| Por: Manuel Acuña Asenjo - Estocolmo, septiembre de 2004.
El desafuero de Augusto Pinochet ha colmado de
alegría a muchas personas. Ocurre de este modo siempre que una medida de
la justicia alcanza al propio dictador o a alguno de sus seguidores.
Las victorias judiciales aparentan abrir nuevas compuertas al
procesamiento de quienes gobernaron por la fuerza a la sociedad chilena,
a sus cómplices y encubridores. Infunden ánimo y energías. Permiten
abrigar las esperanzas de descubrir el paradero de los detenidos
desaparecidos y esperar la aplicación de un justo castigo a quienes
cometieron tan graves delitos. La euforia desatada puede, pues,
fácilmente comprenderse.
No obstante, la
emotividad debe ceder paso a la reflexión. La justicia no es un concepto
aislado, abstracto, que existe sólo per se, como pudiera suponerse; por
el contrario, se encuentra estrechamente ligado a intereses de clase.
Tiene fuerte contenido de clase. Desde Aristóteles a Ulpiano, y desde
éste hasta nuestros días, la justicia jamás ha abandonado ese carácter.
Nunca ha sido neutra. ‘Dar a cada uno lo que se merece’, en una sociedad
de dominación, no significa sino conferir al poderoso la plenitud de
los derechos y al débil la plenitud de las obligaciones y penurias. La
justicia no fue instituída para satisfacer el interés de los sectores
dominados sino para legitimar la estructura de desigualdad que existe en
toda sociedad escindida en clases.
Es verdad que puede ser Pinochet procesado, luego de su desafuero.
Puede, incluso, ser condenado en dicho proceso. Pero jamás se le
aplicarán sanciones corporales. No irá a la cárcel, no se le torturará;
no se le darán azotes, no se le ejecutará. Tampoco será sometido al
escarnio público como él lo hizo con sus adversarios. Las leyes que
existen así lo establecen: a los ancianos no se les apremia ni castiga.
El transcurso de la edad aunque no borra las culpas exime de pena; el
transcurso de la edad hace ‘buenos’ a los ‘malos’.
Pero puede ser sancionado Pinochet en su patrimonio; es posible que se
le incaute parte de sus bienes. No todos. Porque, se asegura que tiene
dineros cuyo orígen no puede explicar. Ocho millones de dólares. No es
una cifra desorbitante para un sujeto como él. Pensemos que, bajo el
gobierno de la Concertación, tan solo INVERLINK estafó al estado en cien
millones de dólares. ¿Cómo pudo el omnipotente dictador retirar tan
mísera suma de las arcas fiscales? Recuerdo que, en 1982, en plena
dictadura, denunció la oposición haberse quedado en el exterior un
crédito por 20 mil millones de dólares, concedido al empresariado
chileno. En su habitual columna del ‘El Mercurio’, destinada ‘a mis
queridos feligreses’ señalaba Hermógenes Pérez de Arce que esa denuncia
era infundada pues sólo no habían ingresado al país 10 mil millones. Los
militares y la gran burguesía no son ‘gatos de campo’. No roban cifras
minúsculas. ¿Necesitamos recordar el desfalco de cinco mil millones de
dólares a la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)
realizado por el oficial a cargo de la misma, durante la dictadura que
asolara a la nación hermana?
Un eventual proceso incoado en contra el dictador puede arrojar
resultados positivos: permitir, por ejemplo, establecer nexos de
complicidad que impliquen el no menos eventual procesamiento de quienes
actuaron junto a él en el carácter de cómplices y encubridores. Es
posible. Pero es casi seguro que ello no sucederá. Es probable que
Pinochet haga recaer sobre sí la todo el peso de la culpa. Evitará, de
esa manera, un juicio -moral, por cierto- a la vertical estructura de la
nación. Nadie más enfrentará acusaciones. O, tal vez, muy pocos.
Seguirán libres de toda culpa Fernando Léniz, Sergio de la Cuadra,
Carlos Cáceres, Alvaro Bardón, Felipe Lamarca, Pablo Barahona,
Hermógenes Pérez de Arce, Márquez de la Plata, Jovino Novoa, entre
otros; también, los jueces y ministros de Corte que se negaron a incoar
juicios por detenidos desaparecidos o se mofaron del dolor de sus
familiares. Junto a ellos, la alta oficialidad de las fuerzas armadas
(César Raúl Benavides, Pedro Ewing, Sergio Badiola, Patricio Carvajal,
Javier Palacios, también entre otros), y los responsables de las
estructuras represivas (Servicio de Investigaciones, recintos
carcelarios, lugares de detención, centros hospitalarios). Porque, el
gran perdonazo fue conditio sine qua non para establecer la democracia
que existe hoy en Chile. La justicia no actúa más allá de lo pedido
(ultra petita). Ni tiene vocación suicida. Jamás se procesa a sí misma.
Sin lugar a dudas, el juicio a Pinochet servirá. Por lo menos, para
escribir la historia del país de manera diferente y consignar el
advenimiento de su gobierno como un suceso espurio y vergonzante.
Legitimará el ingreso de un bellaco a la historia, es verdad. Y lo hará
en la historia que escriben las clases dominantes. Lo cual es positivo.
La imágen de libertador que el sujeto de marras quiso para sí y para su
prole (biológica e ideológica) se romperá en mil pedazos. No servirá el
proceso para otra cosa.. No traerá descanso ni ‘reconciliación’. No hará
aparecer a los detenidos desaparecidos, no devolverá la vida a quienes
la perdieron ni pondrá fin al dolor de quienes sufrieron la persecusión o
el escarnio de los demás. El daño está hecho. Para quien lo sufrieron,
no habrá posibilidad de compensación alguna. El juicio a un dictador, en
las condiciones que se pretende hacer con Pinochet, no tiene otra
significación que prestar ante la nación y el mundo un testmonio
histórico y moral.
No deben, sin embargo, interpretarse las afirmaciones precedentes en el
sentido que daría lo mismo procesar o no al rufián. A pesar de los
inconvenientes que presenta el juicio y de sus magras ventajas, siempre
ha de intentarse. Porque todo juicio es, en sí, una verdadera Caja de
Pandora: puede desatar efectos inesperados. Puede. Lo que sí jamás debe
olvidarse es que tales efectos son, apenas, una posibilidad, no una
certeza ni una realidad. Y que, si tras esos movimientos, hay un
gobierno como el de la Concertación, necesario es tomar todas las
precauciones del caso pues se está frente a políticos consumados, que
actúan en el ámbito jurídico político del modo de producción
capitalista.
“Piensa mal y acertarás”, reza una antigua sentencia castellana, a la
que se debe acudir a menudo cuando se trata de estas representaciones
teatrales. Que el desafuero se produzca un año exacto antes de las
elecciones presidenciales de 2005, no deja de ser curioso; tampoco la
extrema diligencia puesta por el gobierno de la Concertación en llevar
adelante las acciones judiciales que competan. Luego de catorce años,
resulta, en verdad, sorprendente. Y más sorprendente aún resulta que un
ministro (Nicolás Eyzaguirre), cuyo parco lenguaje es de todos conocido,
se pronuncie al respecto, manifestando su conformidad con una eventual
condena al dictador por la comisión de algún delito contra la propiedad.
Como si los chilenos fuesen cretinos y no pudiesen advertir la
imperiosa necesidad que tiene el gobierno de presentar una buena imágen
electoral para el 2005.
Estocolmo, septiembre de 2004.
|
Publicado
el : |2004-09-22| 
Envíar página 
Imprimir 
