Un mundo que se organizó sobre la base de la fuerza sindical
En Chile, país latinoamericano del Cono Sur, trazo
geográfico extendido entre el océano Pacífico y los Andes, pudo una
dictadura sanguinaria, en la cuarta parte del pasado siglo, imponer
exitosamente un modelo social elogiado hoy no sólo por el estamento
dirigente criollo (académicos, empresarios, políticos), sino además por
los mandatarios y clases dominantes de otras naciones. Milagro, le han
llamado, apelando a la obra de una divinidad.
Milagro
económico. Porque, cuando tales estamentos quieren obviar el nombre del
productor de la riqueza acumulada, recurren a invocar a la divinidad y
atribuir a un acto suyo lo que deberían llamar, simplemente, mayor
extracción de plusvalor. Entonces, cuando se hace presente alguna
protesta y las clases dominadas salen a la calle a reclamar por sus
derechos, la dirigencia no encuentra nada mejor que atribuir esa
circunstancia a la acción de sectores empeñados en causar problemas a
quien se sienta en el sillón de la presidencia de la nación. Los
movimientos sociales pasan, por consiguiente, a ser obra de sujetos
malvados.
Es un hecho cierto que la historia jamás hace críticas de sí misma. Por
eso, cada sociedad mira hacia el pasado como si fuese producto suyo en
lugar de reconocerse, precisamente, en el carácter de resultado de
aquel. Chile no es una excepción a esa constante: también el presente es
el modelo del pasado.
Porque el hoy es una culminación, el más alto grado al que
―presuntamente― puede llegar el desarrollo de la nación. El argumento es
el siguiente: el hoy es el universo dentro del cual hacen su aparición
todos los adelantos técnicos de los que no dispuso el ayer; el pasado
es, por consiguiente, ‘atraso’. Tal raciocinio, asombrosamente simple,
permite juzgar severamente a quienes nos precedieron, por el solo hecho
de no haber dispuesto de los medios que nos ofrece hoy tal presunto
‘desarrollo’ de la sociedad. La historia se transforma en el espejo
donde se reflejan nuestras formas de ser: la hemos hecho retrospectiva
para poder justificar tanto nuestra propia miseria como las
desigualdades aberrantes de cuyo establecimiento hemos sido cómplices.
En el Chile predictatorial (¿no sucedió, acaso, de manera similar con
los demás países latinoamericanos? ¿No sucedió así en todas las
naciones?) podían los trabajadores, simples vendedores de fuerza o
capacidad de trabajo, ejercer un sinnúmero de derechos. Conquistas
laborales obtenidas tras largas luchas y jornadas de desvelo, logros de
extraordinario contenido social se tradujeron en disposiciones legales
repartidas a lo largo y ancho del frondoso bosque de la juridicidad
criolla. El esfuerzo de las generaciones que nos habían precedido estaba
allí, vigente, vivo, presente en beneficios que cada asalariado podía
ejercer sin restricción alguna. Recordemos algunos de ellos. Atrevámonos
a mirar el pasado como parte de nuestras vidas. Asombrémonos de lo que
hemos perdido. Comparemos. Estremezcámonos ante la sociedad que dejamos
en calidad de legado a nuestros propios hijos. Seamos capaces de
contemplar, de una vez por todas, nuestra propia miseria. Recuperemos la
memoria histórica.
En el Chile de antes de la dictadura, existía un derecho indiscutible;
se le llamaba propiedad del empleo, y podía resumirse en una frase
extremadamente simple: ninguna persona podía ser despedida sin causa
justificada, cambiada de grado o trasladada de su lugar de trabajo sin
que ella lo consintiese expresamente. Nada amenazaba la estabilidad del
trabajador, a pesar de la discriminación legal que distinguía entre
obreros y empleados según predominasen las labores manuales o
intelectuales en el trabajo. Existía, por consiguiente, seguridad en el
empleo. Si, por cualquier motivo, trasgredía algún empresario las
disposiciones legales, tal circunstancia se ponía en conocimiento de los
tribunales especiales para que éstos se pronunciasen al respecto, sin
perjuicio de la fiscalización que sobre las condiciones laborales tenía
una institución de Gobierno denominado ‘Dirección del Trabajo’. Este
organismo tenía facultades para aplicar fuertes multas a las empresas en
caso de sorprenderlas en infracciones al Código del Trabajo o leyes
complementarias.
Al igual que existía estabilidad laboral, también era posible descubrir
en el mundo del trabajo una suerte de estabilidad ‘remuneracional’:
sueldos y salarios, categorías establecidas para empleados y obreros,
según su calidad, no podían reducirse por la sola voluntad del
empleador. Fijado el monto de la remuneración del trabajador, le estaba
estrictamente vedado al patrón cualquier intento suyo de reducirlo. En
consecuencia, los pagos que debía recibir el trabajador no dependían del
éxito de los negocios del empresario: eran estables. El riesgo era de
quien se aventuraba a hacer negocios (el patrón o empleador), no de su
dependiente o trabajador que escasa ingerencia tenía respecto de las
maniobras suyas.
Sin perjuicio de lo señalado más arriba, el Código del Trabajo fijaba el
tipo de remuneraciones que todo empresario debía pagar al trabajador;
dicho de otro modo, estaba establecido por ley el tipo de remuneraciones
que todo patrón o empleador había de pagar a su dependiente. Estas no
eran otras que sueldo, sobresueldo (horas extraordinarias o sobre
tiempo), comisiones, gratificaciones y participación en las utilidades;
su percepción constituía un derecho irrenunciable. El sueldo mínimo que
existía era fijado en función a una canasta mínima de necesidades, que
contemplaba factores tales como el pago de una habitación, vestuario,
alimentación, escolaridad, etc. No reflejaba, exactamente, las
necesidades del trabajador pues rápidamente se deterioraba como
consecuencia de la inflación galopante, flagelo que afectaba a la nación
en forma periódica.
Las remuneraciones de los trabajadores aumentaban, anualmente, en base a dos sistemas:
1. El primero decía relación con la mantención del poder adquisitivo de
empleados, obreros y jubilados. Se trataba de las leyes de ‘reajuste de
sueldos, salarios y pensiones’ que se dictaban año tras año, para
compensar el deterioro de las remuneraciones por efectos de la
inflación;
2. El segundo era el beneficio contemplado en el propio Código del
Trabajo que obligaba a los patrones a aumentar las remuneraciones de sus
trabajadores en un 3% a medida que cumplían un nuevo año de servicios;
éste era de un 10% cada tres años, cuando el 3% no era concedido. Se
trataba de un derecho optativo para el patrón, pero además una
obligación
La pertenencia a alguna empresa también otorgaba derechos. El trabajador
podía adquirir grados dentro de la escala jerárquica de aquella en
virtud de su antigüedad, y ascender por la misma hasta alcanzar los más
altos cargos, pues la experiencia o práctica gozaba de gran
consideración. Este derecho era conocido como carrera funcionaria. Es
cierto que ya en esos años se discutía acerca de la ‘preparación’ y
‘capacidad’ del trabajador como conceptos contrapuestos a la
‘experiencia’; los patrones habían comenzado a trabajar en función de
enemistar a los jóvenes con los viejos y acelerar, de esa manera, la
ejecución de lo que ya se conocía como ‘lucha generacional’. Se buscaba,
en el fondo, sentar las bases para la sustitución de los empleados
‘caros’ (antiguos) por los ‘baratos’ (nuevos) bajo el estigma de una
presunta necesidad de reemplazar al personal ‘no calificado’ por otro
que sí fuese ‘calificado’.
Las leyes de ese entonces obligaban a los patrones a destinar el 5% de
sus utilidades a la formación de un Fondo destinado a adquirir casas
para sus trabajadores; esta disposición no era incompatible con las
contempladas en el llamado ‘Plan Habitacional’, que también contenían
obligaciones impositivas orientadas a promover la construcción de
habitaciones en todo el país; ni, tampoco, con los beneficios concedidos
por las Cajas de Previsión. Por el contrario: estos últimos podían
sumarse a aquellos consagrados por la ley. El objetivo era acelerar una
pronta solución al problema de la vivienda.
Algo que puede hoy sorprender es la propiedad real y efectiva que los
trabajadores tenían sobre sus fondos previsionales. Cada afiliado a una
de las Cajas de Previsión del país podía ejercer control, uso y
disposición sobre los dineros que, a su nombre, depositaban los
empresarios en aquellas. Podía, por tanto, retirar gran parte de los
mismos y ocuparlos en solucionar sus propias necesidades o darlos en
garantía por mutuos obtenidos en la propia institución. Por si aquello
fuere poco, también el trabajador tenía control sobre las llamadas
‘Cajas de Previsión’, como se verá más adelante.
El derecho a jubilación comenzaba a ejercerse a partir de los 30 años de
trabajo al servicio de uno o varios patrones. Este derecho era más
generoso aún con aquellos trabajadores que debían desempeñar labores
extractivas o de mayor peligrosidad que las demás, y con aquellos que
habían celebrado pactos especiales de jubilación con sus respectivas
Cajas de Previsión. Semejante derecho permitía a los trabajadores
disfrutar de la jubilación durante un largo período de su vida: se
correspondía tal beneficio con el concepto mismo de jubilación, que
proviene de la voz latina iubilatio, indicativa del ‘júbilo’, goce o
alegría a experimentar luego de una vida de sacrificios. En la
civilización cristiana, la jubilación correspondía al término del
castigo bíblico impuesto por Yahvé a la especie humana de tener que
ganarse el pan con el sudor de la frente.
En este mismo orden de derechos, los empleados afiliados a la Caja
Bancaria de Pensiones poseían uno adicional: la jubilación podía
pactarse a partir de los 13 años de servicios. Cuando se hacía uso de
aquel, el beneficiario podía gozar de una remuneración que equivalía a
la mitad de lo que le correspondería percibir si hubiere cumplido los 30
años de servicio. Esta media pensión no era incompatible con el
desempeño de un nuevo trabajo.
Otro de los derechos que competía a los trabajadores en servicio hasta
antes del golpe militar de 1973 era la facultad que tenían para elegir a
sus propios representantes ante el directorio de las Cajas de
Previsión. En algunos casos, los representantes de los trabajadores ante
esos directorios alcanzaban a un 50% del total de sus miembros. El
presidente de la institución era nombrado por los directores, cuya otra
mitad representaba a los empresarios. El Gobierno actuaba en caso de
desacuerdo del directorio, nombrando al presidente del Consejo.
Los trabajadores pudieron elegir, además, y en casos muy especiales, a
representantes suyos ante otras instituciones públicas. Pero como casi
generalmente se trataba tan solo de un director, la posibilidad de
modificar acuerdos o influir en resoluciones abiertamente favorables a
los trabajadores era, prácticamente, nula; pero existía, de todas
manera, el derecho a voz. La Unidad Popular resolvió drásticamente este
problema concediendo representación paritaria de trabajadores y
representantes del gobierno en todas las empresas que fueron estatizadas
o compradas por el estado. De modo similar se hizo con el directorio
del Banco Central.
Una circunstancia que puede ayudar a entender acerca de cómo pudieron
ser posibles tales logros es la fortaleza que acusaban las
organizaciones sociales y sindicales del pasado. Total, la historia no
es sino el resultado de una lucha de clases, a menudo despiadada, cruel,
desatada por las clases dominantes en contra de los dominados, por
obtener cada vez mayores cuotas de plusvalor. Las clases dominadas
chilenas estaban muy organizadas, y sus herramientas sindicales y
sociales fueron gigantescas, extraordinariamente sólidas y
económicamente fuertes. Existían poderosos sindicatos, grandes
federaciones de sindicatos, enormes asociaciones de empleados fiscales.
El poder de los trabajadores alcanzaba tal magnitud que, incluso,
durante el gobierno de la Unidad Popular, las organizaciones sociales
fueron capaces de darse la estructura orgánica que mejor se avenía a sus
propios intereses, aún cuando la ley establecía formas diferentes para
hacerlo. En algunos sindicatos fue frecuente el uso de la ‘licencia
gremial’, facultad que se concedía a ciertos dirigentes sindicales para
asistir o no al trabajo y dedicar ese tiempo libre a la defensa y
atención de los intereses de los afiliados a su organización.
Como ya se ha expresado, todos estos beneficios o conquistas sociales,
fruto de largas y agobiantes jornadas, no sólo se mantuvieron durante el
período de la Unidad Popular, sino en su generalidad se profundizaron.
El trabajador decidía, en gran medida, no sólo el rumbo de las empresas
estatizadas, sino hasta el de los organismos públicos. Fue natural, por
consiguiente, que tales impresionantes avances sociales no sólo crearan
inquietud al interior de los sectores conservadores de la sociedad, sino
les obligaran a iniciar una sistemática campaña destinada a convencer
al conjunto social acerca de una presunta ‘ingobernabilidad’ del país.
O, como lo retratara el general de aviación Gustavo Leigh Guzmán, un
‘caos social, moral, económico y político’.
Este artículo no pretende, sin embargo, analizar in extenso el período
del Gobierno Popular. No es nuestro interés. Por ahora. Detengámonos, no
obstante, a describir brevemente lo que sucedía con las Cajas de
Previsión.
Las Cajas de Previsión eran instituciones destinadas a velar, como su
nombre lo indicaba, por la previsión de sus afiliados. Creadas por leyes
diferentes en épocas también diferentes, adoptaron en su organización
una forma de administración compartida dentro de la cual participaban
representantes tanto de los empresarios y trabajadores como de los
pensionados y del gobierno. La previsión chilena se organizó tomando
como base el llamado ‘sistema de solidaridad’ o ‘sistema de reparto’,
según el cual las cotizaciones de los trabajadores de la presente
generación habían de contribuir al pago de las jubilaciones de la
generación precedente. Pero este sistema se aplicaba tan solo en
principio pues, como se ha visto, por una parte, cada trabajador era
propietario real y efectivo de sus fondos previsionales y podía disponer
de ellos, incluso, retirándolos; por otra parte, la generalidad de las
Cajas de Previsión trabajaba el dinero que recibía de sus asociados,
creando beneficios para ellos y obteniendo ganancias por esa gestión.
Porque los beneficios se ofrecían a los afiliados a la institución a
precios más bajos que los fijados para similares productos en el
mercado. Y aún así el negocio resultaba rentable.
De entre aquellas garantías, podemos señalar, sin que la enumeración resulte taxativa:
préstamos de auxilio, verdaderos mutuos sin garantía, de monto exiguo,
destinados, preferentemente, a resolver problemas económicos inmediatos y
urgentes;
préstamos de inversión, mutuos a veces con garantía, a veces sin
garantía, de mayor volumen, orientados al alhajamiento del hogar y a la
adquisición de bienes durables (refrigeradores, cocinas, lavadoras,
televisión);
préstamos habitacionales para la adquisición de viviendas construidas a
veces por la misma Caja de Previsión, otras veces por instituciones
ajenas a ellas; la garantía que se exigía era la propia vivienda. Se
trataba de créditos hipotecarios, similares a los que concedía la Caja
de Crédito Hipotecario ―más tarde Banco del Estado de Chile―, Banco
Hipotecario o la propia Corporación de la Vivienda;
construcción de viviendas para sus afiliados con garantía de una primera hipoteca sobre el bien raíz entregado;
establecimiento de casas de reposo para los jubilados;
creación de centros o campos deportivos para sus afiliados;
habilitación de centros, casas o colonias de veraneo. Destacó, en esta
parte, la Caja Bancaria de Pensiones que compró en Algarrobo los hoteles
Cantábrico y Aguirrebeña para recibir allí a los bancarios; en
Santiago tuvo dos hoteles para atender a quienes llegaban de provincia;
establecimiento de clínicas, hospitales y centros asistenciales; e,
incluso, apertura de restaurantes y centros sociales para la promoción de la camaradería entre sus afiliados.
¿Un mundo feliz? De ninguna manera. Simplemente, un mundo diferente. Un
mundo que se organizó sobre la base de la fuerza sindical, un mundo que
confió más en su propio poder que en el de los empresarios y
capitalistas privados y consiguió disminuir las aberrantes diferencias
que separaban a los sectores ricos de los pobres.
No era un sistema perfecto, en verdad, y por tal circunstancia requería
de ajustes y reajustes profundos y urgentes, pero no de su abolición;
ni, menos, de su completa extinción. No obstante, fue desmontado y
destruido hasta sus cimientos, sin que siquiera un trabajador pudiese
levantar la voz en su defensa. El por qué de tal acción, las razones de
esas transformaciones sólo se explican en virtud de la lucha de clases:
de una lucha de clases feroz, implacable, desatada desde las cimas del
estado contra una población indefensa. Sin embargo, las clases
dominantes jamás recurren a tales conceptos ―que desvelarían sus
propósitos― para justificar sus actos. Se habló, así, de la necesidad de
construir un ‘nuevo Chile’, de acabar con una presunta ‘corrupción’, de
existir ‘imposibilidad para el pago de las pensiones’, en fin. A pesar
de ello, lo sucedido con las Cajas de Previsión puede acercarnos una
explicación más racional.
Cuando, bajo la dictadura, se ‘comprobó’ que el sistema previsional
chileno estaba, prácticamente, ‘quebrado’ y urgía privatizarlo o, lo que
era igual, venderlo a capitalistas privados, no sorprendió que tal
expropiación se realizara sólo respecto del estamento laboral y no del
personal militar; Es decir, que se aplicara sólo a los trabajadores y no
a los militares que también tenían una Caja de Previsión que se llamaba
‘Caja de previsión de la Defensa Nacional’. Para ésta no rigió la
condena a muerte de todo el sistema previsional. En su carácter de
institución de las fuerzas armadas, al parecer, no estaba ‘quebrada’, se
‘financiaba’, era ‘rentable’.
Existe una explicación más profunda: la dictadura no se estableció para
resolver los problemas del ‘país’, sino para hacer que la sociedad, en
su conjunto, fuese más rentable para las clases dominantes. Su primera
misión no era resolver el problema previsional sino desarticular toda la
estructura de poder social organizada por el proverbial enemigo del
empresariado que era (es y seguirá siéndolo) el sector de los vendedores
de fuerza o capacidad de trabajo. Ultimar a las Cajas de Previsión
implicaba tomar bajo su control la totalidad de los ahorros laborales
del país, hacerse con el dinero de todo el sector laboral y ponerlo a
disposición de los capitalistas privados. La dictadura sabía que los
mayores volúmenes de dinero se encuentran, siempre, en poder de la
mayoría social aritmética, y que los mejores negocios se realizan allí
donde las multitudes aportan su cuota de sacrificios. Ello explica que
una institución rentable como lo fue la Caja Bancaria de Pensiones,
fuese destruida en su totalidad y entregados sus despojos al uso de
capitalistas privados. Antiguos funcionarios de esa institución (los
ministros de la dictadura Sergio Fernández y Vasco Costa), jamás dieron
explicaciones al respecto; menos aún indicar qué se hizo con el dinero
de la venta de los cines Gran Palace, Astor y Santa Lucía, del obtenido
con la venta de la casa de reposo de Las Condes, del restaurante de Las
Condes, de los hoteles de Algarrobo, de los hoteles de Santiago y cuál
fue la razón de la venta y traspaso del hospital bancario a la
institución que más tarde se daría a conocer como ‘BanMédica’. Pero,
olvidemos todas estas particularidades; el despojo a la clase
trabajadora se realizó respecto de todos sus derechos laborales.
No por otra cosa podemos, hoy, luego de más de tres lustros de democracia, entregar tan desolador balance:
―No existe para el trabajador propiedad de empleo alguna; por el
contrario, periódicamente salta el vendedor de fuerza o capacidad de
trabajo de la ocupación a la desocupación, de un cargo o lugar de
trabajo a otro, como lo hace un electrón, en forma incesante, al compás
de las fluctuaciones del mercado. Privado de toda ingerencia en los
negocios del patrón, es el primero en ser sancionado por los desaciertos
de aquel.
―Ha desaparecido la irreducibilidad de las remuneraciones. El riesgo de
la aventura empresarial se ha trasladado desde el patrón al trabajador
que nada tiene que ver con el negocio. Así como el desacierto en la
conducción de la empresa permite hacer recaer la responsabilidad o culpa
del patrón sobre su dependiente y despedirlo, también puede aquel
reducir su sueldo de acuerdo a las fluctuaciones del mercado. Es lo que
se conoce bajo el eufemístico nombre de ‘flexibilidad laboral’. No lo
olvidemos, la defensa de los derechos del trabajador en la sociedad post
dictatorial adquiere una connotación despectiva: se dice que la
imposibilidad de reducir las remuneraciones es un lastre para la
economía y conduce, por consiguiente, a una ‘rigidez laboral’, ‘rigidez
salarial’ o, también, si se quiere, ‘rigidez contractual’.
―El estudio de la carrera funcionaria forma hoy parte del acervo teórico
de la Arqueología social. Sustituida la ‘experiencia’ por el imperio de
la ‘capacidad’, ha permitido la multiplicación de las universidades
privadas y, por consiguiente, la proliferación de especialistas
titulados hasta para el desempeño de las más humildes profesiones; y,
como era de esperarse, la aparición del profesional cesante como
regulador del precio de la fuerza de trabajo de quienes han conseguido
una ocupación. En consecuencia, las empresas han sido liberadas del pago
de la capacitación de sus trabajadores. La carga de la preparación
laboral ha sido transferida a los propios trabajadores.
―Las remuneraciones no aumentan de acuerdo a lo que establecen
determinadas disposiciones legales, sino se rigen por las leyes del
mercado y lo que dispone la dirección de cada empresa. Por consiguiente,
los trabajadores más dóciles y proclives a los requerimientos del
patrón aumentan sus remuneraciones y ascienden con más rapidez que los
demás por la escala jerárquica, robusteciendo con ello la verticalidad
del mando y debilitando consecuentemente a la organización sindical.
―Se ha puesto fin a todo plan habitacional en beneficio de los
trabajadores que, por lo mismo, deben volver sus ojos al mercado de la
vivienda. La construcción habitacional es un lucrativo negocio en el que
participan, incluso, estamentos gubernamentales y la concesión de los
créditos para la adquisición de la vivienda está entregada a manos de la
Banca. El estado ha resuelto el problema de su responsabilidad social
con relación al problema, a través de la concesión de una ayuda conocida
bajo el nombre de ‘subsidio habitacional’; las Asociaciones de Fondos
Previsionales AFP (organizaciones que sustituyeron a las Cajas de
Previsión) no tienen ingerencia ni muestran interés alguno en la
solución de ese problema.
―Los fondos previsionales de los trabajadores del país han sido,
virtualmente, expropiados y transferidos a organizaciones capitalistas
que emplean los dineros en actividades bursátiles y especulativas cuando
no envían dichos fondos al exterior para realizar con ellos operaciones
altamente riesgosas. Los trabajadores no tienen ingerencia alguna en
tales negocios; mucho menos, en cuanto a participar en la dirección de
las AFP.
―Las pensiones no se obtienen por el transcurso de ‘años de servicio’
sino en virtud de ‘años de vida’, fijados actualmente en 65 y, al
parecer, en un futuro no muy lejano, en 67 o 70. Esto implica que si una
persona, en la época anterior a la instauración de la dictadura, había
ingresado a trabajar a los 15 años y podía jubilar a los 45 (después de
30 años de servicio), bajo las nuevas disposiciones debería trabajar 20
años más. La ‘vida útil del trabajador’ (también es éste un término
económico) se ha prolongado en favor del empresario. Acrecienta, por
consiguiente, la percepción de plusvalor absoluto y, también, la riqueza
del patrón (en términos genéricos). Consecuentemente, ha aumentado la
competencia laboral con la consiguiente baja en el precio de las
remuneraciones: el país se ha vuelto más ´rentable’.
―¿Posibilidad de elegir representantes en las Cajas de Previsión o en
las AFP? Ni soñarlo. Las primeras no existen, como ya se ha dicho, y las
segundas son sociedades anónimas, algunas de las cuales han sido
vendidas a consorcios extranjeros. Los trabajadores están obligados a
depositar sus dineros en tales instituciones, a pagar a los
administradores sueldos de ejecutivos regulados por el mercado
internacional y a recibir la pensión que fijan tales instituciones,
generalmente más baja a la establecida por el estado sin que les esté
permitido alegar derecho alguno. Otro hecho significativo es el
siguiente: considerados en el carácter de sujetos incapaces de
administrar los fondos que poseen, se obliga a los trabajadores a
depender de una institución que sí puede especular y arriesgar tales
sumas en el mercado nacional e internacional, por lo que deben pagar los
respectivos sueldos de quienes realizan esas maniobras. Los sueldos de
los ejecutivos de las AFP son escandalosamente altos.
―Las instituciones estatales se han cerrado a la participación de los
trabajadores. Son estructuras al servicio del gran capital. Son parte
del estado, cuya función primordial es, como bien lo expresa Poulantzas,
organizar políticamente a las clases dominantes y desorganizar
políticamente a las clases dominadas.
―Una estructura social como la que se ha enunciado en esta parte ha
llevado a la muerte a las organizaciones sindicales. Muchos de los
sindicatos y federaciones se han extinguido de manera casi natural;
aquellos que sobreviven, lo hacen extremadamente debilitados. Una
Central Unitaria de Trabajadores, remedo de la vieja Central Única de
Trabajadores CUT, tremendamente burocrática y alejada de los problemas
sociales, aparece a menudo oscilando entre negociaciones gubernamentales
y amenazas de convocar a movilizaciones que pocas veces cuentan con
respaldo de las bases.
¿Podemos decir, como Jorge Manrique que todo o cualquier ‘tiempo pasado
fue mejor’? De ninguna manera. Un ‘tiempo pasado’ no tiene por qué ser
mejor que el presente o aquel por venir; ni tampoco, peor. Afirmar
categóricamente lo contrario no pasa de ser una generalización temeraria
y carente de fundamento o el recurso literario obligado para la
construcción de una metáfora. Los individuos pueden vivir en tiempos que
también pueden ser o no favorables a sus respectivos intereses. Las
historia nos enseña, además, que determinados períodos en la vida de las
naciones han resultado tremendamente beneficiosos para las clases
dominantes en tanto para las dominadas les han sido enormemente
perjudiciales. Y esas épocas pueden determinarse con la sola enumeración
de las conquistas alcanzadas o la conculcación de los derechos. Como lo
expresáramos anteriormente: depende del éxito que las clases dominantes
hayan tenido en la lucha, constantemente, desatada en contra de las
clases dominadas para mantener sus privilegios. El saldo resulta, a
menudo, desoladoramente desfavorable para estas últimas. Incluso, en
democracia. Como lo podemos apreciar en este breve artículo.
Estocolmo,Octubre de 2006
|
Publicado
el : |2006-10-26|
