| Manuel Acuña Asenjo - Santiago, marzo de 2007
A fines del pasado mes de febrero y comienzos del
presente, se hicieron públicas ciertas aparentes irregularidades
cometidas en el otorgamiento de un beneficio estatal conocido bajo el
nombre de Beca ‘Presidente de la República’; las autoridades encargadas
de realizar esa tarea, asignaban dichas becas a parientes e hijos suyos
o de otros personeros públicos.
La denuncia de esas prácticas se
originó con la publicación de un artículo escrito por el sociólogo
Patricio Navia en el matutino ‘La Tercera’, de 25 de febrero de 2007,
quien, luego de exponer una serie de casos de aquellos que se han dado
en denominar ‘tráfico de influencias’, terminaba diciendo:
“La larga lista de la familia concertacionista que cobra sueldos en el
sector público y que ha estudiado en el extranjero financiado con
dineros de los impuestos de todos los chilenos subraya la creciente
percepción de que la Concertación administra el Estado como un feudo
familiar”.
En un régimen como el chileno, dentro del cual solamente dos grandes
fuerzas políticas un grupo de ideas social demócratas denominado
‘Concertación’, y otro de corte liberal, representante ‘natural’ de los
intereses del empresariado, llamado ‘Alianza’ se disputan,
periódicamente el botín del estado, como era de suponerse y deseosa de
obtener ventajas electorales, no vaciló esta última en plegarse a tales
denuncias. Un análisis más acucioso muestra, no obstante, que su
contraparte, la Concertación,, se ha ajustado con extrema fidelidad a
las normas reguladoras de tales beneficios, dictados otrora por la
dictadura militar.
En efecto. La beca ‘Presidente de la República’ fue instituida por el
régimen militar instaurado en 1973, en virtud del decreto ley no. 3.541
de 1981, dictado a instancias del entonces ministro Miguel Kast. La idea
que subyacía tras el establecimiento de dicho beneficio no era otra que
preparar adecuadamente, en el extranjero, a un grupo de personas que
habían de desempeñarse, en el futuro, realizando labores de gobierno.
Fiel a esos postulados, establecía el decreto ley que el beneficio sólo
se concedería a quienes obtuviesen los más altos puntajes en la prueba
de aptitud académica (PAA), el más alto promedio de notas escolares y la
más alta calificación en las Universidades del país. El referido
decreto contenía un mecanismo perverso: la autoridad podría regenerarse a
sí misma de modo que quienes obtuviesen ese privilegio debían, una vez
cursados sus estudios, ‘devolver’ lo que el estado había invertido en
ellos, trabajando en algunas de sus dependencias. La administración de
esos recursos y el otorgamiento de las becas se dejó en manos de la
Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN).
Cuando, en 1990, tomó a su cargo la Concertación el gobierno del país,
no demostró mayor interés en derogar algunos de los cuerpos normativos
heredados de la dictadura por estimar que podrían servirle de gran
ayuda. Por eso continuaron vigentes, entre otros, los decretos relativos
a las indemnizaciones que deberían otorgarse a los funcionarios
públicos en caso de despido, los que regulaban el empleo de los fondos
reservados del estado y las disposiciones que versaban sobre el
otorgamiento de las becas '‘Presidente de la República'’. Los casos
relativos a las indemnizaciones así como aquellos referidos al empleo de
los fondos reservados del estado son, hoy, de sobra conocidos como para
insistir al respecto; permítasenos abordar someramente el caso de las
becas ‘Presidente de la República’.
Una ley dictada durante la administración del presidente Patricio Aylwin
ley 18.989 transformó la Oficina de Planificación Nacional ODEPLAN en
ministerio pasando esta dependencia a denominarse Ministerio de
Planificación Nacional MIDEPLAN. La responsabilidad en el otorgamiento
de las becas continuó siendo materia de su competencia; sin embargo, en
forma específica, se entregó el otorgamiento de las mismas a un
organismo llamado Agencia de Cooperación Internacional AGCI, disuelta en
tiempo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con lo que la administración de las
becas retornó al Ministerio respectivo.
La historia genuina de la instauración de las becas ‘Presidente de la
República’ no permite concluir, en modo alguno, que tal privilegio fue
instituido como una forma de beneficiar a los sectores más desposeídos
de la sociedad chilena, como erróneamente, han sostenido algunos
personeros. Por el contrario: su instalación está marcada por el
inequívoco deseo de la dictadura de transformar, definitivamente la
cultura de la sociedad chilena haciéndola aceptar como algo propio de la
naturaleza, la necesidad de ser gobernada por una ‘elite’ de sujetos
que, a sus expensas, iba a prepararse en el exterior, para retornar a
Chile con la única misión de dirigirlo. Esta idea se corresponde
rigurosamente con la naturaleza de la dictadura y sus instituciones, es
decir, con lo que era y representaba. El país era incapaz de gobernarse a
sí mismo. Necesitaba una cohorte de iluminados que pudiesen hacerlo en
su lugar.
En las reflexiones corrientes se olvida, a menudo, que un régimen de
excepción o dictadura jamás se instaura en beneficio de los pobres o de
los marginados sino para robustecer las estructuras de dominación,
amenazadas por algún desborde social. Los actos y motivaciones de las
dictaduras se orientan, ineluctablemente, en un inequívoco sentido de
clase. No puede, pues, suponerse en modo alguno que tengan por finalidad
resolver los problemas de las grandes mayorías nacionales con la
dictación de preceptos a favor de los desposeídos. No puede, pues,
sostenerse con liviandad que la dictadura de Pinochet tuvo por deseo
instaurar un sistema de becas con la finalidad de beneficiar a sectores
de ingresos bajos o medianos cuyos hijos, por razones económicas, se
encontraban impedidos de ingresar a las universidades. Afirmar aquello,
más que desconocer la verdadera naturaleza de la dictadura, implica
hacer ostentación de un alto grado de candidez. O evidenciar una mala
intención. Es sabido que toda dictadura busca tan solo proteger las
formas de dominación; por lo mismo, su interés radica en robustecer la
vertical estructura de la sociedad y afianzar su carácter jerárquico,
autoritario y excluyente, entregando la dirección de la misma a manos de
una ‘elite’ que debe regenerarse constantemente a fin de cumplir su
‘divina’ misión de dirigir al conjunto social.
¿Podría ponerse en duda, por consiguiente, que las becas ‘Presidente de
la República’, establecidas por la dictadura chilena, han tenido otra
finalidad que no sea el establecimiento de una forma ‘aristocrática’
autogenerada de gobierno en el sentido etimológico de la palabra, es
decir, gobierno de una clase, capaz de poner fin a la veleidad de las
masas y sustituirlas por un grupo de ‘mentes lúcidas’, doctores,
magisters, especialistas, diestros en sus competencias, pero incapaces
de mostrar una visión global o totalizadora de la sociedad?
La Concertación no cometió error alguno al usar discrecionalmente el
mecanismo de las becas, sino solamente lo hizo cuando pasó por encima de
algunas normas relativas al puntaje para la obtención de las mismas.
Actuó, por consiguiente, guiada por su instinto de clase. Por eso, las
últimas críticas de su contraparte, la Alianza, ya morigeradas en su
tono, se han centrado no en el uso y abuso de ese derecho, sino a poner
en duda la calidad de las Universidades que eligieron los becados.
No tiene importancia, por tanto, el hecho que Ricardo Lagos Weber,
Sergio Espejo o Laura Albornoz, ministros de la presidenta Michelle
Bachelet, hayan sido agraciados con las becas; poca importancia tiene
que lo hayan hecho, también, los subsecretarios Gonzalo García, Lidia
Amerales y Ricardo Fábrega; ni mucho menos que hijos o familiares de
Soledad Alvear, Claudio Huepe, Juan Somavía, Eduardo Frei Ruiz-Tagle
(Jorge Frei Toledo y Eugenio Ortega Frei), Andrés Zaldívar (Juan Laval
Zaldívar y Roberto Zaldívar Peralta), Ernesto Ottone (Ernesto Ottone
Ramírez), hayan incurrido en prácticas similares Del mismo modo, resulta
inútil sorprenderse por el hecho que fuesen, igualmente, agraciadas
personas cuyas opiniones se vierten a diario entre los periódicos de la
capital (Eugenio Tironi, Alfredo Joscelyn-Holt Letelier, entre otros) e,
incluso, parecería hasta torpe criticar que el hijo del Ministro
Alberto Etchegaray, Alberto Etchegaray de la Cerda, pudiese optar a una
beca para aspirar a un magister en Estados Unidos sin saber inglés.
Cuando se trata de construir una ‘elite’ ilustrada a cuyo cargo va a
quedar el gobierno de la nación, todo vale. La utilización discrecional
de becas realizada por la Concertación y, anteriormente, por la propia
dictadura no es corrupción; apenas si se enmarca dentro de la
implacable lucha de clases que ‘los de arriba’ han desatado al interior
de la sociedad en contra de ‘los de abajo’; recuerda un poco las formas
de regeneración de la jerarquía eclasiástica que existían hasta mediados
del siglo pasado en donde tanto los obispos como los más altos
dignatarios de la Iglesia solamente eran seleccionados dentro de las
familias pudientes que podían costear sus estudios en el extranjero.
Esas formas de autogeneración de la autoridad han hecho su ingreso
exitosamente en la sociedad chilena de la mano de la socialdemocracia
concertacionista.
Santiago, marzo de 2007
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Publicado
el : |2007-03-19| 
