Manuel Acuña Asenjo. Estocolmo, julio de 2009
PANORAMA GENERAL
Desde fines del pasado año, en lo que lleva de recorrido el presente y
en lo que le queda por recorrer, la noticia ha sido, es y será, en Chile
―no cabe la menor duda―, las elecciones a realizarse en diciembre
próximo.
Existen en esa formación social dos grandes alianzas políticas (no
‘bloques’) que, periódicamente, se disputan su mejor derecho por acceder
al control de las estructuras administrativas y legislativas del
estado, a saber, la Alianza por Chile y la Concertación de Partidos por
la Democracia. La primera, integrada por los partidos Renovación
Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI), es la natural
representante del interés de la clase de los compradores de fuerza de
trabajo (empresarios); la segunda, que componen los partidos Radical
Social Demócrata (PRSD), Socialista (PS), Por la Democracia (PPD),
Demócrata Cristiano (PDC) y los últimos vestigios del MAPU OC,
representa en forma espuria esos mismos intereses. Ambas coaliciones
cubren, aproximadamente, el 50% del electorado nacional de un total,
aproximado, de doce millones de potenciales electores (en las elecciones
pasadas votaron, también aproximadamente, seis millones y medio de
personas).
El otro 50% restante (solamente los jóvenes de entre 18 y 25 años
constituyen una fuerza electoral de casi 4 millones de personas, de la
cual apenas un 10% figura anotado en los Registros Electorales) se
encuentra al margen del ordenamiento jurídico, no está inscrito o está
excluido por disponerlo así la ley. Puede decirse, en consecuencia, que
este último 50% está constituido por seres invisibles cuya escasa o nula
significación política les hace irrelevantes para el conjunto del
electorado nacional compuesto, casi exclusivamente, por una población
que envejece día a día, que disminuye crecientemente en número y no
representa, en modo alguno, los cambios habidos en la sociedad durante
los últimos 20 años. Sin embargo, tal es el sistema electoral chileno y
así se encuentra sancionado por la ley. Se le llama ‘binominal’ porque
las disputas políticas se realizan únicamente dentro del marco de
referencia de las dos grandes coaliciones y es el área obligada donde ha
de llevarse a cabo la contienda, el ‘rayado de la cancha’ o ‘el tablero
de ajedrez’ que debe contener las piezas para la realización del juego
electoral.
Las justas de diciembre próximo contemplan, para el día en que se
realicen, dos instantes o momentos estelares, a saber, la elección de
presidente de la República, y la renovación (completa) de la Cámara de
Diputados y (parcial) del Senado. La atención de la comunidad tanto
nacional como internacional estará centrada, no obstante, en la elección
de presidente de la República. Ello no sucede por casualidad. La
presidencia (o el cargo de Primer Ministro, en las naciones europeas)
tiene especial significación para el sistema capitalista mundial (SKM);
es la expresión más fiel de la estructura jerárquica de la formación
social respectiva, el vértice obligado de la pirámide administrativa
local y factor de cohesión de la unidad política del país. De ahí su
importancia, a pesar de constituir una expresión más de la
representación histriónica que se lleva a cabo dentro de la escena
política de cada nación. Remontémonos un poco en el tiempo para entender
los hechos y el sentido del presente análisis.
En los primeros meses del año en curso, los límites o fronteras de la
justa electoral parecían establecidos para sendas coaliciones, pues ya
habían sido designados los candidatos a la primera magistratura de la
nación: Sebastián Piñera Echenique para la Alianza por Chile, y Eduardo
Frei Ruiz-Tagle para la Concertación de Partidos por la Democracia.
Ninguno de ellos era producto de una elección en la que participaran las
bases de esos conglomerados políticos, sino sus nombramientos obedecían
a designaciones realizadas por las directivas de los partidos
integrantes de los mismos, procedimiento que parecía correcto en un país
donde lo repudiable se considera aceptable en tanto lo aceptable se
juzga repudiable.
La tolerancia, sin embargo, era aparente; ya se habían hecho presentes
las desaveniencias: de la Alianza por Chile se retiraban algunos de sus
parlamentarios y dirigentes, molestos con esa situación, fenómeno que
también tenía lugar en la Concertación de Partidos por la Democracia,
donde lo hacían del PPD, los senadores Fernando Flores y Jacobo
Schaulsson, y del PDC, algunos parlamentarios encabezados por el senador
Adolfo Zaldívar. La resistencia que puso el senador del PRSD José
Antonio Gómez al autoritario procedimiento empleado por la Concertación
para la selección de su candidato logró que la referida coalición
realizase unas discutibles ‘elecciones primarias’ en las que quedaron de
manifiesto las profundas discrepancias al interior de la misma. La
reafirmación del candidato Eduardo Frei como abanderado de la misma
terminó por precipitar la crisis; de ahí en adelante, la fragmentación
de uno de los partidos integrantes de la coalición gobiernista (el PS)
sería un hecho; las tendencias que se manifestaban desde ya hacía meses
derivaron, como era de esperarse, de inmediato, a fracciones. Expresión
de ello fueron las candidaturas de Jorge Arrate, Alejandro Navarro y
Marco Enríquez-Ominami.
Mientras esos sucesos se desencadenaban dentro de las grandes
coaliciones, en otros ámbitos de la política nacional, también
presentaban sus postulaciones, en esos meses, la periodista Pamela Jiles
y el senador Adolfo Zaldívar.
EL ESCENARIO ELECTORAL
Las candidaturas levantadas para ocupar el cargo de presidente de la
República vigentes hoy, en la República del sur, son, entonces:
1. Por la Alianza por Chile: Sebastián Piñera Echenique
2. Por la Concertación : Eduardo Frei Ruiz-Tagle
3. Por el Pacto Juntos
Podemos Más : Jorge Arrate Mac Niven
4. Por el Partido Regiona-
lista Independiente PRI : Adolfo Zaldívar Larraín
5. Independiente : Pamela Jiles Moreno
6. Independiente (posi-
blemente apoyado por el
Partido Humanista PH) : Marco Enríquez Ominami Gumucio
7. Independiente : Alejandro Navarro Brain
Hablemos un poco de cada uno de estos aspirantes a la primera magistratura del país.
1.Sebastián Piñera es el candidato de la Alianza por Chile, coalición
que, a su vez y como ya lo hemos señalado, se levanta como la natural
representante política de los intereses de la clase y/o fracciones de
clase dominante. Su eventual triunfo constituye, por consiguiente, la
reafirmación del sistema de dominación y la recuperación por parte de
los empresarios del control directo que ha de ejercerse sobre el
conjunto social. Respecto de lo que ha sido Chile durante los años que
se sucedieron a la dictadura, representa un cambio, sin lugar a dudas;
pero un cambio que sí puede traducirse en la adopción de medidas que
tengan solamente como finalidad extremar las condiciones de vida de las
grandes mayorías nacionales en busca de extraer una más alta cuota de
plusvalor. No hay que olvidar un hecho importante: Piñera ha
representado, constantemente, la voluntad de conceder a los empresarios
la facultad de aplicar en sus negocios una mayor ‘flexibilidad laboral’,
eufemismo bajo el cual se disfraza un derecho otorgado a los patrones
para efectuar despidos arbitrarios, disminuir los seguros de cesantía,
aumentar la carga de trabajo sin compensación alguna, contratar
esquiroles en el caso de huelgas, etc. Su eventual gobierno implica,
pues, el robustecimiento de la nueva forma de acumular; eventualmente,
una profundización de las medidas, reaccionarias, por cierto, que ha ido
adoptando el Ministerio de Hacienda durante estos últimos años. No
cuenta, sin embargo, con el respaldo de las organizaciones populares; no
tiene, por consiguiente, instrumentos con los que pueda enfrentar la
‘veleidad sindical’. Desde este punto de vista, su gobierno puede
significar un aumento de los conflictos laborales y sociales y una
inestabilidad mayor para la realización de negocios. Se justifica, así,
que en numerosas oportunidades las organizaciones patronales celebren no
las proposiciones de la Alianza por Chile, sino las acciones del
gobierno de la Concertación que sí cuenta con una central sindical dócil
a sus requerimientos. Nihil obstat, como lo veremos más adelante.
2.Eduardo Frei Ruiz-Tagle es el candidato de la Concertación de Partidos
por la Democracia, coalición que ha luchado tenazmente durante estos 20
años por demostrar a la clase y/o fracciones de clase dominante la
capacidad e inequívoca voluntad que tiene para realizar sus intereses de
clase; incluso, con mayor destreza y dedicación a como podrían hacerlo
sus naturales representantes políticos. Es, en consecuencia, la
representante espuria de esos intereses y, a la vez, continuadora de la
política de explotación llevada a cabo a partir del término de la
dictadura, es decir, desde 1990 en adelante. Representa, por lo mismo,
el continuismo de una línea seguida por esa coalición política en donde
un conjunto de prácticas de dudosa moralidad (como la corrupción, la
arrogancia y el nepotismo) se han estatuido en el carácter de conditio
sine qua non para la negociación de cualquier eventual mejor reparto del
excedente social en beneficio de los sectores desposeídos. No debe
olvidarse el hecho que la Concertación, para gobernar durante estos 20
años, al igual que lo hiciera Luis Bonaparte a mediados de 1800, exigió
‘antes de nada, tranquilidad’; para ello ha recurrido a la
desmovilización de sus bases, al férreo control del movimiento sindical,
instalando una burocracia obrera dependiente de sus dádivas, y a la
desarticulación de la generalidad de las organizaciones de derechos
humanos.
3.Jorge Arrate es uno de los tres candidatos presidenciales emigrados
del PS. El pasado año se alzó en contra de la dirigencia de su partido y
de la Concertación, alegando haber olvidado aquel sus principios
‘socialistas’. Entre los argumentos que expone para explicar su conducta
díscola, Arrate ha señalado, además, la necesidad de reconocer el
derecho de las minorías aplastadas a participar en la vida política
nacional, en especial, de los movimientos y partidos marginados, entre
los cuales destacan el Comunista (PC) y el Humanista (PH). Dichas
organizaciones cuentan con una estructura común denominada ‘Pacto Juntos
Podemos Más’ a la que ha hecho su triunfal ingreso el grupo liderado
por Arrate. Fue elegido, finalmente, representante de esa coalición,
luego que renunciaran a sus respectivas postulaciones presidenciales los
candidatos del PC Guillermo Teillier y del PH Tomás Hirsch quienes, de
ese manera, contribuyeron a facilitar el diálogo de la misma, sobre
eventuales cupos parlamentarios, con la Concertación. Jorge Arrate, que
fue ministro de la Concertación, jamás ha explicado por qué solamente
ahora, luego de 20 años de gobierno concertacionista, ha venido a
advertir los vicios de esa coalición. Puesto que ya ha aceptado apoyar
al candidato oficialista, para el caso de obtener éste una mayoría que
le permita enfrentar una segunda votación, se supone que su postulación
solamente obedece al exclusivo propósito de captar la votación
socialista discrepante, y asegurar la participación del PC y del PH como
apoyo a la coalición gobiernista. No saldrá elegido y deberá cumplir
con la promesa empeñada, llamando a votar por Frei.
4.Adolfo Zaldívar es el actual presidente del Senado, luego de renunciar
al PDC. Junto a otros diputados de ese partido, que adoptaron idéntica
actitud, milita hoy y levanta su candidatura a presidente de la
República por el Partido Regionalista Independiente PRI, formado por un
ex militante del PS llamado Juan Carlos Moraga, personaje de dudosa
trayectoria, exiliado en la República Federal de Alemania. No saldrá
elegido y sus actitudes marcadamente personalistas nos impiden dedicarle
mayores comentarios en este análisis.
5.Pamela Jiles se dio a conocer como una de las más destacadas
periodistas de la Revista ‘Análisis’, cuyo director fue Juan Pablo
Cárdenas, durante el período de la dictadura. En esos años, algunos de
sus contactos fueron personas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MIR; hoy lo son algunos personeros que pertenecieron al Frente
Patriótico’Manuel Rodríguez’ (FPMR). Juan Pablo Cárdenas, de militancia
demócrata cristiana, se desempeña hoy en el cargo de presidente del
Consejo de la Radio de la Universidad de Chile; en varios círculos
políticos se dice de él que tuvo las mismas aspiraciones presidenciales
que hoy encarna Pamela Jiles. La candidata, que es nieta de Elena
Caffarena Jiles, destacada defensora de los derechos de la mujer, y
mantiene vínculos familiares con el Comandante en Jefe del Ejército,
Oscar Izurieta, no ha presentado públicamente programa alguno de
gobierno, pero sí una serie de artículos en los que plantea ciertas
aspiraciones. Es difícil que obtenga una alta votación, pues no existen
partidos ni movimientos grandes que la apoyen. Pudo haber sido una buena
candidata independiente, pero en su afán irreflexivo de llamar la
atención de la opinión pública con actos y declaraciones de cierta
desmesura, ha incurrido en errores y torpezas inexcusables, que le han
restado seriedad a su campaña. Aguda polemista, bien informada,
testaruda, feminista convencida, defiende lo que ha hecho, sus actitudes
y expresiones empleadas, y será poco menos que imposible esperar de
ella un cambio significativo en su comportamiento. Es poco seguro que
reúna las firmas que exige la ley para postular y, en caso de hacerlo y
resultar vencida, no llamará a sus electores a votar por alguno de los
otros candidatos.
6.Alejandro Navarro es el segundo de los emigrados del PS; lo hizo para
llevar adelante un proyecto que pueda vincular a Chile con una política
más latinoamericanista que la actual. No está de acuerdo con MERCOSUR,
proyecto propiciado por el presidente brasileño Luiz Inacio ‘Lula’ Da
Silva y por la presidenta argentina Cristina Kirschner para unir a la
región atlántica de América del Sur; tampoco con la ALALC por su
estrecha vinculación con el gobierno norteamericano; ni con la UNASUR,
estructura que excluye al centro de América (donde se encuentra Cuba) y
que comprende tan sólo la parte sur de América Latina, sino con el ALBA,
proyecto del presidente venezolano Hugo Chávez con cuyo apoyo, incluso
financiero, cuenta para su campaña. No saldrá elegido, no ha hecho
público su programa de gobierno y, aún cuando no ha expresado si llamará
a sus electores a votar por el candidato de la Concertación en una
eventual segunda vuelta, es casi seguro que lo hará.
7.Marco Enríquez Ominami es el tercer y último emigrado del PS (así lo
esperamos) que postula a la presidencia de Chile. Asumió su candidatura
como forma de protestar frente la actitud de su partido de no realizar
elecciones primarias y decidir, por secretaría y a nombre de la
organización, que el candidato oficial de esa colectividad sería Eduardo
Frei. Cuenta con el apoyo de su padre adoptivo, el senador Carlos
Ominami que es, a la vez, miembro del Comité Central del PS, y de otros
diputados díscolos del mismo partido; a ese apoyo que ha recibido, se
han sumado algunos financistas, vinculados al mundo de la farándula y
del espectáculo, como lo son Rodrigo Danús y Paul Fontaine, este último
directamente emparentado con la familia propietaria de ‘El Mercurio’. A
pesar que su programa, de apenas diez puntos, ha incorporado la
nacionalización del agua como una de las medidas más inmediatas que
podría asumir como eventual presidente, cometió el exabrupto de indicar
que la empresa estatal Corporación del Cobre (CODELCO) ―o, al menos, una
parte de ella, aún en manos del estado―debía de ser privatizada, lo que
le ha valido críticas de numerosos analistas.
Recordando que su padre, Miguel Enríquez Espinosa, secretario general
del MIR, muerto en un enfrentamiento con las fuerzas de la DINA, en
1975, antes de cumplir los 30 años de edad, fue un revolucionario
convencido, ha basado su campaña electoral en contraponer a los jóvenes
con los viejos, a quienes acusa de ser artífices de las peores
perversidades. Olvida, Marco Enríquez-Ominami, tres circunstancias
trascendentales en esta aparente dicotomía: es la primera, que los
constructores del Chile han sido, precisamente, quienes él olvida, los
viejos obreros, trabajadores, artistas e intelectuales que dieron todo
por una patria más solidaria ―entre otros, el propio líder sindical
Clotario Blest―, y que jóvenes impulsivos, como Jaime Guzmán, fueron
capaces de empujar a las fuerzas armadas a uno de los peores golpes de
estado de los que hay memoria en la historia del país; segunda, que la
vejez constituye una fase más en el ciclo vital de cada individuo, una
fase por entero natural, que nada tiene que ver con perversidades o
hábitos repudiables; y, tercero, lo más importante, que la
contraposición ‘juventud-vejez’ solamente ha alcanzado su apogeo bajo el
modo de producción capitalista en donde el empresario ―a menudo un
sujeto de avanzada edad―rechaza al operario viejo no porque sea tal,
sino porque le significa elaborar productos con quien posee fuerza de
trabajo deteriorada, con un elemento inútil, con un trabajador cuya
capacidad está disminuida, en suma, con un sujeto que solamente le
estorba su percepción de plusvalor. El capitalista puede llegar a viejo
(la mayoría lo es) y no ser calificado como un lastre social.
No ocurre lo mismo, sin embargo, con el productor de plusvalor quien, en
caso de envejecer, siempre será considerado en esa calidad; incluso,
para los demás trabajadores que se contagian con la ideología de las
clases dominantes.
El candidato Enríquez-Ominami no sólo ha reivindicado para sí el
nobiliario título de la juventud, en su campaña. También exige se le
reconozca el ancestro revolucionario heredado de sus progenitores,
puesto que es descendiente de los Enríquez (Edgardo Enríquez Frödden, su
abuelo paterno, fue ministro de Salvador Allende) y de los Gumucio (su
madre, Manuela Gumucio Rivas, fue hija del líder demócrata cristiano,
del MAPU y de la Izquierda Cristiana IC, Rafael Agustín Gumucio Vives)
como si tales atributos se legasen, de generación en generación, a
través del ADN (ácido desoxirribonucleico) por transmisión genética. En
la persona de Marco Enríquez-Ominami, como otrora sucediese respecto de
Michèle Bachelet en la campaña de 2005/2006, la lucha de clases se
sustituye de manera espectacular: en aquella, era la lucha de sexos, es
decir, hombres contra mujeres; en ésta, es la lucha generacional, los
viejos contra los jóvenes.
Enríquez-Ominami ha sorprendido a la opinión pública con altos índices
de aprobación ciudadana lo que hace a muchas personas considerarlo no
sólo como un ‘peligro’ para la postulación de Eduardo Frei, sino además
como un ‘fenómeno’ al que ha de prestársele especial atención. Sin
embargo, su aparición no parece generar efectos diferentes a los que
produjo la de Leonardo Farkas ―el millonario que repartía billetes a su
paso―, cuyos índices superaban a los del PC, sin que hubiere
manifestado, siquiera, su voluntad de presentarse como eventual
candidato a la presidencia de la República.
Si, en definitiva, es apoyado por el PH (que, al parecer, se retira
definitivamente del Pacto Juntos Podemos Más), no necesitará agotarse
intentando conseguir firmas de adhesión a su candidatura. En esos
momentos sí podría ser un duro adversario para Frei. Y un problema serio
para la Concertación.
¿POR QUÉ ESTE PANORAMA DE FRAGMENTACIÓN POLÍTICA?
La enorme afluencia de candidatos y precandidatos presidenciales para
los comicios electorales de diciembre próximo no deja de llamar la
atención; también la abierta fragmentación del PS, aunque se trate de un
partido que siempre ha presentado tendencias en su interior. En no
pocos intercambios de opiniones, ideas, mensajes y documentos, se pueden
encontrar expresiones de sorpresa y desorientación.
¿Qué ha pasado?, se preguntan algunos militantes de esa colectividad.
¿Qué ha sucedido para que nos encontremos en esta situación?
Las respuestas son muchas. Y variadas. Una mayoría señala que las causas
de tal desintegración han de encontrarse en la corrupción generalizada
de la dirigencia; otros indican al nepotismo como motivo central de la
crisis, en tanto no faltan quienes consideran al abuso de poder e
inmoralidad de las autoridades políticas (gubernamentales o partidarias)
como factor decisivo de la descomposición social.
Sin embargo, sostener que tales vicios (entre otros, la corrupción, el
abuso de poder, la inmoralidad, el nepotismo, la arrogancia, el
desprecio al prójimo, la ambición personal, la preocupación extrema por
la propia conservación y reproducción), son la causa de la crisis que
acusa el campo de la política en Chile, no constituye explicación
alguna; por el contrario: conduce, inevitablemente, a indagar acerca de
cuáles, entonces, serían verdaderamente los motivos de tales vicios o
prácticas malsanas.
Podemos empezar señalando, aquí, que uno de los rasgos distintivos del
ejercicio de los derechos ciudadanos en Chile está constituido por la
concentración del poder político en pocas manos. Este rasgo está
contemplado en el entramado jurídico de la nación; más exactamente, en
la constitución pinochetista y en la ley sobre elecciones y partidos
políticos: la estructura binominal induce a concentrar la plenitud de
las facultades políticas en determinados estamentos partidarios o
personas. Las prácticas de clase, no obstante, pueden destruir a una
estructura cuando ésta no refleja la voluntad ni el deseo de quienes
participan en ella; pero, para producir tales efectos, se requiere de
una voluntad que no siempre está presente en sociedades cuyo afán, por
hacerse cada vez más competitivas, impulsa a la formación de grandes
consorcios empresariales a objeto de disputar los mercados externos a
otros iguales o superiores. Y es que, para alcanzar dichas metas, tales
formaciones sociales deben alentar la concentración y centralización del
capital. Y puesto que las prácticas políticas son armónicas a las
empresariales, la concentración y centralización de capital conduce a la
concentración y centralización del poder político; consecuentemente, a
la corrupción, a la inmoralidad, a los negocios ilícitos, en fin. Con
mayor razón, esta práctica afecta a partidos políticos jerarquizados,
verticales, en donde la suma del poder radica en una dirigencia que, en
un principio elegida por las bases, comienza ella misma a elegir a sus
bases para prolongarse en el mando. Las transformaciones empresariales a
que obliga la aplicación de una forma de acumular como lo es la
actualmente vigente, altera la ideología de la formación social Las
formas de concentración y centralización de capital terminan, a la
postre, por imponerse como formas de vida.
Las expresiones precedentes han de entenderse como la introducción a un
debate sobre el tema. Porque jamás los fenómenos obedecen a una causa o
razón únicas; además, existen otras que explican lo que sucede no sólo
en la formación social chilena, sino en otras partes del globo
terráqueo.
EL FENÓMENO DEL ABUSO DE PODER NO ABARCA SÓLO A UNA NACIÓN.
No puede suponerse que la crisis que se desata en Chile dentro del campo
de la política (manifestada en una suerte de fragmentación partidaria,
aparición de líderes o personalidades desconocidas o poco conocidas
hasta ese momento y que se elevan por sobre el pináculo de la fama,
emergencia de nuevas fuerzas políticas que arrebatan a otras su
protagonismo, escasa o nula participación ciudadana en los comicios
electorales, desprestigio de la política y de los políticos, etc.) ha
sido ocasionada por simples actos de corrupción u otras trasgresiones a
la moral o a las buenas costumbres, aunque no lleguen a constituir
delitos (arrogancia, soberbia, academicismo enfermizo, nepotismo,
favoritismo, etc.); en suma, por abuso de poder. El fenómeno es más
general. Más exactamente, pareciera tratarse de un acontecimiento
planetario. Y de ninguna manera nuevo; por lo menos, sostenemos aquí que
este fenómeno se viene repitiendo desde principios de la década pasada.
La emergencia de personas desconocidas o poco conocidas en el ámbito de
la prensa o propaganda que, súbitamente, se ven situadas en los más
altos escalafones de la jerarquía social no es un suceso radicado
únicamente dentro de la sociedad chilena; tampoco los fenómenos
anteriormente enumerados. Para quienes hemos pasado parte de nuestra
vida en formaciones sociales ajenas a la chilena no resulta sorprendente
tal circunstancia. El ascenso al cargo de Primer Ministro tanto de
Jörgen Haider como de Anthony (‘Tony’) Blair, en Austria e Inglaterra,
respectivamente, constituyen casos dignos de ser considerados. Es cierto
que tanto el uno como el otro tuvieron tras de sí partidos políticos
que los ayudaron en ese empeño, pero no es menos cierto que ambos fueron
considerados ‘fenómenos’, cuyos votos, una vez efectuado el recuento
correspondiente, superaron con creces cualquier optimista pronóstico.
También lo ha sido Barack Obama, en Estados Unidos, al imponerse sobre
su rival Hillary Clinton, hecho sorprendente, incluso, para quienes
siguieron con atención los pasos de la carrera presidencial
norteamericana. En Chile, lo ha sido Michèle Bachelet, cuya figura se
impuso, de todas maneras, por sobre otras dentro de la propia
Concertación.
La emergencia de personas hasta ese momento desconocidas o poco
conocidas en la arena política y su súbito desplazamiento hacia el
apogeo de la popularidad, es un hecho de frecuente ocurrencia en las
formaciones sociales. Por lo mismo, la participación de actores,
cantantes, deportistas o modelos, en la política, no es algo que deba
sorprender. Pero sí puede serlo la formación de partidos que,
súbitamente, se ven catapultados a los primeros lugares de la aprobación
ciudadana. Las elecciones de candidatos para ocupar los cargos
respectivos dentro del Parlamento Europeo, realizadas en Suecia, hace
algunos años, provocaron estupor cuando un nuevo protagonista, la
‘Junilistan’, partido que se organizó precisamente para oponerse a la
Unión Europea, logró captar para sí un 14% de la votación, obteniendo 3
escaños dentro de aquel cuerpo colegiado. Y, en los comicios del año en
curso (en junio recién pasado), una nueva organización, el ‘Piratparti’,
creado para oponerse a la dictación de una ley sueca, que autoriza al
Consejo de Radio de la Defensa Nacional (FRA) controlar los computadores
privados para impedir que se baje música de la red, obtuvo un 7% de la
votación, y un escaño en el Parlamento Europeo.
La corrupción, el desfalco de fondos que pertenecen a la comunidad
nacional, el nepotismo, son actos que cometen a diario quienes se
encuentran en la cúspide de la pirámide jerárquica de la nación en la
generalidad de las formaciones sociales del planeta. Por lo menos, hoy.
Uno de los más recientes ha sido el escándalo del pasado mes de junio
protagonizado por los políticos ingleses; hasta el momento, se ha dicho
que abarca a más de 50 personas y ha provocado la renuncia de seis
ministros del gobierno de Gordon Brown. Por su parte, los parlamentarios
suecos, en el mes de junio recién pasado, han aprobado una ley que
reajusta generosamente sus pensiones a la vez que disminuye las del
sujeto corriente, el personaje de la calle, el jubilado sueco. En el
mismo mes, los parlamentarios europeos decidieron reajustar sus
remuneraciones por sobre los diez mil euros mensuales (€10.000). En este
orden sucesivo de irregularidades, el Parlamento de una de las
repúblicas bálticas, y como una medida efectiva para enfrentar la crisis
económica que afecta a la nación, aprobó una rebaja general de sueldos
de un 20%, en tanto procedió a aumentar el monto de las remuneraciones
de todos sus miembros.
El afán academicista enfermizo también está presente en la arena
política como consecuencia de la aplicación irrestricta de la
competencia para acceder a determinadas funciones. Y los políticos, para
cumplir con los requisitos que, a menudo, se imponen ellos mismos en su
malsano deseo de demostrar excelencia, recurren a engaños y otras
acciones de dudoso contenido moral. El primer ministro sueco Göran
Persson, durante su último gobierno, elevó a la categoría de Universidad
al Colegio donde cursó sus estudios; la flamante nueva Universidad, en
agradecimiento, le otorgó el título de ‘Doctor Honoris Causa’, título
que le permitió sentarse con dignidad junto a otras personalidades
académicas. En Chile, el falseamiento de los títulos académicos ha sido
una verdadera constante desde que un sujeto (José Joaquín Brunner, entre
muchos otros que, incluso, no han vacilado en tomar la dirección de
ciertos institutos superiores), que jamás ha pasado por Universidad
alguna y, sin embargo, preside una organización académica superior,
luchara por instaurar tal exigencia en las alturas del gobierno. No
parece necesario entregar ejemplos, al respecto, que son de sobra
conocidos.
INTENTANDO UNA VISIÓN MÁS GENERAL DEL FENÓMENO
A nuestro entender, los sucesos anteriormente descritos se pueden
resumir en una sola sentencia: crisis tanto de instituciones públicas
como de la representación política; este fenómeno puede, a su vez,
enmarcarse en otros hechos. Nos explicamos.
En anteriores trabajos hemos insistido acerca de una nueva fase que
atraviesa el sistema capitalista mundial (SKM) a partir de fines de la
década de los 80 y principios de la de los 90, que hemos denominado ‘de
expansión’. Las fases propias de la evolución de un sistema social se
encuentran íntimamente ligadas al desarrollo que experimentan las
fuerzas productivas (FP). No ocurre lo mismo con las relaciones de
producción (RP) que, al contrario de aquellas, deben ir,
permanentemente, adaptándose a ese desarrollo. De ahí los momentos de
inestabilidad, de convulsión y de crisis que, cada cierto tiempo,
experimentan los sistemas, pues estos fenómenos se extienden por el
tiempo que requiere la reconstrucción de la correspondencia que debe
existir entre ambos componentes. Nosotros estimamos que esta nueva fase o
longitud temporal, cuyo nombre pretende poner de manifiesto el auge sin
precedentes experimentado por el SKM y su imperio sin contrapeso en
todos los rincones del planeta, se ha realizado sobre la base del empleo
exhaustivo de dos extraordinarios instrumentos de trabajo incorporados
al funcionamiento de la moderna sociedad, a saber, el ordenador o
computador(a) e Internet. El uso de estos nuevos instrumentos ha
producido trascendentales efectos en las tres regiones del modo de
producción.
En lo económico, sostenemos que esta nueva fase se caracteriza por la
adopción de una nueva forma de acumular basada en el libre juego de la
oferta y la demanda, en el imperio irrestricto de la competencia y del
mercado, en el amplio y sostenido flujo dinerario a lo largo y ancho del
planeta, en el establecimiento y desarrollo de empresas gigantescas
capaces de afrontar las luchas a muerte por el control del mercado
mundial, en la abolición de las formas cooperativas, el control de la
emisión monetaria y del interés como únicos reguladores de la actividad
económica, etc. Esta forma de acumular ha sido denominada
indistintamente ‘monetarismo’, ‘economía social de mercado’,
‘neoliberalismo’ o ‘consenso de Washington’.
En lo jurídico/político, la nueva fase que comienza a recorrer el SKM se
caracteriza por la desaparición de la hegemonía planetaria compartida
(bilateral) y por el inicio de una hegemonía planetaria exclusiva
(unilateral) ejercida por un súper poder encarnado en Estado Unidos, a
cuya zaga marchan, unidos, Europa y Japón. En esta fase comienzan a
aparecer los llamados ‘estados multinacionales’ y algunas monedas únicas
regionales.
Finalmente, en lo ideológico, la competencia se impone como forma de
vida junto al individualismo, al consumismo y a un profundo desprecio
hacia las formas de organización aplastadas por el impetuoso desarrollo
del SKM, entendidas por tales el ‘sovietismo’ (para diferenciarlo del
comunismo), el castrismo (vigente en Cuba) y las experiencias
socialdemócratas basadas en las ideas de John Maynard Keynes que dieron
origen a una forma de estado conocida bajo el nombre de ‘estado de
bienestar’.
Cuando un sistema transita de una fase a otra, necesariamente ha de
hacerlo a través de un umbral de inestabilidad. Las fases constituyen
sus períodos de estabilidad; la transición es inestabilidad, desorden,
caos. Las sociedades, que también son sistemas, experimentan idénticas
transformaciones. Y puesto que se organizan en función de modos de
producción, la inestabilidad se manifiesta durante el período en que las
relaciones de producción comienzan a adaptarse de manera paulatina al
desarrollo ya experimentado por las fuerzas productivas. Si así no lo
hicieran, devendrían en inservibles, en trabas impuestas al avance del
progreso y chocarían violentamente con éste, abriéndose así ‘una época
de revolución social’. Las formas de organización que, en otras épocas y
circunstancias, se mostraron eficaces para resolver los problemas de la
marcha de la sociedad, se tornan ineficaces y entran en crisis
haciéndose necesario reemplazarlas por otras. Una sociedad, no obstante,
está formada por clases y fracciones de clases sociales antagónicas;
dentro de aquellas, unas dominan a las demás. Las transformaciones,
entonces, se hacen cuidando que la crisis no agote o ponga fin a la
dominación. El paradigma que, hasta ese momento, había imperado comienza
ineludiblemente a derrumbarse para ser sustituido por otro.
Las clase sociales no reaccionan de la misma manera, aunque interactúen
entre sí influyéndose recíprocamente. Los sectores dominantes lo hacen
de una forma específica, diferente a la de los sectores dominados, que
adoptan otra. Los primeros son sorprendentemente revolucionarios, en
tanto los segundos asumen comportamientos profundamente conservadores.
Esta dicotomía, aparentemente ilógica, es, por el contrario, enteramente
natural: las clases y fracciones de clase dominantes, puesto que son
tales y viven de lo que otras producen para ellas, arriesgan todo lo que
poseen por el simple deseo de tener más o adoptar un mejor modo de
vida; y ello sucede porque lo que tienen nada les cuesta y siempre
pueden volver a recuperarlo. No ocurre lo mismo con las clases dominadas
que, en razón de su calidad, son incapaces de arriesgar lo que tras
largas y agobiadoras jornadas de lucha han logrado adquirir, pues saben
que, de perderlo, no lo recuperarán jamás.
Las clases dominantes son, pues, quienes provocan los grandes cambios.
No vacilan en incorporar los adelantos tecnológicos a sus empresas,
adoptan nuevos modos de vida, se desprenden de lo que les resulta
molesto, cambian estructuras sociales, reforman instituciones, crean
otras nuevas o suprimen las ya existentes, en fin. Sin embargo, el
derecho a la propiedad, inalienable y sagrado, que reclaman para sí les
resulta una traba, pues éste se expresa solamente en el área
jurídico/política del modo de producción (MP) y las reformas a ese
derecho constituyen un dolor de cabeza para ellas. En dicho campo, las
transformaciones van a la zaga de los acontecimientos. Es que el derecho
de propiedad, expresado en una forma jurídica, no constituye sino el
núcleo de las relaciones de producción que, constantemente y por lo
mismo, se ven sobrepasadas por el desarrollo incesante de las fuerzas
productivas.
Las fuerzas productivas, por el contrario, son ágiles; se desarrollan
junto a la producción y al comercio. Llegan, por consiguiente, a los
usuarios, en calidad de mercancía, antes que una norma jurídica prevenga
acerca de su uso, goce o disposición. Entonces, los hábitos de la
población se ven, de pronto, alterados; formas de relaciones humanas,
que antes no existían, hacen su ingreso triunfal alterando, también, el
comportamiento del conjunto social. La computadora, que hizo posible la
Red Internet, proporciona el correo electrónico, las hojas ‘blog’, las
páginas informativas, las transferencias de dinero, la inmediata
transmisión de la comunicación. A ese artilugio mágico se une el
‘scanner’, que proporciona la propagación de copias originales de
documentos, fotografías u otros objetos susceptibles de ‘escudriñar’
(‘to scan’); el teléfono móvil, que permite la comunicación verbal,
escrita (MSN, SMS, etc.) y de imágenes; finalmente, el USB o ‘pendrive’,
que supera a los discos compactos (CD), pues acumula música,
conferencias, pruebas testimoniales e, incluso, puede transportar hasta
una biblioteca digitalizada.
UNA NUEVA SOCIEDAD PARALELA A LA ACTUAL
Los adelantos tecnológicos que se empiezan a emplear en la vida diaria
transforman los modos de comportamiento social, sin lugar a dudas; pero
ha de pasar un tiempo bastante largo antes que todo ello se traduzca en
una regulación jurídico/política total que reemplace a la vigente.
Entretanto, las organizaciones sociales comienzan a descubrir que no
necesitan ya de los periódicos, radioemisoras ni canales de TV para
comunicarse entre sí, para formular sus denuncias y relacionar a sus
miembros. Formas de comunicación originadas en la simple manipulación de
impulsos magnéticos, debidamente digitalizados, dan paso a nuevos modos
de organización uniendo a los seres humanos a lo largo y ancho del
planeta. En tanto, los que todo poseen, quienes deben cuidar que sus
intereses sean protegidos por el entramado jurídico, ensayan formas de
regulación a fin de preservar la propiedad de sus bienes y pertenencias
bajo las nuevas condiciones que imponen los adelantos tecnológicos; la
sociedad cambia, se transforma. Las instituciones vigentes, simplemente,
se tornan incapaces de dar solución a problemas que antes sí podían
resolver, y en todas partes comienza a hablarse de la necesidad de
‘modernizar al estado’; pero son pocos quienes conocen, realmente, el
contenido de tales expresiones. Entonces, la denuncia arrecia. Los
teléfonos móviles graban los sucesos del día, las conversaciones, los
asaltos, el drama del ser humano corriente, el hambre, la miseria, la
injusticia, la brutalidad policial. Un simple impulso magnético coloca
estas denuncias en sitios de Internet como ‘Youtube’, ‘Facebook’,
‘Netlog’, entre otros; los correos electrónicos dando cuenta del abuso y
corrupción de los ‘señores políticos’ van de un lado a otro,
propagándose en forma exponencial y haciendo público lo que permanecía
oculto. Pero eso conlleva un precio que es necesario pagar: la denuncia
robustece el alma del acusado, le hace reaccionar con dureza y altivez
pues se siente atacado en su forma de ser y proceder. Dentro de una
sociedad vertical, basada en la predación y la competencia, la queja
eleva la popularidad. Mientras más denuncias hay contra ciertas y
determinadas personas, más populares se sienten las mismas. Y se tornan
desafiantes, soberbias, altivas, despectivas; la desfachatez impera.
Como saben que están siendo observadas actúan, entonces, abiertamente,
reivindicando su discutible mejor derecho a cometer excesos y acceder a
privilegios a los cuales ―alegan, con descaro― son ‘merecedoras’.
No constituye, por consiguiente, novedad alguna que los partidos
políticos entren en crisis y se propaguen las arbitrariedades de sus
dirigentes, contribuyendo más aún al desplome de las instituciones
públicas y privadas: el cambio y la conservación están enfrentados
irremediablemente en la sociedad de hoy. Las organizaciones políticas,
que en determinados momentos parecieron instrumentos adecuados para
responder a los requerimientos sociales, se ven, de súbito, sobrepasadas
por los acontecimientos y al no dar oportuna respuesta a aquellos,
generan un agudo sentimiento de frustración.
En una sociedad como la chilena, donde la predación ―escudada tras la
competencia― se erige en el carácter de la más excelsa forma de vida,
las tendencias cooperativas constituyen una forma de defensa para los
sectores populares frente a las competitivas impuestas por la
verticalidad de la formación social. Así, pues, mientras ven limitarse,
día a día, el ejercicio de derechos que creían inalienables, mientras
constatan con asombro el despojo de las arcas estatales a manos de los
‘elegidos’, mientras contemplan la crisis en expansión de la
institucionalidad vigente, reaccionan agrupándose en diferentes tipos de
estructuras.
Algunos, cierto es, se hacen delincuentes en virtud del axioma aquel
según el cual si los que están en la cima de la nación tocan el violín,
nada queda a los de abajo por hacer sino ponerse a bailar. Otros, más
religiosos, se recogen en las cofradías o, simplemente, depositan su
confianza en líderes o personalidades del mundo del espectáculo o
empresarial, esperando de ellos una solución a los problemas de las
grandes mayorías nacionales que jamás llegará. Los más ‘políticos’
desenpolvarán los libros de Lenin, Trotsky, Mao o el Che para comenzar a
reorganizar ‘el partido de cuadros’, el partido militar o ‘de
revolucionarios profesionales’, sin importarles que tales formas de
organización se emplearon con mayor o menor éxito en otras épocas y en
otros lugares del mundo, bajo diferentes circunstancias y personajes.
Finalmente, vastos contingentes humanos comenzarán a discutir los
problemas para buscar una solución conjunta a todos ellos. Los ‘foros’
mundiales, que se organizan cada cierto tiempo en distintas localidades
del orbe, las asambleas populares, los grupos de estudio, las
organizaciones sociales horizontales, desprovistas de líderes o
dirigentes, las organizaciones reticulares que imitan formas de
estructura similares a las que operan en la Red Internet, con infinidad
de rostros, domicilios, portales en la misma, que aparecen y
desaparecen, que burlan a quienes pretenden cercarlas y que luchan por
la abolición definitiva del derecho de propiedad intelectual, son una
expresión de esa nueva forma de enfrentar los desafíos de la nueva
sociedad. La lucha por la recuperación del patrimonio universal de la
humanidad, de la literatura, de la música, de la pintura, del saber,
expropiados a sus propios creadores por las empresas encargadas de
recolectar los derechos de autor, permite a gran número de personas
concebir formas sorprendentes de organización. Genera, en consecuencia,
nuevas expectativas. Y nuevas ideas. Las recetas de tipo reticular y
cooperativo se multiplican. Y a las formas competitivas que imperan,
comienzan a oponerse las de colaboración y solidaridad social. Ya no
interesan las direcciones políticas ni la verticalidad del mando; no
interesa, siquiera, el mando. Las organizaciones reticulares,
interconectadas entre sí, sin dirección, sin verticalidad, horizontales,
acéfalas, con decisión propia, sin representantes eternizados, amplias,
extensas, inmensamente tolerantes, comienzan a abrirse paso. No es
casualidad que se imponga, poco a poco, hoy en día, un nuevo paradigma
de carácter biológico en donde el ser humano, aparece concebido como
parte de la naturaleza (y no ésta como propiedad suya), como un
organismo vivo inmerso en ella al igual que todos los demás. La
propiedad pasa, de esa manera, a constituir un ‘pignus’, una prenda,
algo que se recibe en calidad de préstamo y que, a la larga, se hace
necesario devolver. Por eso, no es casualidad, tampoco, que aparezcan
‘foros’ alternativos a las cumbres de Davos, Bilderberg, la Comisión
Trilateral, el Grupo de los 7 (u 8), el Grupo de los 24, en fin. Esta
marcha silenciosa hacia nuevas formas de organización social es tan
manifiesta que los sectores dominantes, los primeros en advertir los
cambios, han empezado ya a estudiar cómo enfrentar esta nueva sociedad
que se construye de manera reticular, y que parece ganar cada vez más
adeptos. Ejemplo de ello es el libro ‘La araña y la estrella de mar’, de
Ori Brasman y Rob A. Beckstrom, publicado hace poco más de un año en
España, referido a la expansión del fenómeno en comento, pero desde el
punto de vista empresarial.
Así, pues, la crisis política que afecta a Chile no es más que la
expresión localizada y focalizada de una crisis aún mayor, de carácter
global, ocasionada por el propio SKM al traspasar el umbral que lo
conduce de una fase a otra en su evolución. Es la crisis que experimenta
todo sistema colocado en una situación similar. Es el borde del caos,
la línea divisoria que marca el paso de un estado estable a otro de la
misma naturaleza, la línea de la inestabilidad, del desorden. Si
utilizamos los conceptos de Ilya Prigogine, diríamos que, ya lejos del
equilibrio, estaríamos situándonos en ‘zonas de quiralidad opuesta’.
BARAJANDO SÓLO POSIBILIDADES.
Miradas así las circunstancias, las elecciones de diciembre próximo en
Chile tienen escasa o nula significación política para las clases
dominadas. Porque, en primer lugar, se enmarcan en la crisis global que
conmueve al SKM, tal cual se ha expresado. Pero son, aún, menos
relevantes, en segundo término, pues se desarrollan y tienen lugar
dentro de los avaros marcos establecidos por el sistema mismo; y, en
tercer lugar, porque en esos marcos aparece, pero solamente en la
calidad de ‘tercero excluido’, el movimiento popular. Demás está
preguntarse de si acaso los posibles o eventuales candidatos, de salir
elegidos, van a contribuir a resolver los graves problemas que afectan a
las clases dominadas. A pesar de ello, permítasenos incursionar en el
movedizo campo de las probabilidades.
De todos los candidatos que se presentan para disputarse el sillón
presidencial, dos aparecen con las mayores posibilidades de lograrlo y
ellos son Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Sebastián Piñera Echenique,
candidatos de las coaliciones oficialista y opositora, respectivamente.
Los demás no saldrán electos, con la excepción de Marco Enríquez-Ominami
Gumucio que sí puede disputar su lugar a Frei y dar una sorpresa, lo
que también es poco probable. Si las mayorías relativas obtenidas tras
las elecciones son para Frei y Piñera, lo lógico es que la generalidad
de los candidatos díscolos de la Concertación, ante un eventual triunfo
del abanderado de la Alianza por Chile, en una no menos eventual segunda
vuelta, corran, aterrados, a dar su apoyo irrestricto al abanderado de
su antigua colectividad. No hay que olvidar el carácter de clase del
gobierno de la Concertación: al representar espuriamente los intereses
del Bloque en el Poder, su base social, repartida entre aquella que se
apodera de los cargos de significación (clase reinante), de los empleos
mejor remunerados (clase mantenedora) o de las ayudas que provienen de
los organismos estatales (clase apoyo), como la CUT, las ONG, y las
Fundaciones o Centros de Estudio de los partidos políticos, más que
preocuparse de resolver los problemas de las grandes mayorías
nacionales, se ve obligada a defender lo que ha logrado, para sí y los
suyos, con su adscripción a la estructura estatal. Representa, por
consiguiente, y en conjunto, el interés del gran capital Y puesto que
sus integrantes no provienen de familias poseedoras de grandes fortunas
nacionales, representa ‘espuriamente’ a esos estamentos, a diferencia de
los representantes de la Alianza que lo hacen ‘naturalmente’.
Puede suceder, aunque parece imposible, que Marco Enríquez-Ominami
supere a Frei y que la militancia DC se niegue a votar por él en una
segunda vuelta. En ese caso, el triunfo de Piñera sería absoluto. Pero
Piñera también gana si, en la primera vuelta, logra una mayoría
absoluta, lo que parece muy improbable; puede, también, ganar si su
contendor es Frei, en la segunda vuelta, y la militancia díscola de los
partidos de la Concertación se niegan a votar por el candidato demócrata
cristiano, lo que también es poco probable. El análisis de todos estos
escenarios permite concluir que, al parecer, el candidato más seguro a
acceder al sillón presidencial sería Eduardo Frei.
¿Y qué pasa si, de todas maneras, gana Piñera? Si lo hace respaldado por
una mayoría considerable, gobernará sin impedimentos en nombre del gran
capital e, incluso, se puede permitir y hasta tolerar dentro de su
‘staff’ gubernamental ciertas prácticas inmorales no diferentes a las
que ha cometido la Concertación y que no puedan ser catalogadas como
delitos al no encontrarse suficientemente acreditadas como tales. En un
eventual gobierno de Piñera, no será difícil determinar si esta práctica
va a imponerse o no: el eje girará en torno al manejo del Consejo de
Defensa del Estado. Si el Poder Ejecutivo determina no abrir juicios en
contra los personeros de la Concertación, por las prácticas inmorales
cometidas durante sus respectivos desempeños en los cargos fiscales, tal
decisión constituirá signo inequívoco que el flamante nuevo primer
mandatario también las tolerará en su Gobierno.
Pero hay otras tareas que, igualmente, puede realizar Piñera para el
caso que su mayoría sea tan sólo la misma que han tenido los gobiernos
de la Concertación. Para eso es necesario recordar que la misión
principal del candidato de la Alianza por Chile no sólo es ganar las
elecciones de diciembre próximo sino, a través de su gestión, lograr un
nuevo gobierno para esa coalición en los años sucesivos. Por eso, no
sería extraño que durante su eventual gobierno incorporara la
proposición de establecer un sueldo mínimo ético de $ 250.000 para todos
los chilenos, con lo que se ganaría a gran parte de la población
asalariada y establecería inmejorables vínculos con la Iglesia,
institución que ha abogado incesantemente por una medida de esa
naturaleza sin encontrar el apoyo de la Concertación. Podría incorporar,
igualmente, otra medida de mejoramiento para los jubilados y suprimir
el 7% de impuesto a favor de FONASA ─medida que tampoco la Concertación
ha querido llevar a cabo─, atendiendo al hecho que, de acuerdo con la
ley, toda persona de más de 60 años tiene derecho a atención médica
gratuita en Chile, por lo que el impuesto no tiene justificación alguna;
todos los jubilados sobrepasan esa edad. Y finalmente, restaurar
algunas de las transferencias y reguladores automáticos del mercado
interno, entre otros el seguro de cesantía, perfeccionamiento de los
trabajadores cesantes, en fin.
¿Y los sectores populares?
Uno de los más graves errores cometidos por la generalidad de las
organizaciones populares más radicalizadas, y quienes participan en
ellas, ha sido establecer un abismo entre lo que es la directa
participación de todos ellos en las instituciones estatales (situación
que los convertiría en cómplices de su propia explotación) y el simple
empleo de determinados instrumentos que la misma ley entrega a los
ciudadanos para ejercer sus derechos, en determinadas y específicas
circunstancias. Si bien es cierto que en los comicios electorales la
generalidad de las candidaturas representan la reiteración de la
vigencia de de un sistema que solamente ha servido para explotar
sistemáticamente a la masa laboral chilena, no es menos cierto que los
procesos electorales, en determinadas circunstancias, pueden llegar a
constituir momentos estelares dentro de un período sostenido de lucha de
clases. Pueden, por consiguiente, emplearse como una manera de
fortalecer los movimientos populares e, incluso, permitir el inicio de
transformaciones que beneficien a la mayoría de la población. No hay que
olvidar un hecho notable: la Unidad Popular (UP) fue la culminación de
una serie de experiencias basadas en la tradición histórica de los
movimientos sociales en Chile que indicaban la necesidad de no desdeñar
la contienda electoral por cuestiones de principios cuando ella, en
determinadas circunstancias, se encuentra en condiciones de prestar un
servicio de insospechadas repercusiones. De no ofrecerse posibilidad
alguna para los sectores populares en cuanto a participar en el control
de la sociedad puede suceder ―y este es otro posible escenario― que la
tendencia acusada, por el potencial electorado, a marginarse del proceso
político se acentúe, y que se aparten de las justas electorales cada
vez mayores contingentes de grupos humanos, convencidos de su nula
potencialidad ciudadana.
Si hoy en día los sectores populares no han sido considerados en la
contienda electoral de diciembre próximo, no debería ocurrir así para
las próximas. Pero eso sólo lo determinará el grado de avance en
organización de los sectores encargados de llevar a cabo las grandes
transformaciones sociales que el país necesita.
Quod era demandorum.
Estocolmo, julio de 2009
|
Publicado
el : |2009-07-03| 
